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Líbano
El colectivo de trabajadores y jubilados del sector público advierte con movilizaciones si no se aprueban derechos laborales y sociales pendientes.
El colectivo de asociaciones del sector público, integrado por militares y civiles, realizó una reunión en la sede de la Asociación de Antiguos Miembros de las Fuerzas Armadas Libanesas, donde se expusieron las condiciones económicas, sociales y de vida deterioradas que enfrentan los trabajadores y jubilados del sector público.
Durante el encuentro, se destacó el continuo colapso del poder adquisitivo y la erosión del valor de los salarios, pensiones y prestaciones sociales debido al fuerte aumento de los precios de bienes, servicios, impuestos y tasas.
Los asistentes señalaron que las mejoras parciales otorgadas no compensan las pérdidas sufridas por los empleados y jubilados, describiéndolas como una recuperación parcial de derechos arrebatados durante los años de crisis, mientras que el Estado recupera la mayor parte mediante impuestos, tasas y diversas deducciones.
Asimismo, expresaron su sorpresa ante la persistente incertidumbre en torno a las políticas financieras y monetarias, así como las decisiones relativas a salarios y pensiones, las cuales se tratan como concesiones o donaciones, cuando en realidad constituyen derechos legales adquiridos que no deben ser vulnerados ni retrasados bajo ninguna justificación.
El colectivo afirmó que la política de dilación, evasión y incumplimiento de promesas ha alcanzado un nivel inaceptable, y que la continua indiferencia hacia las demandas de los trabajadores y jubilados representa un desprecio hacia el sufrimiento de decenas de miles de familias que han sufrido las consecuencias del colapso económico en sus ingresos, ahorros y el futuro de sus hijos.
Consideraron que el proyecto de ley remitido por el gobierno, que propone una asignación adicional de 56,500 millones de libras para financiar compensaciones temporales, mejorar salarios y pensiones, aumentar las asignaciones familiares y garantizar ayudas escolares, debe ser incluido de inmediato en la agenda de la sesión plenaria del Parlamento y aprobado sin demoras ni condicionamientos políticos.
En este sentido, instaron al presidente del Parlamento y a todos los bloques parlamentarios a convocar urgentemente una sesión legislativa para aprobar los créditos y proyectos vinculados a los derechos de los trabajadores y jubilados del sector público, enfatizando que estos derechos deben prevalecer sobre cualquier otra consideración.
El colectivo anunció que los empleados y jubilados ya no pueden soportar más promesas incumplidas y que su paciencia se ha agotado por completo. Advirtió que cualquier obstáculo o retraso en la aprobación de sus derechos los llevará a implementar un programa de movilización escalonado, abierto y amplio, que incluirá todos los medios democráticos y legales legítimos, coordinado con todos los componentes del sector público, hasta lograr la imposición y conquista pacífica de estos derechos, amparados por la Constitución y la ley.
Asimismo, responsabilizaron a las autoridades políticas, ejecutivas y legislativas por las consecuencias derivadas de la continuación de esta postura, alertando que la desatención a los derechos de trabajadores y jubilados pone en riesgo la estabilidad social y administrativa, además de aumentar la desintegración de las instituciones estatales y debilitar su capacidad para cumplir con sus funciones.
El comunicado concluyó señalando que las próximas movilizaciones no serán simbólicas ni formales, sino que estarán a la altura del sufrimiento e injusticia que afectan a militares, civiles, jubilados, organismos educativos, contratados y empleados, y que continuarán y se ampliarán hasta alcanzar las demandas legítimas y justas.
