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El presidente colombiano Ábelardo de la Espriella envió tropas a Santa Marta tras una oleada de violencia de una agrupación armada que incendió vehículos y atacó comercios, tras la muerte de 13 de sus miembros en una operación oficial.

El presidente colombiano Ábelardo de la Espriella ordenó el despliegue de unidades del ejército en la ciudad caribeña de Santa Marta el martes, tras una escalada de violencia atribuida a una organización armada. Los hechos incluyeron ataques contra establecimientos comerciales y la quema de vehículos en distintos puntos de la urbe costera.
Grabaciones difundidas en redes sociales mostraron a hombres armados recorriendo las calles de Santa Marta en motocicletas, disparando contra tiendas abiertas, incendiando camiones y bloqueando vías públicas. La ciudad, ubicada en el norte del país, quedó bajo una tensión visible durante las primeras horas de la mañana, con zonas amplias prácticamente desiertas y rumores generalizados sobre órdenes de confinamiento emitidas por la propia agrupación.
Estos actos ocurrieron poco después de que el mandatario anunciara la muerte de trece integrantes de una estructura que se autodenomina “Fuerzas de Autodefensa Abiertas de la Sierra Nevada”, grupo que controla rutas clave del tráfico de cocaína. En un comunicado grabado, De la Espriella confirmó: “He ordenado el despliegue del ejército en Santa Marta”.
El jefe de Estado afirmó que los responsables de los ataques “pretenden incendiar una gran parte de la región caribeña” como represalia por la operación militar previa. Además, advirtió que “quien no se rinda será eliminado”. Las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia en los principales centros comerciales de la ciudad, según indicó un portavoz policial a la agencia France-Presse.
Unidades militares fueron también desplegadas en la carretera nacional que conecta Santa Marta con el departamento de La Guajira, en la frontera con Venezuela, zona donde opera la misma organización armada. De la Espriella, millonario con respaldo estadounidense, asumió la presidencia en agosto del año pasado y desde entonces ha prometido una política de mano dura contra las múltiples organizaciones dedicadas al narcotráfico en Colombia.



