Líbano
Las entidades económicas piden al gobierno retirar nuevos impuestos para proteger la economía
Las entidades económicas instan al gobierno a anular la imposición de nuevos gravámenes sobre productos para evitar agravar la crisis económica y social en Líbano.

Las entidades económicas solicitaron al gobierno que revoque la decisión de imponer nuevos impuestos sobre una amplia gama de productos bajo el pretexto de cumplir con requisitos ambientales.
En un comunicado, reconocieron el esfuerzo del gobierno encabezado por Nawaf Salam en las circunstancias excepcionales que atraviesa Líbano, pero señalaron que la imposición de gravámenes adicionales significativos en esta etapa tan delicada sobre productos que afectan directa o indirectamente a todos los ciudadanos y sectores productivos resulta injustificada y fuera de lugar.
Destacaron que esta medida llega después del reciente impuesto sobre la gasolina, lo que incrementa la carga sobre el costo de vida y añade presión a una economía ya en declive.
Apoyando la protección ambiental y la búsqueda de soluciones sostenibles para la gestión de residuos, las entidades afirmaron que la resolución de este problema no debe hacerse mediante la imposición de nuevos impuestos que afecten a ciudadanos y sectores económicos.
Indicaron que Líbano atraviesa una etapa de colapso económico y social de gran gravedad, con los ciudadanos enfrentando una crisis de subsistencia severa y las instituciones y sectores productivos sufriendo una contracción sin precedentes.
Por ello, consideraron necesario adoptar políticas que incentiven la reactivación económica y no imponer más impuestos y gravámenes que podrían socavar las posibilidades de recuperación en una economía que se prevé se contraerá más de un 10% el próximo año.
Advirtieron que la imposición de esta carga financiera, estimada en ingresos de alrededor de 380 millones de dólares, solo profundizará las crisis económica y social, aumentará los costos de producción y precios, y debilitará el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Las entidades manifestaron su sorpresa por situar la cuestión ambiental, pese a su importancia y legitimidad, en contraposición a las prioridades económicas y sociales.
Reafirmaron que la protección del medio ambiente ha sido y sigue siendo un eje central en sus posiciones y seguimiento durante muchos años.
Señalaron que la prioridad absoluta en esta etapa debe centrarse en abordar la situación económica y social, garantizando las condiciones para la resistencia de los ciudadanos y la continuidad y competitividad de las instituciones, creando así la base necesaria para cualquier reforma sostenible, incluida la ambiental.
Subrayaron que el Estado dispone de múltiples alternativas para aumentar sus ingresos sin cargar a ciudadanos ni sectores productivos con cargas adicionales, entre ellas mejorar la eficiencia en la recaudación, combatir la evasión fiscal y regularizar la situación de instituciones ilegales que constituyen casi la mitad de la economía libanesa y no pagan impuestos ni gravámenes, privando así a las arcas públicas de ingresos significativos.
Además, destacaron la necesidad de que los verdaderos contaminadores y quienes dañan el medio ambiente asuman el costo de sus acciones.
Finalmente, las entidades urgieron al gobierno a retirar esta decisión con rapidez para detener la confusión generada en los mercados, y expresaron su plena confianza en el gobierno y su presidente en todos los esfuerzos sinceros que realizan para salvar a Líbano y encaminarlo hacia la recuperación y el progreso.
Asimismo, manifestaron su disposición total a participar en cualquier diálogo, taller o iniciativa que lance el gobierno para contribuir a diseñar soluciones científicas, prácticas y sostenibles para la gestión de residuos sólidos, que alcancen los objetivos ambientales deseados sin imponer cargas adicionales a los ciudadanos ni generar nuevas crisis para la economía.
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