El debate sobre la ciudadanía en Nueva Caledonia llega al Parlamento francés

El Senado de Francia dio luz verde con 304 votos a favor y 20 en contra a un proyecto que amplía el cuerpo electoral para incluir a personas nacidas en Nueva Caledonia, una medida que llega a pocas semanas de las elecciones regionales previstas para el 28 de junio. Esta iniciativa, presentada como un intento de desbloquear la parálisis electoral, ha generado inquietudes entre los sectores independentistas que temen que altere el equilibrio político vigente desde hace más de dos décadas.

La problemática en Nueva Caledonia se remonta a la aplicación del acuerdo de Numea de 1998, que estableció que solo podían votar en las elecciones regionales quienes estuvieran inscritos en las listas electorales antes de esa fecha. Esta restricción ha excluido aproximadamente a uno de cada cinco votantes potenciales, lo que pone en cuestión la constitucionalidad del próximo sufragio.

Detalles de la reforma electoral y reacciones políticas

El proyecto de ley, impulsado por el senador no independentista George Naturel, propone incluir a 10.569 personas nacidas en Nueva Caledonia que actualmente no cumplen con los requisitos para votar en las elecciones regionales. Esta ampliación busca reducir la brecha entre los 181.188 votantes registrados en la lista electoral regional congelada y los 218.789 habilitados para votar en comicios municipales, legislativos, europeos y presidenciales.

Además, el gobierno pretende superar el rechazo del Senado mediante una enmienda ministerial que incorporaría a los cónyuges y parejas civiles, sumando entre 1.500 y 1.800 personas más al censo electoral. Sin embargo, esta propuesta ha provocado divisiones internas en la coalición gubernamental: los republicanos la apoyan, los centristas muestran reservas y la izquierda se opone completamente.

Existe la posibilidad de que el Consejo Constitucional rechace esta ampliación por considerar que excede el ámbito legislativo y requiere un procedimiento constitucional específico. Mientras tanto, el parlamento local de Nueva Caledonia aprobó la ley con 25 votos a favor, 14 en contra y 14 abstenciones, aunque con un ambiente de escasa motivación.

Perspectivas locales y contexto histórico

El sitio "La Première" reporta que el apoyo a la medida fue tibio. Philippe Dunoyer, un representante no independentista, expresó temor a que la opinión parisina interpretara mal el resultado debido a la estrecha diferencia de votos, pero reconoció que el Senado impulsó con fuerza la inclusión de los nacidos en el territorio.

En cuanto a las reacciones de los partidos locales, Virginie Ruffenach, del bloque "Rassemblement", mostró satisfacción parcial por la aprobación del registro de los nacidos, aunque lamentó la exclusión de los cónyuges, señalando que "deberíamos construir un solo pueblo en Nueva Caledonia y dejar de dividirnos". Por su parte, Milakulo Tokumoli, del movimiento "Vigilia Oceánica", manifestó cautela y subrayó la necesidad de un acuerdo integral que defina claramente quiénes son los residentes permanentes y quiénes están de paso.

La emisora "France Culture" recordó el trasfondo histórico de la crisis, mencionando que en 1988, tras años de violencia y decenas de muertos, la firma de los acuerdos de Matignon evitó una guerra civil y abrió un camino hacia la paz. Sin embargo, la falta de continuidad política en París ha afectado al archipiélago, con algunos primeros ministros comprometidos profundamente y otros menos involucrados, lo que ha dejado proyectos como el acuerdo de Bougeval, que buscaba un estatus especial para Nueva Caledonia dentro de la República Francesa, sin avanzar.

El desafío político y social en Nueva Caledonia

La ampliación del derecho al voto representa un paso, pero no una solución definitiva. El verdadero desafío es político, pues Nueva Caledonia enfrenta una división profunda entre independentistas y leales a Francia, además de heridas abiertas por la violencia de 2024 que aún no han sanado. La cuestión central es cómo definir la pertenencia a este territorio con un legado colonial complejo antes de que las urnas decidan en junio quién forma parte de su futuro.