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La milicia houthi endurece sanciones contra mendigos y vendedores ambulantes en Saná, mientras persiste la crisis económica y alimentaria en Yemen.
La milicia houthi ha intensificado las medidas restrictivas contra los sectores más vulnerables en Yemen, imponiendo multas y sanciones ilegales a mendigos y vendedores ambulantes en las zonas bajo su control. Estas acciones se justifican bajo el pretexto de "combatir la mendicidad y proteger el decoro público", sin ofrecer soluciones reales para enfrentar la pobreza ni aliviar el hambre creciente.
En este marco, el denominado "Programa Nacional para el Tratamiento de la Mendicidad", dependiente de las autoridades de la milicia no reconocidas internacionalmente, ha comenzado a distribuir folletos de advertencia dirigidos a mendigos y vendedores ambulantes en las calles y plazas públicas de la capital, Saná.
Estos documentos prohíben de manera absoluta la presencia de estas personas en esos espacios, amenazando con persecuciones, detenciones y la aplicación de sanciones estrictas. Esta medida refleja la evasión de las autoridades houthi a abordar las causas fundamentales de la crisis económica y humanitaria, enfocándose en cambio en castigar directamente a sus víctimas.
Según los folletos distribuidos, la definición de mendicidad se ha ampliado para incluir actividades sencillas que miles de pobres utilizan como fuente diaria de ingresos, tales como la venta de pañuelos de papel, palillos para limpiar los dientes, productos ligeros en las calles y la limpieza de parabrisas en los cruces viales.
Las sanciones contemplan multas que comienzan en 150 mil riales yemeníes en caso de reincidencia, aumentando progresivamente hasta alcanzar un millón de riales en ciertos casos. Además, se prevé la remisión a la fiscalía y penas de prisión que oscilan entre 5 y 10 años para casos vinculados con la explotación de mujeres y niños en actividades de mendicidad.
Las autoridades houthi justifican esta campaña afirmando que está dirigida a quienes consideran "habituales en la mendicidad como profesión diaria". También aseguran que el programa busca rehabilitar a estas personas, capacitarlas y otorgarles pequeños préstamos para facilitarles fuentes alternativas de ingresos.
No obstante, observadores señalan que las entidades que controlan los recursos públicos, los ingresos fiscales y aduaneros, y que han suspendido el pago de salarios a cientos de miles de empleados durante años, enfrentan dificultades para convencer a la población sobre su capacidad para implementar programas efectivos que combatan la pobreza o proporcionen alternativas económicas reales, especialmente en un contexto de crisis financiera sin precedentes para la milicia.
Estos analistas indican que las medidas abordan las consecuencias de la crisis económica en lugar de sus causas, castigando a los sectores más frágiles que han sido empujados a las calles por la guerra y el colapso económico, en lugar de adoptar políticas de desarrollo que generen empleo y redes de protección social para pobres y desempleados.
El economista Majid Al-Daari explica que el aumento de la pobreza y la expansión de la mendicidad no son la causa de la crisis, sino una consecuencia directa de políticas económicas que empobrecieron a la sociedad en las áreas bajo control houthi. Esto ha obligado a amplios sectores a buscar cualquier medio para sobrevivir, incluyendo la mendicidad o trabajos marginales en las calles para cubrir las necesidades básicas de sus familias.
Al-Daari declaró a "Iram News" que la imposición de multas y sanciones financieras a mendigos revela una intención de convertir el sufrimiento de los más pobres en una nueva fuente de ingresos, en lugar de abordar las causas reales. Subrayó que la milicia no considera la mendicidad como un problema social y humanitario que requiere solución, sino como una oportunidad para recaudar fondos y aumentar sus ingresos.
El economista añadió que una aproximación seria para tratar la mendicidad debería comenzar con un análisis de las condiciones económicas y sociales de los afectados, la rehabilitación de los niños explotados en esta actividad, la creación de oportunidades laborales para quienes puedan trabajar y el establecimiento de programas de asistencia y protección para ancianos y personas incapacitadas, en lugar de perseguirlos con multas y sanciones.
Asimismo, afirmó que imponer cargas financieras a personas que ya sufren pobreza extrema no contribuirá a reducir la mendicidad, sino que podría incrementar la vulnerabilidad y privación de más familias, reflejando una tendencia a explotar la necesidad humana como fuente adicional de financiamiento, en un momento en que los indicadores de pobreza e inseguridad alimentaria se agravan.
En un país que atraviesa una de las peores crisis humanitarias del mundo, la mendicidad se presenta más como un reflejo del colapso económico que como un problema relacionado con la organización del espacio público o la imagen urbana.
Organizaciones de Naciones Unidas advierten que Yemen podría caer en hambruna en pocos meses, con un tercio de su población necesitando ayuda humanitaria y más de 18 millones enfrentando inseguridad alimentaria severa. Además, cerca del 50% de mujeres y niños sufren desnutrición debido al conflicto y la deteriorada economía.
Las medidas de la milicia houthi han generado un amplio rechazo en redes sociales, donde activistas han difundido videos de vendedores ambulantes que expresan su sorpresa por ser catalogados como mendigos, asegurando que dependen de estas actividades para cubrir las necesidades básicas de sus familias ante la falta de empleo.
Esta campaña coincidió con declaraciones de Mohamed Muftah, encargado de la presidencia del gobierno houthi, quien instó a los ciudadanos que se quejan de hambre y pobreza a dejar de compartir sus problemas en redes sociales y a buscar cualquier trabajo disponible, incluso sin remuneración.
Las palabras de Muftah provocaron reacciones airadas, consideradas por activistas como una muestra de la creciente distancia entre la autoridad de la milicia y la sociedad, y un reflejo de la persistencia de su política de minimizar el sufrimiento ciudadano y despreciar sus demandas urgentes para frenar el hambre, la pobreza y el desempleo sin precedentes.
