Líbano
El bloque parlamentario y ministerial de la República Fuerte, junto con el ejecutivo del Partido Fuerzas Libanesas, advirtió sobre la necesidad de remitir el caso de explosivos a la Corte de Justicia y criticó la demora en el pago de deudas eléctricas.

El bloque de la República Fuerte, en sus ramas parlamentaria y ministerial, junto con el Comité Ejecutivo del Partido Fuerzas Libanesas, celebró anoche una reunión presidida por el jefe del partido, Samir Geagea. Durante el encuentro, los asistentes abordaron las novedades de diversa índole, especialmente la remisión del caso de explosivos de Dar al-Baydar a la Corte de Justicia y el expediente eléctrico. Llegaron a las siguientes posiciones:
Primero: El caso de los explosivos de Dar al-Baydar contiene todos los elementos que hacen inevitable su remisión a la Corte de Justicia, sin ambigüedad ni margen para interpretaciones. Por un lado, nos encontramos ante una cantidad enorme de explosivos; por otro, ante una organización prohibida, cuya prohibición inmediata de todas sus actividades de seguridad y militares, consideradas ilegales, fue declarada por el gobierno el pasado 2 de marzo, obligándola a entregar sus armas al Estado libanés y solicitando a todos los aparatos militares y de seguridad tomar las medidas inmediatas necesarias para ejecutar esta decisión.
Dado que Hezbolá ha reconocido públicamente que estos explosivos le pertenecen, en desafío flagrante a la decisión del gobierno, alegar la espera de la finalización de las investigaciones para justificar la no remisión del expediente a la Corte de Justicia no se sostiene, especialmente porque estas acciones ponen en peligro la seguridad del país y de las personas, constituyen una amenaza para la seguridad nacional, violan la soberanía libanesa, desprecian al Estado y sus decisiones, y golpean adicionalmente su prestigio.
Los asistentes enfatizaron que la remisión de este caso a la Corte de Justicia debe realizarse sin ninguna dilación, y que cualquier retraso en la toma de esta decisión plantea serias interrogantes sobre el grado de compromiso del gobierno para implementar sus propias decisiones y salvaguardar el prestigio del Estado.
Segundo: Los asistentes consideraron que la dilación del gobierno, especialmente del Ministerio de Finanzas, en el pago de las deudas acumuladas del Estado, de todo tipo, a la Empresa de Electricidad del Líbano, amenaza con reducir las horas de suministro eléctrico al inicio de la temporada invernal, lo que agrava el sufrimiento de los libaneses y les impone cargas adicionales que no pueden soportar.
Señalaron que el ministro de Energía hace todo lo posible para aumentar las horas de suministro, pero alcanzar este objetivo sigue siendo imposible si el Ministerio de Finanzas no inicia el pago de las deudas debidas por el Estado a la Empresa de Electricidad del Líbano.
Exigieron al gobierno tomar medidas claras, radicales e inmediatas para pagar estas deudas, advirtiendo que cualquier reducción en las horas de suministro como resultado de la continua dilación hará responsable directo al gobierno de sus consecuencias, especialmente en medio de las difíciles condiciones de vida y económicas que enfrentan los libaneses.
Tercero: Los asistentes enfatizaron que la seguridad de los libaneses es una línea roja, y que basta con las calamidades y catástrofes que han sufrido como resultado de arrastrar al Líbano a una guerra destructiva basada en pretextos débiles, sin considerar los intereses del Estado y del pueblo libanés.
También subrayaron que garantizar el suministro eléctrico es un derecho fundamental de los ciudadanos y una línea roja que no debe ser descuidada o sacrificada, y que el gobierno debe asumir plenamente sus responsabilidades, tanto en la protección de los libaneses y la salvaguardia de su seguridad, como en la provisión de servicios básicos que garanticen un mínimo de condiciones para una vida digna.



