Líbano
Jibran Basíl defiende la gestión de las centrales eléctricas frente a acusaciones de irregularidades y cuestiona por qué el actual gobierno mantiene apagadas las plantas de Zouk y Jiyyeh.

La Oficina de Prensa del presidente de la Corriente Nacional Libre, el diputado Jibran Basíl, emitió el siguiente comunicado: "Tras revelarse a los libaneses el fracaso de la administración actual en el Ministerio de Energía y Agua, y su responsabilidad en el apagado de las centrales de Zouk y Jiyyeh, privando a la población del suministro eléctrico que ambas aseguraban, nos vemos nuevamente ante intentos de desinformar a la opinión pública mediante la difusión de noticias falsas que alegan que hemos causado cargas financieras al Estado libanés en el expediente de construcción de dichas centrales, bajo el pretexto de adiciones manuscritas en el pliego de condiciones".
Añadió: "Para aclarar los hechos, nos interesa confirmar lo siguiente:
Primero: Las modificaciones introducidas en el contrato en 2013 se realizaron bajo un mandato explícito del Consejo de Ministros, limitándose exclusivamente a reordenar la prioridad de los documentos para facilitar la financiación del proyecto, sin afectar las especificaciones técnicas, aumentar los costos o modificar el plazo de ejecución. Lo más importante es que el contratista se comprometió por escrito, antes de iniciar los trabajos, a cumplir plenamente con el pliego de condiciones aprobado por la Corte de Cuentas, sin ninguna alteración.
Segundo: La verdadera razón de la paralización del proyecto y su retraso fue la negativa del Ministerio de Hacienda a pagar las deudas del contratista, contraviniendo las obligaciones contractuales del Estado, lo que expuso al país a reclamos de indemnización ante instancias internacionales. La prueba contundente de ello es que los trabajos se reanudaron inmediatamente tras el pago de las deudas, sin introducir nuevas modificaciones al contrato, y las centrales se completaron y pusieron en servicio en 2017.
Tercero, y lo más relevante: Las investigaciones judiciales libanesas, tras presentar toda la documentación probatoria y los hechos ante la justicia, no derivaron en ningún cargo en nuestra contra, ni se demostró responsabilidad alguna en este expediente. Asimismo, el arbitraje internacional no atribuyó al Estado ninguna responsabilidad derivada de las mencionadas adiciones manuscritas, sino que le imputó las consecuencias del retraso en el pago de las deudas financieras pendientes.
Intentar presentar las adiciones escritas a mano como prueba de una supuesta falsificación es un intento descarado de distorsionar los hechos. Quien anota adiciones a mano, de forma visible y pública, actúa con lógica de transparencia y publicidad, no de ocultamiento y secretismo. Quien no tiene nada que ocultar, no teme dejar su letra como testigo de sus actos. La esencia reside en el contenido de dichas adiciones, su legitimidad y sus efectos reales, no en la forma de su redacción".
La Oficina afirmó que "intentar culpar a quienes impulsaron la construcción y finalización de las centrales, en lugar de a quienes previamente obstaculizaron el proyecto y causaron cargas adicionales al Estado, o a quienes actualmente han provocado su apagado, no es más que un intento burdo de invertir los hechos y evadir responsabilidades. La rendición de cuentas real no consiste en fabricar acusaciones contra quienes construyeron las centrales, sino en exigir explicaciones a quienes impidieron su conclusión ayer y quienes hoy detienen su operación, privando a los libaneses de la electricidad que estas proveían".
Concluyó: "Finalmente, en lugar de revivir expedientes ya resueltos por los hechos, las investigaciones judiciales y el arbitraje internacional, y lanzar acusaciones contra quienes trabajaron en la creación de las centrales, que el actual gobierno tenga la valentía de responder a esta pregunta: ¿Quién apagó las centrales de Zouk y Jiyyeh y por qué siguen fuera de servicio?"



