La petrolera siria desmiente el robo de 110 millones y aclara los contratos

La Syrian Petroleum Company ha emitido un comunicado oficial para corregir la información difundida en redes sociales sobre un supuesto desvío de fondos. La entidad niega rotundamente que se haya producido una malversación de 110 millones de dólares, calificando dicha cifra como imprecisa y fuera de contexto.

Estimación preliminar bajo investigación

Según el texto publicado por la compañía, el monto mencionado no representa dinero robado ni perdido, sino una valoración inicial del daño potencial. Este cálculo proviene de expedientes que aún están siendo revisados por las autoridades competentes. Hasta la fecha, no existen resultados definitivos que confirmen la existencia real de pérdidas por ese valor ni determinen responsabilidades específicas.

El comunicado subraya que presentar esta estimación como un hecho consumado confunde el daño teórico con el probado. Asimismo, advierte que tal interpretación anticipa conclusiones que solo pueden ser establecidas tras la finalización completa de las auditorías e investigaciones pertinentes.

Naturaleza diversa de los contratos

Respecto a los acuerdos comerciales objeto de escrutinio mediático, la empresa asegura que sus condiciones y mecanismos de firma varían significativamente. Desmiente que todos hayan sido otorgados mediante adjudicación directa o estén vinculados a actos de corrupción. Una parte de estos contratos se ejecutó durante circunstancias excepcionales relacionadas con la recuperación de campos y instalaciones petroleras en la región oriental.

En ese periodo, la complejidad operativa y de seguridad exigió medidas urgentes para proteger los pozos, el crudo y gestionar aguas contaminadas que amenazaban al río Éufrates. Estas operaciones se realizaron dentro de los marcos legales vigentes y respondieron a las necesidades críticas de aquella etapa específica.

Procedimientos de licitación y legalidad

Por otro lado, la Syrian Petroleum Company indica que otros documentos señalados como adjudicaciones directas fueron, en realidad, resultado de procesos competitivos. Estos incluyeron solicitudes de ofertas entre varias entidades, así como análisis técnicos y financieros conforme a los procedimientos estándar establecidos.

Finalmente, la organización defiende la legitimidad de la contratación directa cuando cumple con los requisitos del sistema de contratos para organismos públicos. Recalca que el uso de esta vía, bajo condiciones y controles legales específicos, no constituye por sí mismo evidencia de irregularidades o prácticas corruptas.