Costa inicia gira para salvar marco financiero europeo 2028–2034

Aníbal Costa, presidente del Consejo Europeo, inició el 25 de agosto una gira por las capitales de los Estados miembros de la Unión Europea. Su objetivo es superar las profundas divergencias entre los veintisiete países sobre el marco financiero plurianual para el período 2028–2034. La gira se extenderá hasta el 17 de septiembre, en un momento crítico de las negociaciones, cuando queda poco tiempo para alcanzar un acuerdo antes de que finalice el año.

El reto del marco financiero 2028–2034

Según informó Euronews, la misión de Costa consiste en construir una imagen coherente de las posiciones nacionales y evaluar su disposición a ceder en puntos clave, con miras a sellar un acuerdo definitivo en diciembre. El desacuerdo no se limita al monto total de la futura dotación presupuestaria, propuesta por la Comisión Europea en torno a dos billones de euros —la más alta de la historia de la UE—, sino que abarca también las prioridades estratégicas que dicha cifra deberá financiar: desde la política agrícola común y la política de cohesión hasta la defensa, la tecnología, el clima, la transición verde y el apoyo a Ucrania.

El “triple bloqueo” en las negociaciones

Las conversaciones giran en torno a lo que funcionarios europeos han calificado como un “triple bloqueo”: el volumen global del presupuesto, el nivel de contribuciones nacionales y la introducción de nuevas fuentes de ingresos propios, como impuestos y tasas europeas. Según Le Figaro, estos tres elementos están estrechamente vinculados: reducir las aportaciones nacionales exige, en muchos casos, consensuar nuevos recursos financieros comunes. Financial Times destacó que los Estados miembros discrepan tanto sobre el nivel de gasto requerido como sobre cómo financiar las nuevas prioridades, bajo creciente presión sobre sus presupuestos nacionales.

La postura alemana y el frente de los “ahorradores”

Alemania lidera el grupo conocido como “el frente de los ahorradores”, integrado por otros Estados miembros ricos, y exige una reducción sustancial del volumen global del presupuesto. Una documentación gubernamental alemana citada por Reuters indica que Berlín reclama una rebaja de hasta 400.000 millones de euros respecto a la propuesta de la Comisión, calificando la versión actual como “inaceptable”. El canciller alemán Friedrich Merz, según Euronews, considera esas reducciones imprescindibles, independientemente del resultado de las discusiones sobre los nuevos ingresos propios. Su postura refleja preocupaciones por el aumento de las contribuciones netas en un contexto de presión fiscal doméstica, así como una voluntad de redirigir el gasto hacia defensa, tecnología, competitividad y cadenas de suministro.

Los “amigos de la cohesión” y la defensa de la agricultura

Frente a esta posición, Francia, Italia, España y otros Estados miembros conforman el bloque denominado “amigos de la cohesión”, que busca proteger los fondos destinados a la política agrícola común y a la política de cohesión. En un comunicado conjunto firmado por dieciséis países y publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, el grupo advirtió que, pese al incremento nominal del presupuesto general, la agricultura, la cohesión y la pesca experimentarían recortes reales en términos de poder adquisitivo. Además, rechazaron que la fusión de fondos en planes nacionales y regionales debilite el papel de las regiones o someta el financiamiento a condiciones centralizadas más estrictas impuestas por la Comisión Europea, según reportó Euronews.

Presiones sobre programas clave y reconfiguración estructural

Si no se aprueban nuevos ingresos propios, la competencia por los recursos disponibles podría afectar severamente varios programas fundamentales: la política agrícola común, los fondos de cohesión, la financiación verde y la ayuda exterior al desarrollo. El Instituto IDDRI señala que las negociaciones avanzan hacia la integración de políticas tradicionales —como la agrícola y la de cohesión— dentro de planes más flexibles, mientras se crea un nuevo fondo de competitividad que incluiría defensa, digitalización, salud y transición ecológica. El instituto advierte también que el programa Global Europe, cuya dotación propone la Comisión en aproximadamente 200.000 millones de euros, corre el riesgo de convertirse en un instrumento genérico para cubrir prioridades contradictorias: desde desarrollo y comercio hasta migración y seguridad.

Disputas internas en el fondo de competitividad

Dentro del propio fondo de competitividad, persiste una fractura: Francia, Alemania y los Países Bajos favorecen un modelo centrado en el “excelencia” y la innovación, mientras que Polonia, Rumanía y otros Estados miembros exigen una distribución que tenga en cuenta su ubicación geográfica y su nivel de desarrollo. La Comisión Europea ha propuesto varias fuentes de ingresos nuevos, entre ellas los ingresos del mercado de carbono, el mecanismo de ajuste de carbono en la frontera, y tasas sobre grandes empresas, servicios digitales y ciertos productos. El Parlamento Europeo ha añadido opciones adicionales. Euronews informa que diplomáticos europeos reconocen que una combinación de nuevos impuestos podría ser indispensable para financiar defensa, tecnología, adaptación climática y apoyo a Ucrania, especialmente tras el vencimiento de un préstamo europeo de 90.000 millones de euros.

El calendario político y la amenaza de las elecciones

La Presidencia irlandesa de la UE preparará una propuesta revisada para octubre, previa a su debate en una cumbre europea. Financial Times indica que se está evaluando la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno a finales de noviembre, antes de la cumbre de diciembre que podría constituir el momento decisivo. Antonio Costa ha advertido que posponer el acuerdo hasta 2027 implicaría que las elecciones nacionales en Francia, Italia, Polonia y España se conviertan directamente en parte de las negociaciones, lo que complicaría aún más alcanzar una solución. Bruselas, según Yoractiv, aspira a cerrar el acuerdo antes de que finalice este año para disponer del tiempo necesario para completar todos los trámites legales y administrativos previos a la entrada en vigor del nuevo marco financiero en 2028.