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La disminución del presupuesto para las fuerzas de paz de la ONU obliga a África a buscar nuevas opciones de seguridad ante crecientes desafíos.

Los recortes en el financiamiento de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas han obligado a África a considerar alternativas en materia de seguridad que podrían implicar nuevas formas de dependencia, según analistas.
Expertos prevén que el continente africano enfrentará inestabilidad en los próximos años debido a los retos en seguridad, el débil crecimiento económico y el aumento de su población joven.
Datos del observatorio sobre conflictos armados "ACLED" muestran un agravamiento y expansión de los focos de inestabilidad a nivel global, con un número histórico de conflictos en África, mientras el apoyo internacional para prevenirlos disminuye notablemente.
Las fuerzas de paz de la ONU aportan más de la mitad del total, con un presupuesto de 5.6 mil millones de dólares, cifra que representa menos del 0.2% del gasto militar mundial, lo que genera presiones financieras para la organización internacional.
Los 54 países africanos contribuyen con apenas entre el 1% y 2% de ese presupuesto. En contraste, las cinco naciones con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU aportan el 62% debido a su peso económico y su papel clave en la aprobación de misiones.
Además, varios Estados miembros de la ONU no han cumplido con sus pagos, siendo Estados Unidos el principal deudor, con retrasos por 1.8 mil millones de dólares tras reducir sus contribuciones.
Esta situación se produce luego de que el Congreso estadounidense estableciera un límite del 25% para la contribución de Estados Unidos al presupuesto de mantenimiento de la paz, frente al 26.9% fijado por la Asamblea General de la ONU. La comisión correspondiente del Congreso propuso una reducción del 60% para 2027.
Por otro lado, China ha incrementado su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz, siendo el único miembro permanente del Consejo de Seguridad que aporta contingentes significativos a las misiones de la ONU. Su contribución presupuestaria aumentó del 18.7% en 2024 al 23.8% en 2026.
El Instituto Sudafricano de Políticas de Seguridad señaló la reticencia de la ONU a intervenir en zonas de alto riesgo como Somalia, mientras que la Unión Africana ha buscado durante años crear un mecanismo que le permita financiar sus propias misiones regionales.
Estas iniciativas culminaron con la aprobación de la resolución 2719 del Consejo de Seguridad, que autoriza financiar hasta el 75% de las operaciones de apoyo a la paz lideradas por la Unión Africana con aportes regulares de la ONU, aunque esta medida aún no se ha implementado.
A diferencia de las fuerzas de paz de la ONU, las misiones de la Unión Africana carecen de un mecanismo automático de financiamiento y dependen de compromisos temporales de donantes.
Esto genera insuficiencias presupuestarias, retrasos en los pagos y una capacidad limitada para planificar eficazmente. Con un presupuesto de 400 millones de dólares, el fondo de paz de la Unión Africana ha desembolsado solo unos pocos millones para intervenciones de emergencia y apoyo a la mediación, insuficiente para cubrir los gastos anuales de una misión principal.
Si Estados Unidos reduce drásticamente su financiamiento a las operaciones de paz de la ONU, es improbable que otros países, incluida China, puedan compensar ese déficit dadas las limitaciones del crecimiento económico actual.
Fuera del ámbito de la ONU y la Unión Africana, Estados Unidos y otros actores, como la Unión Europea, han incrementado la financiación para el despliegue de fuerzas de seguridad nacional en terceros países mediante acuerdos bilaterales.
Ejemplos de esto son el envío de fuerzas policiales y militares de Kenia a Haití, financiadas por Estados Unidos, y el despliegue de tropas ruandesas en el norte de Mozambique, parcialmente respaldado por la Unión Europea, con Francia desempeñando un papel clave en la protección de inversiones de la empresa TotalEnergies en gas natural licuado en Mozambique.
Estos casos evidencian un modelo de seguridad que prioriza intereses comerciales, con apoyo externo condicionado a la protección de activos estratégicos y cadenas de suministro de minerales.
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