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El Ministerio Público ecuatoriano acusó oficialmente a siete individuos, entre ellos un exministro del Interior y un empresario radicado en EE.UU., por su presunta participación como autores mediatos en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido once días antes de las elecciones de 2023.

El Ministerio Público de Ecuador presentó formalmente cargos contra siete personas el sábado, al considerarlas autoras mediatas del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado en 2023. La víctima, reconocida por su labor periodística de investigación y su persecución de casos de corrupción, murió tras recibir disparos once días antes de la jornada electoral presidencial de ese año, cuando ocupaba el segundo lugar en las encuestas de intención de voto.
Según la acusación, los imputados incluyen al exministro del Interior José Serrano, al exdiputado Ronny Alejiga y al empresario Javier Jordán, quien reside actualmente en Estados Unidos. También figuran cuatro personas vinculadas con la organización criminal conocida como Los Lobos (Los Lobos), entre ellas su líder, Wilmer Chavarria, apodado “Pepo”. El Ministerio Público señaló en su cuenta oficial de X que los siete fueron acusados “como autores mediatos” del homicidio.
La fiscal general Ana Hidalgo afirmó que Jordán financió y diseñó la operación asesina. Serrano, quien ejerció su cargo durante la administración del expresidente Rafael Correa, habría facilitado a Los Lobos información sobre los desplazamientos y ubicación de Villavicencio. Alejiga, beneficiario de asilo político en Venezuela, supuestamente coordinó “los movimientos necesarios para la ejecución del crimen”. Por su parte, Chavarria habría asumido la planificación operativa del asesinato a cambio de un pago de un millón de dólares, mientras se encuentra sujeto a un proceso de extradición desde España hacia Ecuador.
Villavicencio había denunciado públicamente, antes de su muerte, amenazas provenientes de organizaciones criminales. Cinco personas adicionales ya fueron sentenciadas por su relación con el crimen: algunas penas alcanzaron los 34 años de prisión. El presunto ejecutor material, quien abrió fuego contra el candidato, murió en el acto por disparos de los escoltas de Villavicencio. Seis sospechosos más fallecieron posteriormente dentro de una cárcel ecuatoriana.
El crimen ocurrió en uno de los principales feudos de la organización Los Choneros, donde también fue asesinada una fiscal general.



