Presidente de Nicaragua anuncia suspensión de elecciones para bloquear a la oposición

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país no celebrará más elecciones con el fin de evitar que la oposición alcance el poder.

Ortega, de 80 años y en el cargo desde 2007, indicó que trabajará junto al Parlamento, controlado por su partido, para aprobar nuevas leyes destinadas a "construir un muro" contra la oposición.

Este anuncio fue realizado durante una ceremonia oficial con motivo del 47º aniversario de la "Revolución Sandinista" de 1979, en la que Ortega participó en la caída de la dictadura de Anastasio Somoza.

Aunque el gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ha mostrado un deterioro progresivo de la democracia en Nicaragua durante años, varios analistas calificaron esta declaración como un "escalamiento sin precedentes en el discurso político", según el diario The Guardian.

Tiziano Breda, principal analista para América Latina de la organización ACLED, afirmó: "Con esta decisión, Ortega y Murillo completan la transformación del país en una dictadura familiar total".

En un discurso ante miles de empleados públicos, Ortega expresó: "Aquí no habrá más elecciones para que los partidos de oposición no intenten tomar el gobierno o el poder".

El mandatario, quien no había aparecido en público durante 61 días, añadió: "Trabajaremos con la Asamblea Nacional y las instituciones correspondientes para promulgar leyes que construyan un muro y una barrera contra los golpistas y traidores que venden su patria".

El viernes, una organización de derechos humanos y medios locales en Nicaragua reportaron la detención de al menos 60 personas acusadas de expresar apoyo a la captura en Estados Unidos del presidente venezolano.

Las elecciones estaban previstas para el próximo año, pero Ortega no aclaró si serán canceladas por completo o si simplemente se impedirá la participación de la oposición, una práctica que, según informes, ya se aplica de facto. En los comicios de 2021, su régimen prohibió partidos opositores y arrestó a todos los principales candidatos presidenciales contrarios al gobierno.

Breda señaló que Ortega y Murillo "parecen temer que cualquier apertura política, por limitada que sea, pueda generar una oposición que amenace su control del poder, lo que reflejaría el escaso apoyo popular que aún mantiene el régimen".

Agregó: "Por eso, en lugar de organizar elecciones fraudulentas, optaron por eliminar por completo la competencia electoral".

El año pasado, Ortega aprobó una serie de reformas constitucionales que incluyen la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años y la promoción de su esposa, que era vicepresidenta, al cargo de "presidenta compañera". Estados Unidos califica a su gobierno como la "dictadura Murillo-Ortega".

En su discurso, Ortega criticó a Estados Unidos por la operación de enero que resultó en la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, y dijo: "Con toda su fuerza irrumpieron en el palacio presidencial donde estaban Nicolás y su esposa Cilia Flores. Mataron a todo el personal de seguridad, la mayoría cubanos, y luego los llevaron a Estados Unidos para encarcelarlos. Es algo brutal".

Ortega aseguró que impedir el regreso de la oposición al poder es necesario para proteger al país de los "golpistas", a quienes responsabilizó por las masivas protestas ocurridas en 2018.

Organismos como Naciones Unidas indican que en ese momento las autoridades nicaragüenses emprendieron una campaña represiva que causó más de 350 muertos, cientos de heridos, miles de detenidos y la huida al exilio de cerca de un millón de nicaragüenses.

Recientemente, Naciones Unidas, Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y 30 expresidentes de países iberoamericanos responsabilizaron a Ortega y Murillo por la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena y diputado por cuatro mandatos, quien falleció a los 73 años tras pasar casi tres años "injustamente preso" según el Departamento de Estado estadounidense.

De acuerdo con entidades como Human Rights Watch, actualmente hay aproximadamente 50 presos políticos en Nicaragua, el régimen ha revocado la nacionalidad a 546 personas, cerrado más de 5.600 organizaciones no gubernamentales, 29 universidades y 58 medios de comunicación.