El ministro Hajjár exige la retirada total israelí para restaurar la soberanía en Líbano

Ahmed Hajjár, ministro del Interior y Municipalidades, afirmó que la visita del presidente de la República, Joseph Aoun, a Washington forma parte de los esfuerzos conjuntos con el primer ministro Nawaf Salam y en coordinación con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para sacar a Líbano de su crisis y poner fin a las consecuencias de la guerra.

En una entrevista televisiva, Hajjár explicó que la principal demanda libanesa es la retirada total de Israel de los territorios libaneses, lo que permitiría extender la autoridad estatal y el despliegue del ejército y las fuerzas de seguridad a todo el país, recuperando así la soberanía.

Manifestó su esperanza de que los resultados de las reuniones en Washington se traduzcan en una presión estadounidense efectiva sobre Israel para alcanzar ese objetivo, y señaló que las posiciones positivas del presidente estadounidense Donald Trump hacia Líbano y el presidente Aoun generan optimismo.

El ministro destacó que el despliegue del ejército libanés en varias localidades del sur, incluyendo Zoutar al Gharbi, representa una primera fase del acuerdo alcanzado, y consideró que la continuación de la retirada israelí es la condición esencial para completar la expansión del ejército.

Subrayó que el gobierno libanés no ha recibido ninguna imposición externa en relación con la exclusividad del armamento, y que su compromiso con este principio se basa en el comunicado ministerial y las decisiones adoptadas desde su formación, en el marco de extender la autoridad estatal a todo el territorio libanés.

Respecto a la postura del presidente del Parlamento, Nabih Berri, afirmó que otorga máxima prioridad al sur del Líbano y acoge con beneplácito cualquier esfuerzo que conduzca a la retirada israelí y al re-despliegue del ejército, coincidiendo con la posición del presidente de la República.

Hajjár señaló que los acontecimientos regionales afectan a Líbano, pero que el Estado libanés sigue una vía diplomática independiente orientada a asegurar la retirada israelí y la recuperación de la soberanía, y consideró que Estados Unidos sigue siendo la parte con mayor capacidad para ejercer presión sobre Israel para lograr este fin.

El ministro afirmó que los libaneses coinciden en objetivos fundamentales como la retirada israelí, la recuperación de la soberanía, el retorno de los desplazados, la liberación de prisioneros libaneses y la reconstrucción, y aclaró que las diferencias se limitan a los métodos para alcanzar esas metas.

Negó cualquier coordinación entre Líbano y Siria respecto a una intervención militar siria en Líbano o a la suspensión del suministro de armas a Hezbolá, y aseguró que la cooperación entre ambos países se limita al control de las fronteras comunes y a la lucha contra el contrabando de drogas, armas y personas, en beneficio de ambas naciones.

Destacó que existe un contacto permanente con el ministro del Interior sirio, el presidente sirio Ahmad al-Shar’, y el ministro de Exteriores sirio Asad al-Shaybani, quienes han declarado claramente que no hay intención de intervenir militarmente en Líbano, y que Damasco está dispuesta a ayudar a Beirut en coordinación con el Estado libanés, pues no interesa a ninguno de los dos países una intervención militar.

Sobre la actuación del Ministerio del Interior durante la guerra, indicó que desde las primeras horas del conflicto se activó la sala central de operaciones y se coordinó con la presidencia del gobierno, gobernadores, alcaldes y organismos de seguridad para gestionar la ola de desplazamientos y garantizar una respuesta rápida a los afectados.

Señaló que se adoptaron medidas excepcionales para facilitar a los desplazados la obtención de documentos oficiales en cualquier registro civil, y se habilitaron centros alternativos dentro del ministerio para atender a quienes tuvieron que abandonar sus localidades, elogiando el papel de la Defensa Civil, las fuerzas de seguridad interna y las autoridades locales en la gestión de la crisis.

Hajjár afirmó que la situación de seguridad se mantuvo estable pese a las circunstancias excepcionales, y atribuyó a la coordinación entre los cuerpos de seguridad y la conciencia ciudadana la evitación de cualquier descontrol durante el desplazamiento masivo.

En su evaluación del estado de seguridad actual, destacó que la seguridad en Líbano es muy buena a pesar de las continuas agresiones israelíes en el sur, y señaló que las tasas de criminalidad se mantuvieron en niveles similares al año anterior, con una disminución de algunos delitos en ciertas zonas.

Resaltó que la política de seguridad preventiva aplicada por el ministerio ha dado resultados tangibles, especialmente en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas, y reveló que recientemente las fuerzas de seguridad detuvieron a un importante colaborador y a un alto responsable del Estado Islámico, lo que refleja la eficacia de la inteligencia y la acción anticipada de las fuerzas libanesas.

El ministro aseguró que no recibe presiones políticas en su labor, y aclaró que la comunicación con el presidente de la República y el primer ministro se limita a felicitaciones y reconocimientos tras operaciones de seguridad especiales, sin interferencias en la gestión del ministerio.

Subrayó que no existe protección política para ningún infractor, y afirmó que todas las fuerzas políticas entienden que los casos de terrorismo, narcotráfico y delitos graves no pueden ser protegidos ni encubiertos.

En cuanto a la lucha contra las redes de narcotráfico, indicó que este tema ha tenido prioridad en la acción estatal, y que la retirada de la protección política a los implicados junto con los recientes acontecimientos regionales han contribuido a logros importantes, como el desmantelamiento de laboratorios y redes, y la detención de grandes traficantes y prófugos.

Destacó que las fuerzas de seguridad libanesas trabajan en estrecha coordinación con organismos de seguridad árabes e internacionales, especialmente de los países del Golfo, además de la cooperación con las fuerzas sirias, y confirmó que el intercambio de información y las operaciones conjuntas han permitido frustrar redes, interceptar cargamentos y detener implicados en varios países.

En relación con la solución al problema penitenciario, explicó que, legalmente, las cárceles deberían estar bajo la administración del Ministerio de Justicia, y que planteó este asunto desde el primer día de su gestión, aunque reconoció que requiere preparativos.

Actualmente, la gestión de las cárceles está a cargo del Ministerio del Interior y Municipalidades a través de las fuerzas de seguridad interna, con recursos muy limitados, y el principal problema es el hacinamiento en las prisiones.

Para resolver el hacinamiento, señaló que se necesitan nuevas cárceles o cerrar algunas existentes, pero la construcción enfrenta grandes dificultades porque los países donantes no están dispuestos a financiar la edificación de prisiones, por lo que el problema persiste.

También atribuyó parte del problema a la lentitud en la emisión de sentencias judiciales, aunque aclaró que esta responsabilidad no recae en los jueces, ya que el cuerpo judicial sufre un déficit considerable y requiere apoyo.

Informó que se están realizando esfuerzos para aliviar la crisis, y que la mejor solución sería la aprobación de una ley de amnistía general propuesta por un grupo de diputados, esperando que se apruebe.

Sobre la posibilidad de que la sesión parlamentaria se suspenda y la ley no se apruebe, afirmó que nada está completamente descartado ni garantizado, y que la ley debe aprobarse de manera justa y equilibrada para levantar la injusticia sobre todos los afectados.

Manifestó que la preocupación del Ministerio del Interior y Municipalidades es ver a todos los delincuentes tras las rejas, y que las fuerzas de seguridad y los organismos hacen esfuerzos y sacrificios para detener a los responsables, por lo que les resulta difícil verlos fuera de prisión.

No obstante, reconoció que la difícil situación carcelaria ha llevado al ministerio a emitir una opinión favorable a la ley de amnistía a través del gobierno y el parlamento, como una forma de aliviar el hacinamiento y mejorar las condiciones humanas en las cárceles.

Señaló que la reapertura del tema no será próxima, ya que existe consenso sobre la necesidad de abordar los problemas mencionados, desde el hacinamiento hasta la eliminación de la injusticia, y que todas estas circunstancias hacen que la ley de amnistía sea una necesidad en esta etapa.

Respecto a los detenidos islámicos, indicó que en una reunión en el palacio gubernamental un miembro afirmó que quienes son entregados a las autoridades sirias son liberados allí, pero el ministro de Justicia aclaró que esto no es cierto, ya que quienes son entregados cumplen su condena en las cárceles sirias.

Actualmente, quedan alrededor de 90 detenidos sirios en Líbano.

En cuanto al retorno de los desplazados sirios, afirmó que el proceso no se ha detenido y continúa, y que el gobierno ha tomado decisiones importantes al respecto.

Mencionó que una comisión presidida por el vicepresidente del gobierno, de la cual él es miembro, implementó el plan aprobado y coordinó el retorno con ACNUR, intercambiando datos con el Ministerio de Asuntos Sociales, lo que permitió el regreso de un gran número de sirios.

Se han eliminado de la base de datos de ACNUR alrededor de 650 mil desplazados de un total de 1,4 millones, con el objetivo de regularizar la presencia siria en Líbano por vías legales y evitar que existan personas con estatus de desplazados.

El retorno continúa y el ministro indicó que tuvo contacto ese mismo día con el director general de la Seguridad General, quien fijó el 31 de julio de 2026 como fecha límite, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026 para facilitar los trámites de los desplazados que deseen regresar a Siria, y que si desean volver a Líbano deberán hacerlo por vías legales y reglamentarias, lo que incentivará a los sirios a regresar a su país.

Sobre la seguridad vial, agradeció la mención del papel de la comisión presidida por el ministro del Interior, que incluye a todos los ministerios involucrados, como Salud, Obras Públicas, Transporte, así como representantes de la sociedad civil, el poder judicial y otros, y que ha sido reactivada.

Reconoció que hubo fallos durante la última guerra, y que tras cada reunión se acordaban recomendaciones que se enviaban a los ministerios de Obras Públicas, Salud e instituciones competentes para organizar y asignar responsabilidades en un esfuerzo conjunto.

Se realizan reuniones periódicas en el Ministerio del Interior con gobernadores y cuerpos de seguridad para facilitar el tráfico y reubicar radares, y se registran numerosas infracciones por exceso de velocidad.

Se han corregido las señales de tránsito y las cámaras están conectadas a la sala de control de tráfico de la Autoridad de Gestión de Tráfico, que estuvo desatendida largo tiempo tras la explosión del puerto, pero que ha sido reactivada con financiación externa para cumplir funciones de seguridad y tránsito, vinculándose con la sala de control.

Se ha diseñado un plan para combatir las infracciones cometidas por motociclistas, que generan molestias a los ciudadanos y generan quejas diarias.

El ministro señaló que el problema de las motocicletas tiene varias dimensiones, incluyendo la económica, que ha llevado a muchas personas a usarlas para ahorrar combustible.

Se ha reactivado el artículo 12 de la ley de tránsito, que prohíbe la venta de motocicletas sin registro, y se ha observado un aumento considerable en el registro de motos, además de la reorganización de los libros de licencia de conducir.

Para las motocicletas, se prepara una decisión para destruir las motos retenidas tras tres meses si sus propietarios no regularizan su situación, y se trabaja en un enfoque sistemático que comienza con un cambio cultural en el respeto a las normas y la difusión de la concienciación.

Las medidas se aplican en todas las regiones, especialmente en Beirut debido a la crisis de tráfico y desplazados, y se ha elaborado un plan en coordinación con el gobernador de Beirut, la guardia municipal y la unidad de tránsito de la policía de Beirut.