Amenaza de agitar las calles para evitar el juicio: los explosivos de Dahr al-Baidar acorralan a los líderes de Hezbolá

Fuentes políticas libanesas de alto nivel revelaron a "Erm News" que "Hezbolá" dirigió mensajes de amenaza indirectos al gobierno, advirtiendo sobre una amplia inseguridad y una ira generalizada en las calles libanesas en caso de que el asunto de los explosivos de Dahr al-Baidar sea remitido al Consejo Judicial.

Las fuentes explicaron que los mensajes, transmitidos a través del "Movimiento Amal" y diputados aliados bajo el pretexto de "advertir contra la sedición", tenían como objetivo bloquear investigaciones exhaustivas que amenazan con emitir órdenes de arresto contra destacados líderes militares y organizativos del partido, tras confirmarse su implicación en la gestión del traslado de la carga desde Baalbek hasta el bastión del partido en el sur de Beirut.

La milicia transformó el expediente de los explosivos de Hezbolá de un enfrentamiento político y judicial interno a una confrontación diplomática con las embajadas occidentales, en medio de acusaciones de "tutela extranjera", lo que sitúa nuevamente a Líbano en el centro de un conflicto internacional donde se entrelazan cálculos de influencia y soberanía.

Esto ocurre mientras cinco embajadas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Japón en Beirut llamaron recientemente a monopolizar las armas y mantener las decisiones de guerra y paz en manos del Estado libanés, exigiendo una investigación judicial independiente sobre el caso de los explosivos de Dahr al-Baidar.

Estallido social
Un destacado político libanés confirmó que Hezbolá está ejerciendo presión sobre el Estado, amenazando con estallar las calles en el caso de Dahr al-Baidar. Al mismo tiempo, trabaja para desprestigiar al poder judicial y presentarlo como una entidad que obedece a intereses externos por cumplir su mandato constitucional de detectar cualquier riesgo que amenace la seguridad pública.

Explicó a "Erm News" que Hezbolá utiliza el comunicado de los cinco países, que es fundamentalmente un respaldo a la labor del Estado para monopolizar las armas mediante acciones de las autoridades competentes, para presentarlo como una imposición de tutela sobre el Estado e insinuar a su base social que esto equivale a traición al extranjero, dirigida contra las armas de la resistencia.

Una delegación de la milicia, encabezada por el diputado Hussein al-Hajj Hassan, visitó la oficina del fiscal general adjunto, el juez Ahmad Rami al-Hajj, generando interrogantes sobre el grado de presión ejercida sobre el poder judicial por parte de Hezbolá.