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El Parlamento turco aprobó una ley que establece un marco jurídico para la disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), con 468 votos a favor, tras décadas de conflicto armado que causó más de 40.000 muertes.

El Parlamento turco aprobó este lunes una ley que crea un marco legal para la disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización prohibida en Turquía y clasificada como terrorista por Ankara, Estados Unidos y la Unión Europea. La medida representa un avance significativo en el intento de poner fin a un conflicto armado que se prolonga por décadas y ha dejado decenas de miles de víctimas mortales.
La norma prevé protección jurídica para numerosos excombatientes que no hayan cometido delitos específicos. Además, facilita la suspensión de penas de prisión impuestas a ciertos condenados por pertenencia al PKK, abriendo así vías para su reintegración en la sociedad, según informó Reuters.
La ley obtuvo 468 votos afirmativos en el Parlamento, compuesto por 600 escaños. Contó con el respaldo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) y el Partido Democrático de los Pueblos (HDP).
El PKK inició su campaña armada en 1984. Desde entonces, el enfrentamiento ha provocado la muerte de más de 40.000 personas, ha generado una fuerte carga económica en el sureste de Turquía —zona mayoritariamente kurda— y ha profundizado divisiones políticas y sociales durante décadas.
La ley busca resolver una cuestión central en cualquier proceso de paz: el destino de miles de miembros del PKK ante la desarticulación de sus estructuras militares y organizativas. Sin embargo, no aborda demandas kurdas más amplias, como mayores derechos políticos y culturales, reformas a la legislación antiterrorista ni el estatus del líder del grupo, Abdullah Öcalan, quien permanece encarcelado desde 1999.
El Gobierno turco calificó la iniciativa como parte de su estrategia “Turquía libre de terrorismo”. Por su parte, políticos kurdos señalaron que una paz duradera exige cambios democráticos y jurídicos de mayor alcance.
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