Líbano
A 83 años de la independencia del Líbano, surge la pregunta crucial sobre si los ciudadanos pueden acceder a sus derechos sin intermediarios. El artículo analiza la brecha entre el Estado formal y la realidad cotidiana marcada por el clientelismo.

A los ochenta y tres años de la independencia del Líbano, ya no basta con preguntarse si el Estado posee su propia decisión política; existe otra prueba más pegada a la vida de las personas: ¿Puede el ciudadano acceder a su derecho sin un intermediario?
En un Estado independiente, se supone que la relación entre el ciudadano y las instituciones de su país debe ser clara: la ley define el derecho, la administración lo ejecuta y el ciudadano lo reclama sin tener que explicar a quién pertenece, a quién conoce o qué puerta política puede tocar. Pero en el Líbano, gran parte de la crisis del Estado puede resumirse en una simple pregunta administrativa, quizás más reveladora que muchos discursos soberanos: ¿Puede el libanés completar su trámite y obtener su derecho sin contactar a una persona influyente?
No es esta una pregunta sobre el "wasta" (intermediación/clientelismo) simplemente como una mala costumbre social, ni una invitación a juzgar a los ciudadanos que recurren a ella. Es una pregunta sobre la naturaleza del Estado que hace que el acceso al mismo, en muchos casos, sea más cercano a una relación personal que al ejercicio de un derecho legal. Cuando la existencia de alguien que interviene en favor del ciudadano se convierte en una parte no declarada de los procedimientos para obtener un servicio público, el problema ha trascendido la corrupción de un solo trámite para convertirse en una falla en la definición misma de la ciudadanía.
Quizás la paradoja más cruel es que el libanés puede sentir la independencia de su país en las ocasiones nacionales, pero no necesariamente experimenta esa independencia cuando se enfrenta a una administración pública, busca una oportunidad de empleo, necesita un servicio de salud o social, o intenta proteger su derecho frente a una decisión administrativa. Aquí precisamente aparece la diferencia entre un Estado que lleva el nombre de Independencia y un Estado que hace libres a sus ciudadanos en su relación con él.
Prueba diaria
Esta impresión no se basa únicamente en juicios generales. En un estudio publicado por el Centro Libanés de Estudios Políticos el 19 de noviembre de 2026, basado en una encuesta nacional que incluyó a 1.200 personas, además de 18 grupos de discusión con 141 participantes en 15 distritos, aproximadamente el 78 por ciento de los encuestados afirmaron que las políticas públicas afectan poco o nada sus vidas. Los resultados mostraron que la sensación de marginación era más presente en Bekaa y el Norte, mientras que los participantes en el Sur vinculaban la presencia del Estado principalmente con impuestos y multas, no con la prestación de servicios.
Y lo más importante es que los participantes no limitaron sus prioridades a grandes consignas políticas; sino que situaron las oportunidades de empleo, la recuperación económica, la reconstrucción, la protección social y la mejora de los servicios, especialmente electricidad y agua, a la cabeza de sus intereses. Cuando se les preguntó por las causas del estancamiento del progreso, surgieron el reparto sectario, la corrupción y el clientelismo como obstáculos fundamentales para la reforma y la rendición de cuentas.
Estos resultados merecen detenerse en ellos, señalando que el trabajo de campo del estudio se realizó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, es decir, antes de los desarrollos militares posteriores que aumentaron las cargas económicas y sociales. Por lo tanto, no es correcto tratarlos como una imagen definitiva del ánimo de los libaneses en noviembre, pero ofrecen un indicador de investigación importante sobre una brecha que existía antes del agravamiento de la situación.
La cuestión aquí no es que el Estado no afecte la vida de las personas; la afecta incluso cuando sus servicios están ausentes, a través del costo de la electricidad privada, el retroceso de las oportunidades de empleo, la debilidad de la protección y las complejidades administrativas. La paradoja es que el ciudadano puede percibir el impacto del Estado en las cargas más que en los derechos que se supone debe garantizar.
El Wasta y el Sistema
Pero cargar al ciudadano con la responsabilidad exclusiva de este fenómeno sería una lectura superficial, así como absolverlo completamente no ayudaría a comprenderlo. El "wasta" no siempre es un acto emanado de una persona que busca violar la ley por codicia de privilegios; a veces puede ser un intento desesperado de acceder a un servicio cuyo obtención se retrasó, o para acelerar un trámite donde no sabe dónde se atascó, o para evitar la negligencia en una administración que no le da una respuesta clara.
Y aquí conviene distinguir entre quien ayuda al ciudadano a entender su derecho y acceder a él, y quien interviene para anular las reglas, violarlas o arrancar un privilegio que nadie más tiene. El primero puede ser indicio de la necesidad de mayor claridad y eficacia administrativa; el segundo convierte la ley en una ruta opcional y hace que las relaciones personales sean más fuertes que la igualdad ante ella.
Sin embargo, más peligroso que el "wasta" individual es el sistema que lo hace sostenible y polítamente rentable. Cuando el cargo público se convierte en medio para consolidar lealtades, el servicio en entrada al poder, y la ayuda social en herramienta para construir dependencia, el asunto deja de estar relacionado con un ciudadano que pide intervención o un funcionario que responde a una llamada. Estamos ante una red de intereses que se reproduce a sí misma: el ciudadano necesita el servicio, el político tiene la capacidad de facilitarlo, y la necesidad se transforma en una relación de influencia renovable en cada elección o evento político.
En este contexto, destaca la importancia de distinguir entre la representación política legítima y la conversión del Estado en cuotas. El problema no radica en el pluralismo libanés, ni en la necesidad de garantizar la participación de los componentes de la sociedad en la vida pública, sino en el uso del equilibrio político y confesional para distribuir cargos, funciones y beneficios en detrimento de la competencia y el interés general. El Dr. Anis Bou Diab abordó esta paradoja en un artículo publicado por la Red de ONG Árabes para el Desarrollo el 19 de octubre de 2026, sobre el agotamiento de las instituciones estatales y la transformación de la administración pública, en algunos aspectos de su práctica, de servir al ciudadano a ser un recurso para intereses políticos.
En este sentido, el "wasta" no es solo una desviación del sistema; puede convertirse en una de las formas en que funciona el sistema cuando las instituciones fracasan en desempeñar sus funciones según normas generales. De ahí que sea difícil eliminarla simplemente pidiendo a los ciudadanos que dejen de usarla, a menos que existan alternativas institucionales confiables que hagan del cumplimiento de la ley el camino más fácil y seguro.
Pero hay una responsabilidad que no se puede pasar por alto: el ciudadano no está totalmente fuera de esta ecuación. Cuando elige a un candidato porque le prometió un servicio personal, o prefiere un beneficio inmediato sobre la rendición de cuentas pública, o acepta violar la ley siempre que la violación beneficie su interés, contribuye, aunque desde una posición más débil, a la continuidad del sistema. Esto no significa equiparar a quien solicita un servicio por necesidad con quien tiene autoridad para distribuirlo; la mayor responsabilidad recae en quien ocupa un cargo público y posee la decisión y los recursos. Pero significa que la reforma no puede ser solo administrativa; también requiere un cambio en las expectativas de la gente respecto a la política y en la forma en que exigen cuentas a sus representantes.
Constitución y Práctica
La paradoja es que al Líbano no le falta el texto constitucional que establece el principio. El Artículo 7 estipula la igualdad de los libaneses ante la ley en derechos civiles y políticos y deberes públicos, mientras que el Artículo 12 confirma el derecho de todo libanés a ocupar cargos públicos, sin discriminación salvo por mérito y capacidad.
Es decir, la brecha no reside en la ausencia del principio, sino en la distancia entre lo que establece la Constitución y lo que permite la práctica política y administrativa. El derecho a un cargo público no es un privilegio otorgado por una entidad política, así como obtener un servicio oficial no debería ser una recompensa por lealtad o resultado de amistad, parentesco o pertenencia.
Esto hace que la reforma de la administración pública sea algo más que un expediente técnico relacionado con la actualización de trámites o la adopción de servicios electrónicos. La tecnología puede reducir el tiempo y limitar algunas formas de intervención, pero no es suficiente por sí sola si los nombramientos siguen sujetos al reparto sectario, la supervisión es débil y la rendición de cuentas es selectiva. El diagnóstico del Fondo Monetario Internacional sobre gobernanza y corrupción en el Líbano concluyó que las debilidades institucionales, la fragmentación de la supervisión, la fragilidad del estado de derecho y las prácticas corruptas obstaculizan el funcionamiento de las instituciones y la recuperación económica.
Asimismo, no se debe convertir al Estado en pretexto para condenar todo lo realizado por la sociedad libanesa para compensar su ausencia. Las familias, asociaciones, municipios, instituciones privadas y redes de diáspora han jugado roles fundamentales en apoyar a las personas durante las crisis. Estas iniciativas, en muchos casos, fueron expresión de la capacidad de resistencia de la sociedad, no de rechazo al Estado. Pero el éxito de la sociedad para llenar algunas brechas no exime al Estado de su deber, ni debe convertirse en justificación permanente de su continua incapacidad.
Por lo tanto, la pregunta que debe plantearse en el Día de la Independencia no es si el Líbano necesita necesariamente un Estado más grande, sino uno más justo y eficaz, que conozca los límites de sus competencias, esté sujeto a rendición de cuentas y distribuya sus servicios según la ley y no según el mapa de influencias. Un Estado que no intervenga en la vida del ciudadano solo para imponerle cargas, y luego lo deje buscar un intermediario cuando necesite su derecho.
Significado de la Independencia
Hablar del "wasta" puede parecer pequeño frente a los expedientes de soberanía, fronteras, intervenciones externas y crisis financieras y de seguridad que enfrenta el Líbano. Pero en realidad toca uno de los aspectos de la independencia más pegados al significado del Estado: la independencia del ciudadano dentro de su propio país.
La independencia nacional significa que el Estado tenga su voluntad, decisión y capacidad para proteger su territorio e intereses. Mientras que la independencia del ciudadano significa no estar sometido en su vida pública a la voluntad de una persona influyente, al beneplácito de una referencia política, o a la necesidad de pertenecer a una red que le asegure lo que la ley no puede. No se pueden separar ambos significados; un Estado que no garantiza la igualdad y los derechos de sus ciudadanos debilita su legitimidad desde dentro, incluso si posee los elementos del Estado en leyes e instituciones.
Y no se mide el progreso en este ámbito por el número de consignas que los gobiernos levantan sobre la reforma, sino por indicadores sujetos a rendición de cuentas: nombramiento de empleados basándose en competencia, publicación de resultados de concursos de empleo, claridad de criterios para obtener servicios, transparencia de contratos y gasto público, activación de órganos de control, y posibilidad de apelar decisiones administrativas sin necesidad de protección política. Lo más importante es que el ciudadano sepa previamente qué tiene y qué debe, que obtenga una respuesta dentro de un plazo determinado, y que pueda exigir responsabilidades a la administración cuando viole la ley.
El 22 de noviembre, el libanés no necesita un nuevo discurso que le pida creer en el Estado, sino ver evidencia práctica de que el Estado cree en la igualdad entre sus ciudadanos. No basta con decirle que es igual ante la ley; su oportunidad de obtener su derecho no debería cambiar según el apellido, la secta o la facción a la que pueda contactar.
Quizás la pregunta más urgente en este Día de la Independencia sea la siguiente: ¿De qué sirve que la nación se haya liberado del mandato, si el ciudadano sigue necesitando, en algunos detalles de su vida diaria, a alguien que le dé un permiso no escrito para acceder a su derecho?
La independencia no se completa solo con levantar la bandera, ni se reduce a la capacidad del Estado para tomar decisiones en el exterior. También comienza cuando el libanés puede entrar a su institución pública como ciudadano, no como súbdito; y salir de ella con su derecho, no gracias a una mediación.
'Al Nashra'



