Ministra de Educación: Problemas legales en la decisión del Consejo de Estado

El despacho de comunicación de la ministra de Educación y Enseñanza Superior, la doctora Riima Karamé, indicó en un comunicado que "la cartera sigue de cerca la decisión emitida por el Consejo de Estado de suspender la aplicación de la resolución sobre la fijación de fechas de los exámenes oficiales para candidatos libres, especialmente tras consultar a la Junta de Legislación y Asesoría, que confirmó la posibilidad de establecer dichas fechas. La cartera reitera su pleno respeto hacia el poder judicial y sus decisiones".

En el comunicado se afirmó: "Esta decisión genera una serie de cuestiones legales y prácticas sorprendentes y preocupantes que merecen detención:

¿Es permitido a la administración, como entidad encargada de aplicar las leyes, negarse a cumplir con una ley vigente aprobada por el Parlamento, publicada y promulgada conforme a los trámites legales, cuando no posee ninguna autoridad para modificarla ni ampliar su interpretación?

¿Es razonable imputar a la administración la responsabilidad de aplicar una ley, mientras los actas de la sesión plenaria del Parlamento demuestran contundentemente que el legislador discutió el tema de las solicitudes libres y decidió explícitamente excluirlas del ámbito de la Ley 48/2026?

¿Puede la supervisión sobre la decisión administrativa convertirse en una revisión del criterio legislativo adoptado por el Parlamento con claridad, si el rol de la administración se limita estrictamente a ejecutar la ley, no a reformularla?

¿Puede calificarse de abuso de poder el papel de la administración al establecer las fechas de examen, tal como lo confirmó la Junta de Legislación y Asesoría? ¿Entonces, ¿qué entidad tiene ahora la facultad para fijar las fechas de los exámenes tras la suspensión de la resolución que las había definido?

¿Y es aceptable destruir el último valor de la certificación oficial al otorgar documentos a personas que no están incluidas en la ley, que no siguieron el proceso educativo ni siquiera realizaron ningún estudio o evaluación exigidos por el legislador?

¿Cómo puede esperarse que el Ministerio de Educación cumpla con su deber si se encuentra hoy entre una decisión judicial que suspende la fijación de fechas de exámenes y una interpelación parlamentaria a la gobierno por la falta de definición de dichas fechas?

¿Cómo puede la administración conciliar su obligación de respetar la decisión judicial con la exigencia simultánea de tomar una medida que ya se ha vuelto imposible de aplicar y que se considera ilegal? Si la administración está prohibida de aplicar la ley, ¿cómo se espera que cumpla con sus responsabilidades frente a los ciudadanos?"

El despacho de comunicación de la ministra concluyó afirmando que "estas cuestiones no buscan generar ningún debate, sino presentarlas ante la opinión pública y el poder judicial, partiendo del compromiso con el respeto a la ley y al principio de separación de poderes".

Por estas razones, el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior presentará una solicitud de reconsideración de la decisión, presentando al Consejo de Estado las bases jurídicas que demuestran que el ministerio solo ha aplicado la voluntad del legislador tal como se establece en la Ley 48/2026, esperando una nueva evaluación que garantice una correcta aplicación de la ley, preserve el normal funcionamiento de la administración y proteja la dignidad de la certificación oficial".