La asociación de propietarios rechaza intentos de impedir la aplicación de leyes

La asociación de propietarios expresó su rechazo absoluto a cualquier interferencia en el trabajo del poder judicial o intentos de influir en los jueces durante el ejercicio de sus funciones, fundamentándose en el principio de independencia judicial y el respeto a la soberanía de la ley.

En un comunicado, la asociación también rechazó las convocatorias que solicitan la suspensión o paralización de la aplicación de leyes vigentes fuera de los procedimientos constitucionales y legislativos, ya que esto representa un atentado contra el principio del Estado de derecho y sus instituciones, además de fomentar el desorden legal y la desigualdad entre los ciudadanos.

La entidad condenó la persistencia en acusar a los jueces y señalarlos por supuestas faltas o errores simplemente por aplicar las normativas legales vigentes, recordando que el juez está obligado a aplicar la ley tal como está escrita. Cualquier objeción o demanda de modificación debe tramitarse a través del poder legislativo, no cuestionando ni dañando la reputación del sistema judicial.

Asimismo, afirmó que el derecho a la propiedad privada es un derecho constitucional protegido por la Constitución libanesa y la ley, y que no debe ser menoscabado o suspendido bajo ninguna excusa. Los propietarios han soportado durante más de cuarenta años cargas excepcionales y privaciones de sus derechos fundamentales, hasta que la justicia comenzó a actuar mediante la aplicación de las leyes vigentes y la restitución de los derechos arrebatados conforme a los procedimientos legales.

La asociación consideró inapropiado que ciertos sectores, que han intentado obstaculizar la ejecución de leyes y sentencias judiciales sin éxito, exijan al primer ministro y juez Nawaf Salam, quien juró respetar la Constitución y la ley, que actúe en contra de su conciencia nacional, jurídica y profesional, contribuyendo así a la injusticia contra los propietarios y privándolos de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes vigentes.

Subrayó que el respeto a las sentencias judiciales y la independencia del poder judicial son pilares fundamentales para proteger los derechos y preservar la justicia, y que cualquier intento de presionar al sistema judicial o inducir al poder ejecutivo a incumplir las leyes vigentes es completamente inaceptable.

Finalmente, hizo un llamado a las partes involucradas a utilizar un lenguaje legal responsable y a acudir a las instituciones constitucionales competentes, evitando campañas de presión, difamación y ataques, para preservar la dignidad del poder judicial, la confianza de los ciudadanos en él, proteger la aplicación de las leyes vigentes y consolidar el principio de seguridad jurídica, que constituye una base esencial en cualquier Estado que respete la Constitución y los derechos.