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"Trato secreto" para redistribuir el poder: Bagdad entra en una fase decisiva para resolver la crisis de "Yerf al-Sakhr"
Irak inicia una etapa crucial en la crisis de Yerf al-Sakhr con el fin del plazo para desarmar a las milicias, mientras mediaciones políticas buscan evitar un enfrentamiento interno chií.

Irak entra hoy viernes en una fase decisiva de la crisis de Yerf al-Sakhr, al cumplirse el plazo establecido por el primer ministro Ali Al-Zaidi para despejar la zona de formaciones armadas e iniciar una prueba de campo de una solución respaldada por mediaciones políticas en las que participó el comandante de la Fuerza Quds iraní, Ismail Qaani, con el objetivo de evitar un enfrentamiento armado que amenace la cohesión de las fuerzas chiíes gobernantes.
Tras días de escalada y amenazas de uso de la fuerza, las consultas derivaron en acuerdos que implican la redistribución de responsabilidades de seguridad en esta estratégica región al norte de la provincia de Babilonia, mediante la sustitución de unidades del Ejército, la Policía Federal y la Movilización Popular (Hashd al-Shaabi) por formaciones vinculadas a las Brigadas de Hezbolá, en una fórmula que otorga al gobierno un punto de apoyo de seguridad dentro de la zona, sin excluir a la Movilización Popular de la ecuación de control.
A pesar del anuncio del inicio de la implementación de los arreglos el viernes por la mañana, las primeras horas estuvieron marcadas por informes divergentes sobre el ritmo de entrada de las tropas, ya que fuentes locales informaron de retrasos en el comienzo de la operación, lo que mantuvo abiertas las dudas sobre el grado de compromiso de las partes con los detalles del acuerdo.
Fuentes iraquíes bien informadas revelan a "Erm News" que la solución que se cristalizó en las últimas horas no fue simplemente un acuerdo para intercambiar unidades militares, sino el resultado de temores mutuos ante la explosión de un enfrentamiento dentro de la "casa chií", después de que Al-Zaidi insistiera en romper las prohibiciones de seguridad que habían dejado Yerf al-Sakhr fuera del control directo de las instituciones gubernamentales durante unos 12 años.
Temor al efecto dominó
Según las fuentes, Al-Zaidi optó por una escalada calculada frente a las facciones armadas, basándose en información e investigaciones de inteligencia sobre sospechas de contrabando de petróleo y manipulación de las líneas de suministro que pasan por Yerf al-Sakhr, además de ser consciente de la magnitud de las presiones internacionales, especialmente estadounidenses, destinadas a controlar las armas fuera de la autoridad estatal y asegurar las instalaciones vitales.
Las fuentes aclaran que lo que generó preocupación entre las facciones no fue solo la posibilidad de perder el control exclusivo de Yerf al-Sakhr, sino el temor a que este paso se convirtiera en un precedente que abriera el camino a medidas similares en sus zonas de influencia en el cinturón de Bagdad y las provincias de Diyala y Anbar.
De acuerdo con estas estimaciones, el retroceso en Yerf al-Sakhr podría desencadenar lo que las fuentes denominan el "efecto dominó", donde la caída de uno de los bastiones de influencia cerrados llevaría a revisar disposiciones de seguridad consolidadas en los últimos años, un escenario que las facciones consideran una amenaza directa a sus equilibrios de poder militar y político.
Ante estos temores, Qaani intervino en la crisis, celebrando una serie de contactos y reuniones con líderes políticos y de facciones, entre ellos el secretario general de las Brigadas de Hezbolá, Abu Hussein Al-Hamidaoui; el líder de la Organización Badr, Hadi Al-Amiri; y el jefe de la Autoridad de la Movilización Popular, Falah Al-Fayadh.
Las fuentes indican que el objetivo principal del movimiento iraní consistió en impedir que la disputa pasara de las instituciones políticas a un enfrentamiento armado entre partes pertenecientes al mismo bando chií, alcanzando una fórmula que preservara la capacidad del gobierno para ejecutar la decisión y evitara que las facciones perdieran su influencia por completo.
Redistribución del poder
Los detalles de la solución, según las fuentes, revelan la adopción de una ecuación basada en alejar a las formaciones vinculadas a las Brigadas de Hezbolá de la primera línea de despliegue de seguridad directo, sustituyéndolas por fuerzas regulares y otras formaciones integradas bajo la Autoridad de la Movilización Popular.
Los arreglos estipulan asignar la responsabilidad de sectores específicos a las brigadas 72 y 79 de la Movilización Popular, en coordinación con las fuerzas gubernamentales, mientras que la Policía Energética asume la protección de las líneas de transporte de petróleo y previene su explotación en posibles operaciones de contrabando.
Las fuentes consideran que esta fórmula permitió a Al-Zaidi avanzar en la imposición de nuevos arreglos de seguridad, sin entrar en un enfrentamiento militar con las Brigadas, al tiempo que les otorgó una salida que permite reubicar a sus elementos lejos de las posiciones que asumirán las nuevas fuerzas.
No se descarta el traslado de algunas formaciones a otras zonas, incluidos sectores en la frontera occidental, dentro de un proceso más amplio de redistribución de la influencia de seguridad.
Sin embargo, esta solución, según las mismas fuentes, no implica el desmantelamiento de la estructura militar de las facciones ni el fin de su capacidad de influencia, sino que refleja una transición del control directo sobre el terreno hacia disposiciones de seguridad más complejas, donde las competencias gubernamentales se entrelazan con la influencia de fuerzas armadas dentro de las instituciones oficiales.
Desmantelamiento de la fortaleza cerrada
Sobre el terreno, la operación de redespliegue se basa en un plan aprobado por la oficina del Comandante General de las Fuerzas Armadas, que incluye el reparto de responsabilidades entre el Ejército, la Policía Federal, la Movilización Popular y la Policía Energética, junto con la creación de un cuartel conjunto para dirigir las operaciones y supervisar la implementación de los nuevos arreglos.
En virtud del plan, la Brigada 38 de la Décima División del Ejército iraquí se encarga de asegurar el sector occidental que se extiende desde el terraplén "Ya Hussein" hasta el cruce de Al-Fadiliya y la frontera divisoria con el mando de operaciones de Anbar.
Por su parte, la Brigada 17 de la Policía Federal asume la responsabilidad del centro de la subdistrito de Yerf al-Sakhr, desde el río Éufrates al este hasta la carretera Musayyib-Al-Fadiliya al oeste.
En contraste, las Brigadas 72 y 79 de la Movilización Popular cubren el sector que se extiende hacia la frontera divisoria con el mando de operaciones de Kerbala, mientras que la Policía Energética protege los oleoductos e instalaciones petroleras.
Las medidas incluyen la reapertura de caminos que permanecieron cerrados, especialmente la ruta que conecta Musayyib con Al-Bahbahani y el cruce de Al-Fadiliya y Ameriya Al-Faluya, restableciendo la conexión de la zona con su entorno geográfico tras años de aislamiento.
El plan también contempla mantener una fuerza del Servicio Contra el Terrorismo en el campamento de la guarnición, como reserva dependiente del Comandante General de las Fuerzas Armadas para manejar emergencias, ante el temor a que algunas formaciones de campo protesten contra los arreglos de retirada y sustitución.
Estas medidas adquieren una importancia adicional dado que un gran número de residentes de Yerf al-Sakhr sigue privado de regresar a sus hogares desde 2014, pues las estimaciones de los representantes de los desplazados indican que el número de afectados supera los 140.000 personas.
Palanca de presión
La reciente confrontación no comenzó por la tradicional disputa sobre las armas, sino que fue detonada por las investigaciones gubernamentales sobre sospechas de contrabando de petróleo desde oleoductos que atraviesan Yerf al-Sakhr, acompañadas de acusaciones sobre la existencia de instalaciones no autorizadas para almacenar y procesar derivados petroleros.
Según las fuentes, Al-Zaidi aprovechó los resultados de las investigaciones para fortalecer su posición política y de seguridad, especialmente después de que el gobierno tomara medidas que incluyeron el cese de nueve funcionarios y líderes de seguridad y administración, y la remisión del expediente de infracciones sospechosas a las autoridades judiciales competentes.
Las fuentes creen que este asunto puso a los opositores del primer ministro ante una difícil ecuación; pues la objeción pública al despliegue de fuerzas gubernamentales pasó a ser interpretable como una defensa del statu quo de seguridad que permitió la comisión de las infracciones sospechosas.
En cambio, las Brigadas de Hezbolá negaron las acusaciones de contrabando de petróleo y cuestionaron los resultados de las investigaciones y la versión gubernamental sobre las instalaciones existentes en la zona.
Sobre esta base, la crisis dejó de limitarse a determinar qué entidad es responsable de proteger Yerf al-Sakhr, extendiéndose a la naturaleza de la relación entre las instituciones oficiales y las facciones armadas, y los límites de las competencias que el gobierno puede ejercer dentro de las zonas de influencia de estas últimas.
División dentro del Marco de Coordinación
La crisis de Yerf al-Sakhr reveló una profunda discrepancia dentro del Marco de Coordinación Chií sobre los límites de la confrontación con las facciones armadas y el grado de disposición de las fuerzas gobernantes a apoyar medidas gubernamentales que podrían alterar los actuales equilibrios de poder.
Según las fuentes, surgió una corriente que prefería contener la crisis mediante negociaciones, temiendo que el uso de la fuerza condujera a un choque chií-chií difícil de controlar en sus consecuencias, tendencia que coincidió con los movimientos de Hadi Al-Amiri y otros líderes que buscaron acercar posturas y evitar la escalada.
Por el contrario, Al-Zaidi mostró disposición a seguir adelante con sus decisiones en calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas, incluso ante la oposición de partes influyentes dentro de la coalición gobernante, aprovechando el expediente de las investigaciones petroleras y los llamamientos a monopolizar las armas en manos del Estado.
Las fuentes señalan que la intervención de Qaani reflejó la conciencia de Teherán sobre la sensibilidad de la crisis, especialmente porque cualquier enfrentamiento entre el gobierno y las Brigadas de Hezbolá habría puesto a Irán ante una dura prueba entre preservar la influencia de sus aliados armados y evitar sacudidas en el sistema político chií con el que mantiene estrechas relaciones.
Erm News
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