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Tuesday, 20 October 2026dailybeirut.com
Mundo
Las autoridades federales arrestaron a 11 personas en California bajo sospecha de registro fraudulento para votar, en el marco de una campaña contra el fraude electoral impulsada por la administración Trump.
Las autoridades federaales estadounidenses detuvieron el lunes a 11 personas en todo el estado de California, acusadas de incluir el registro fraudulento para votar en las elecciones estadounidenses, dentro de una campaña que la administración del presidente Donald Trump afirma tiene como objetivo combatir el fraude electoral, según informó Bloomberg.
Los detenidos forman parte de un grupo de 28 titulares de tarjetas verdes (residencia permanente legal) a quienes se les han imputado diversos delitos relacionados con la votación, en el marco de los esfuerzos coordinados del gobierno federal en California "para combatir y erradicar el fraude en las elecciones estadounidenses", según un comunicado emitido por Bilal Essaili, fiscal adjunto interino de EE. UU. en Los Ángeles.
Los acusados proceden de varios países, entre ellos México, Belice, India, Georgia, Tonga y Filipinas. Las autoridades estadounidenses afirman que muchos de ellos votaron ilegalmente en varias elecciones.
Estos arrestos se producen en medio de un enfrentamiento más amplio entre la administración Trump y altos funcionarios electos de California sobre la precisión de los padrones electorales del estado, el más poblado de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó la semana pasada una demanda contra California, acusando al estado de negarse a participar en un esfuerzo para eliminar de los registros electorales los nombres de 20.000 personas sospechosas de no ser ciudadanos, después de que el gobierno federal las identificara.
Trent McCarter, fiscal adjunto interino de EE. UU., declaró que California se negó a revisar la lista, argumentando que los cargos anunciados el lunes revelan los riesgos de dicha negativa. Instó al estado a verificar la ciudadanía de más de 20.000 personas registradas para votar que aparecen en la lista antes de contar las papeletas enviadas por correo.
Por su parte, Walter García, portavoz del fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que Bonta considera que cualquier alegato de fraude electoral "debe tomarse en serio e investigarse".
García añadió: "Las 28 personas acusadas esta mañana representan una proporción extremadamente pequeña, aproximadamente el 0,0001%, de los más de 23 millones de votantes registrados en California".
Continuó: "Esto no es evidencia de un fraude electoral generalizado, incluso si las acusaciones fueran ciertas".
El Departamento de Justicia solicitó el lunes al tribunal que examina su demanda contra California que emita una orden temporal que obligue al estado a separar las papeletas enviadas por correo de las 20.000 personas incluidas en la lista y tomar medidas para verificar su ciudadanía antes de contar sus votos.
Aún no se ha fijado fecha para una audiencia sobre la solicitud.
Acusaciones de intimidación de votantes
Janece Hahn, supervisora del condado de Los Ángeles, calificó los arrestos de "intimidación de votantes" y "un intento descarado de socavar la confianza en las elecciones de mitad de período", a 15 días de la jornada electoral.
Hahn dijo: "Estos arrestos se utilizan para pintar una imagen de fraude electoral generalizado, cuando sabemos que ese no es el caso".
Añadió: "California tiene leyes para proteger la integridad de nuestras elecciones, y el condado de Los Ángeles está plenamente comprometido con ellas".
El Departamento de Justicia estadounidense ha intensificado sus acciones legales relacionadas con alegatos de voto o registro de no ciudadanos durante las semanas previas a las elecciones de mitad de período, habiendo presentado más de 100 nuevas demandas penales desde principios de septiembre, según registros judiciales.
Trump había afirmado, sin presentar pruebas, que el voto ilegal de no ciudadanos contribuyó a su derrota en las elecciones de 2020, mientras que estudios sobre elecciones anteriores muestran que tales casos son relativamente raros en Estados Unidos.
Funcionarios de California, incluido Bonta, criticaron las acciones de la administración Trump, considerándolas un intento infundado de interferir en las elecciones y sembrar dudas sobre sus posibles resultados.
Asimismo, los funcionarios cuestionaron la precisión de la lista federal de personas sospechosas de no ser ciudadanos, advirtiendo que podría violar las normas de protección de la privacidad.
