Medidas firmes de los Emiratos contra las redes de financiación de Hezbolá.. y el Qard al-Hasan en el punto de mira

Los Emiratos Árabes Unidos intensificaron sus medidas relacionadas con la lucha contra la financiación del terrorismo, después de incluir a 21 individuos y 5 entidades en la lista local de terrorismo, debido a su vinculación con Hezbolá, basándose en la resolución número 63 del año 2026 emitida por el Consejo de Ministros emiratí sobre la aprobación de la lista de personas y organizaciones terroristas.

Los Emiratos confirmaron que el paso se enmarca dentro de la cooperación internacional y regional destinada a enfrentar las redes de financiación del terrorismo y paralizar sus actividades, ya sea directa o indirectamente, enfatizando su compromiso de continuar persiguiendo las fuentes de financiación sospechosas y reforzar la seguridad y estabilidad de la región.

Según la resolución, las autoridades competentes y de supervisión deben tomar las medidas legales contra los individuos y entidades incluidas, lo que incluye monitorear cualquier relación o transacción financiera y comercial vinculada a ellos, y trabajar para congelar activos y cuentas en menos de 24 horas.

La lista de individuos incluyó a 16 personas, todas de nacionalidad libanesa, mientras que la lista de entidades incluyó cinco instituciones con sede en Líbano, las más destacadas de las cuales son la Asociación de la Fundación Qard al-Hasan, junto con "Bayt Mal al-Muslimin", "Compañía de Facilidades S.A.L.", "Los Auditores para Contabilidad y Auditoría" y "Los Expertos para Contabilidad, Auditoría y Estudios".

Paralelamente a la decisión emiratí, fuentes oficiales informaron al canal "Al-Hadath" que el Ministerio del Interior libanés se abstuvo de otorgar a "Qard al-Hasan" la declaración anual para el año 2026, considerando que su estatus legal "no es correcto", mientras se prepara una acción judicial libanesa inminente para auditar las actividades de la institución.

Este desarrollo se produce en medio de crecientes presiones internacionales relacionadas con los expedientes de financiación de Hezbolá y un endurecimiento cada vez mayor en la supervisión de las redes financieras y económicas vinculadas a organizaciones clasificadas como terroristas en varios países.