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Trump abre una subasta por los tesoros hundidos: ¿quién posee las riquezas del Pacífico?
La administración de Trump busca abrir el fondo marino a la minería, generando controversias ambientales y legales mientras se disputa la propiedad de los recursos del océano.

Bajo la superficie del océano Pacífico, a miles de metros de profundidad, se está formando un nuevo frente de conflicto por los recursos naturales y los minerales raros.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump busca abrir el lecho marino a las empresas mineras en busca de metales que intervienen en la fabricación de baterías, tecnologías avanzadas y sistemas de defensa, en un paso que enfrenta objeciones ambientales y legales, así como temores sobre sus repercusiones para las comunidades locales.
En un artículo que aborda esta cuestión, la revista alemana "Der Spiegel" sitúa esta tendencia en el contexto de una confrontación multilateral: una administración estadounidense que impulsa la explotación de los recursos marinos, frente a las objeciones de los defensores del medio ambiente, las autoridades locales y la comunidad internacional, llegando hasta los tribunales estadounidenses.
Esta confrontación revela que la carrera por los minerales vit
Estados Unidos celebró ayer su primera subasta para arrendar zonas del fondo oceánico cerca de Samoa Americana, donde la empresa "Wheaton US Ventures" ganó los derechos de dos áreas con una superficie total de aproximadamente 125.000 kilómetros cuadrados, por 6 millones de dólares.
Los contratos, que tienen una duración de 20 años, permiten realizar estudios preliminares ante la posible minería, pero no otorgan a la empresa un permiso inmediato para la extracción comercial, lo cual requiere aprobaciones adicionales.
Los nódulos metálicos del fondo marino contienen níquel, cobalto, cobre y manganeso, elementos que intervienen en la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, electrónica y tecnologías de defensa.
Washington justifica su acción por la necesidad de asegurar el suministro de estos metales y reducir la dependencia de fuentes externas, especialmente en el contexto de la competencia con China por las cadenas de suministro.
Trump había emitido, en abril de 2025, una orden ejecutiva para acelerar el desarrollo de la minería marina y reforzar la posición de Estados Unidos en este sector.
Pero la extracción de estas riquezas conlleva riesgos ambientales aún no resueltos científicamente; la movilización de sedimentos puede dispersar nubes de materiales suspendidos que afectan a los organismos marinos, mientras que el ruido y la maquinaria pesada pueden destruir hábitats de especies que viven en entornos extremadamente sensibles.
Los científicos advierten que algunos de estos ecosistemas podrían necesitar décadas o siglos para recuperarse de los daños.
Fallo judicial
La subasta tuvo lugar a pesar de un fallo emitido por un tribunal federal en Hawái el 16 de noviembre, que concluyó que la Administración Nacional de Pesquerías Marinas no evaluó suficientemente los posibles impactos de la minería sobre las especies en peligro de extinción, en violación de la ley de protección de dichas especies.
El tribunal consideró que la evaluación gubernamental no abordó adecuadamente los efectos de las operaciones de exploración y minería que podrían seguir a la concesión de los contratos de arrendamiento.
No obstante, la administración continuó con la subasta, lo que llevó a organizaciones ecologistas a amenazar con continuar impugnando para anular los contratos.
Estas organizaciones temen que la concesión de derechos de exploración se convierta en una puerta difícil de cerrar, incluso antes de completar las investigaciones sobre los posibles daños.
En cuanto a Samoa Americana, las preocupaciones van más allá de la protección ambiental hacia la economía local; la pesca, especialmente la del atún, representa un recurso importante para los habitantes, quienes temen que las operaciones mineras afecten a los recursos pesqueros y a sus medios de vida.
Las autoridades locales habían impuesto, en 2024, una prohibición de la minería en sus aguas territoriales, pero la subasta estadounidense incluyó zonas fuera del alcance de dichas aguas, sujetas a la autoridad federal.
Dimensión internacional
El paso estadounidense adquiere una dimensión internacional adicional debido a la disputa sobre la entidad autorizada para regular la minería en aguas profundas; las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional de los estados están sujetas a un régimen jurídico internacional supervisado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Jamaica, bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La Autoridad trabaja desde hace años en establecer normas que regulen la extracción de minerales del fondo de los mares internacionales, pero los estados miembros no han logrado hasta ahora un sistema definitivo que cuente con el consenso necesario.
Varios países y organizaciones ecologistas abogan por una moratoria preventiva de la minería comercial hasta que se completen las investigaciones y se aprueben garantías ambientales estrictas.
Por su parte, Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, busca construir una vía regulatoria basada en sus legislaciones nacionales, lo que permitiría a las empresas estadounidenses actuar de forma independiente respecto al marco negociado por la Autoridad Internacional.
Este enfoque genera temores de que pueda debilitar el sistema multilateral y crear un precedente que anime a otros países a ignorar normas internacionales aún no resueltas.
Así, en el fondo del océano convergen los intereses de los minerales, la seguridad nacional, los derechos de las comunidades costeras, el futuro de la biodiversidad y los límites del derecho internacional.
Lo que comenzó como un proyecto para explorar riquezas ocultas se ha convertido en una prueba del grado de disposición de Washington para avanzar en la explotación de un nuevo recurso natural, incluso cuando enfrenta objeciones locales e internacionales y un fallo judicial.
En esta batalla, el valor de los minerales extraídos podría ser menos claro que la magnitud de las pérdidas que puedan dejar tras de sí.
En el corazón de esta confrontación surge la pregunta que plantea "Der Spiegel" al frente del asunto: ¿quién tiene derecho a disponer de las riquezas del océano?
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