Jueza federal anula política de Trump que suspendía visados

La jueza federal Janet Vargas, del Tribunal Distrital de Manhattan, anuló el viernes una política de la Administración del presidente Donald Trump que suspendía la emisión de visados de inmigración a ciudadanos de 75 países. En su fallo, Vargas sostuvo que dicha medida excedía las facultades legales conferidas al secretario de Estado Marco Rubio.

La decisión judicial y su fundamento legal

Vargas calificó la política, anunciada por el Departamento de Estado en enero, como “claramente ilegal” y contraria a la ley federal de inmigración. Según la magistrada, esa normativa priva expresamente al secretario de Estado de autoridad sobre los procedimientos consulares relacionados con los visados de inmigración.

En su escrito, la jueza señaló: “Esta política, que prohíbe de forma absoluta la emisión de visados de inmigración en función de la nacionalidad del solicitante, constituye una supresión directa de este marco jurídico”, según informó Reuters.

Alcance geográfico de la suspensión

La suspensión impuesta por el Departamento de Estado, también vigente desde enero, afectaba a solicitantes de países de América Latina —entre ellos Brasil, Colombia y Uruguay—, de los Balcanes —como Bosnia y Albania—, de Asia Meridional —incluidos Pakistán y Bangladesh—, así como de numerosos Estados africanos, del Medio Oriente y del Caribe.

El Departamento de Estado justificó la medida argumentando que los solicitantes de esas naciones “tienen una probabilidad muy alta de convertirse en una carga para el Estado” y de recurrir a recursos de gobiernos locales, estatales y federales estadounidenses. Hasta la fecha, la dependencia no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.

Los demandantes y el contexto procesal

La sentencia fue emitida en una demanda presentada por la Red Católica Legal para la Inmigración y las Comunidades Africanas Unidas, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes, junto con solicitantes de visados de inmigración y ciudadanos estadounidenses que patrocinan a familiares de los países incluidos en la lista.

Vargas fue nombrada por el expresidente Joe Biden, del Partido Demócrata.

Trump aplicó una política migratoria restrictiva que, según afirmó, tenía como objetivo fortalecer la seguridad interior del país.

Grupos de derechos humanos han denunciado que dicha campaña vulneró la libertad de expresión y el derecho a un debido proceso, además de generar un entorno de inseguridad, especialmente para minorías étnicas, que manifestaron temores sobre la discriminación racial.