La Asociación de Bancos ataca la ley de reforma bancaria aprobada por la Comisión de Hacienda

La Asociación de Bancos de Líbano ha lanzado un amplio ataque legal contra las modificaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la ley de reforma y reorganización del sistema bancario, argumentando que algunas disposiciones vulneran derechos fundamentales de los bancos y sus accionistas, otorgan amplias y arbitrarias facultades a la Alta Autoridad Bancaria, y plantean cuestiones constitucionales y judiciales.

En observaciones elaboradas por el abogado de la asociación, Élie Émile Chmoun, la entidad consideró que la aplicación de estándares internacionales en la reestructuración bancaria no puede hacerse a costa de la Constitución libanesa, exigiendo garantías para los derechos de defensa, propiedad y igualdad, y exigir una supervisión judicial real sobre las decisiones de la Alta Autoridad Bancaria.

La asociación se opuso al mecanismo de evaluación de los bancos, considerando que limitar los recursos a errores materiales y fácticos y prohibir el recurso contra la metodología de evaluación constituye una restricción del derecho de defensa. Además, consideró que el plazo de diez días para presentar objeciones es demasiado corto y solicitó aumentarlo a veinte días hábiles y permitir el recurso ante un tribunal especial.

El principal punto de oposición se centró en los derechos de los accionistas, calificando como "muy peligroso" el texto que prohíbe a los accionistas mayoritarios participar en el aumento de capital, ya que considera que privarlos del derecho de preferencia en la suscripción podría constituir una expropiación de un elemento de la propiedad y una violación del artículo 15 de la Constitución.

La asociación describió la disposición relativa a las facultades de la Alta Autoridad Bancaria como "la más peligrosa del proyecto", ya que, según su opinión, permite adoptar medidas no especificadas exclusivamente por la ley bajo el pretexto de eliminar obstáculos al restablecimiento del banco, lo que abre la puerta a la arbitrariedad. También pidió límites claros para la recuperación de fondos pagados a las administraciones bancarias o transferidos al extranjero, y rechazó tomar medidas basadas únicamente en "sospechas" sin remitirse al poder judicial.

Asimismo, rechazó otorgar al liquidador facultades que consideró jurisdiccionales, insistiendo en que anular actos legales debe permanecer bajo la competencia del tribunal, y solicitó ampliar el derecho de recurso contra decisiones de la Alta Autoridad Bancaria, el liquidador y el evaluador, así como garantizar la capacidad del tribunal para suspender la ejecución de decisiones impugnadas.

En cuanto a los depositantes, la asociación exigió consolidar el principio de igualdad entre ellos desde la publicación de la ley, con la suspensión del resto de sus disposiciones hasta la aprobación y publicación de la ley de ordenamiento financiero y la recuperación de los depósitos.