Riad Salameh y la Ley de Amnistía General: ¿Anula la ley las persecuciones contra el exgobernador del Banco Líbano?

Si quisiéramos analizar en detalle las modificaciones introducidas por el Consejo Constitucional a la Ley de Amnistía General, escribiríamos volúmenes enteros sobre el tema, especialmente después de la tormenta política desatada por algunos diputados del parlamento libanés que no otorgan importancia a una ley que está por encima de todos y de sus propias cabezas, solo para absolver a algunos asesinos y terroristas y sacarlos de prisión, en un estado donde los libaneses, antes que Oriente y Occidente, quieren que se combata la corrupción y a los criminales, y no que algunos de sus diputados sean precisamente los corruptos.

Para no extendernos demasiado, analizaremos hoy el mapa de los expedientes judiciales, la solicitud de extinción de la acción pública y los límites del beneficio derivado de la Ley de Amnistía n.º 70/2026, particularmente en lo que respecta a Riad Salameh, exgobernador del Banco del Líbano.

La solicitud de amnistía no es una sentencia de anulación de la persecución
Cuando el abogado de una persona perseguida por delitos financieros presenta una solicitud para beneficiarse de la Ley de Amnistía General, el primer paso no es declarar la caída de los cargos, sino identificar los delitos incluidos en la solicitud, los textos legales en los que se basa la persecución y luego comparar todo ello con las excepciones previstas en la ley y con la interpretación aprobada por el Consejo Constitucional.

Esta distinción es necesaria en el caso de Riad Salameh, exgobernador del Banco del Líbano, quien enfrenta múltiples expedientes judiciales dentro y fuera del Líbano. La información publicada el 15 de octubre de 2026 indicaba que su representante había solicitado la extinción de la acción pública respecto a ciertos delitos basándose en la Ley de Amnistía n.º 70/2026, mientras que la sesión fue aplazada hasta el 3 de diciembre de 2026. Este paso no significa que la solicitud haya sido aceptada, ni que el tribunal haya decidido anular ningún cargo, ni que todos los expedientes que la justicia sigue contra Salameh estén cubiertos por dicha solicitud.

La redacción jurídica precisa aquí es importante: nos encontramos ante una solicitud defensiva pendiente de resolución, no ante un resultado judicial definitivo. Además, la noticia disponible habla de "ciertos" delitos y no especifica en el texto publicado una lista completa y definitiva de todos los cargos cuya anulación solicitó la defensa. Por lo tanto, no debemos atribuir a la solicitud un alcance más amplio del que confirman las informaciones disponibles.

Pero el mero hecho de presentar la solicitud abre una pregunta legal crucial: ¿Permite la Ley de Amnistía anular persecuciones relacionadas con corrupción financiera, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, o caen estos delitos dentro de las excepciones que el legislador mantuvo fuera de la amnistía, y cuyo alcance confirmó posteriormente el Consejo Constitucional en su decisión n.º 12 emitida el 12 de octubre de 2026?

Para responder, es necesario volver a los textos legales, sin limitarse al titular que acompañó la noticia.

¿Un solo expediente o varios?
Uno de los errores que deben evitarse al tratar el caso de Salameh es considerarlo como un único litigio con hechos y cargos idénticos. La información judicial publicada hasta septiembre y octubre de 2026 apunta a varias vías procesales, distintas en su objeto y etapa procedimental, aunque algunas acusaciones se solapen entre ellas.

Entre estas vías destaca el caso de la empresa «Forry Associates», relacionado con transferencias y comisiones pagadas desde cuentas del Banco del Líbano a una compañía propiedad del beneficiario real, el hermano de Salameh, Raja Salameh, entre 2002 y 2015. Las investigaciones giran en torno a comisiones que superaron los 330 millones de dólares, con sospechas sobre el traslado de partes de esos fondos a través de cuentas y empresas vinculadas a ambos hermanos. En este expediente se han formulado acusaciones relacionadas con malversación, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero el informe publicado sobre el estado del caso señaló que aún no había concluido con una sentencia firme.

También existe el caso de los bienes inmuebles en Francia, incluyendo propiedades en París vinculadas a relaciones contractuales entre el Banco del Líbano y una empresa asociada a una antigua socia de Salameh. Las sospechas en este expediente incluyen lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y el caso fue remitido a la Corte de Apelaciones Penal de Jounieh, con una próxima audiencia fijada para enero de 2027, según la información publicada.

El expediente más reciente se refiere a una denuncia presentada por el Banco del Líbano en enero de 2026 sobre una operación financiera que data de 2010, relacionada con la compra de acciones del Banco Audi mediante bonos emitidos por una empresa en las Islas Caimán. El 10 de agosto de 2026, el Fiscal de Apelaciones de Beirut formuló cargos contra Salameh y contra el exdirector ejecutivo del Banco Audi, Samir Hanna, relacionados con sospechas de malversación de fondos públicos. Posteriormente, las actuaciones se ampliaron para incluir presuntas violaciones de la Ley Monetaria y de Crédito.

Los informes indican que la esencia de la disputa en este expediente radica en la legitimidad de la inversión realizada por el Banco del Líbano de esta manera. Mientras la defensa se basa en el papel del banco central para proteger la estabilidad financiera, la parte acusadora sostiene que la operación excedió las facultades permitidas por la ley, salvo que existiera una situación excepcional que amenazara al sector bancario.

Estos expedientes no son idénticos, y no se pueden agrupar bajo un solo cargo ni asumir que su destino judicial será el mismo. Cada expediente se basa en hechos diferentes, pruebas distintas y textos legales cuyos elementos pueden variar. Asimismo, la existencia de una acusación en un expediente no implica su confirmación en otro, ni dispensa del examen de la etapa procesal alcanzada en cada uno.

¿Qué cambia la Ley de Amnistía en estos expedientes?
El artículo segundo de la Ley de Amnistía General n.º 70/2026 establece la exclusión de categorías de delitos financieros y bancarios, entre ellos los delitos contra el patrimonio público, aquellos relacionados con la Ley Monetaria y de Crédito y las leyes bancarias, los delitos de enriquecimiento ilícito definidos en el texto, los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y los crímenes vinculados a los fondos de los depositantes y los delitos bancarios de toda índole.

Pero la aplicación de estas excepciones al caso de Salameh requiere algo más que la mera existencia de acusaciones financieras. Es necesario determinar la calificación jurídica de cada acto imputado, el texto legal en el que se basa la persecución y si dicho acto constituye un delito excluido de la amnistía según el texto original y la lectura vinculante del Consejo Constitucional.

Si alguna de las persecuciones se refiere a un delito de corrupción, malversación de fondos públicos o lavado de dinero dentro del ámbito excluido por la ley, no se puede suponer que esté cubierta por la amnistía simplemente porque la cláusula que lo describe específicamente no aparece en la solicitud o no se menciona en el titular del caso. A la inversa, tampoco se puede asumir que todas las persecuciones contra la misma persona están excluidas automáticamente sin revisar la naturaleza de cada cargo individualmente.

Esta es la diferencia entre mirar el nombre de la persona y mirar el delito. La amnistía general, según la lógica adoptada por el Consejo Constitucional, se refiere al delito definido por la ley, no a otorgar una inmunidad personal integral a cualquiera que solicite beneficiarse de ella.

¿Por qué se volvió crucial la decisión del Consejo Constitucional?
La decisión n.º 12 del Consejo Constitucional fue emitida el 12 de octubre de 2026, tras la impugnación de la Ley de Amnistía. Al examinar la exclusión de los delitos de corrupción, el Consejo rechazó la interpretación restrictiva que limitaba los delitos excluidos a lo dispuesto en los párrafos noveno y décimo del artículo segundo, y decidió que la excepción abarca todos los delitos de corrupción previstos en las leyes vigentes y en los convenios internacionales ratificados por el Líbano, tanto en el sector público como en el privado, e incluye a todos los implicados independientemente de su condición.

Esto significa que la excepción no se limita al funcionario público o a quien ostenta una posición oficial. Puede incluir al socio, intermediario, beneficiario o cualquier otro partícipe, siempre que se demuestre su responsabilidad en un delito de corrupción incluido en el ámbito de la excepción.

Esta interpretación cobra especial relevancia en los complejos expedientes financieros donde los roles pueden distribuirse entre empleados, responsables, instituciones financieras, empresas y personas que se benefician de las operaciones. La diferencia de condición o rol no basta, por sí sola, para excluir a un partícipe del ámbito de la excepción si el delito en el que contribuyó está cubierto por ella.

Pero la decisión no resuelve por sí misma la responsabilidad de Salameh respecto a ninguno de los hechos imputados. Define el marco jurídico que los tribunales deben aplicar al considerar la solicitud de amnistía, mientras que la determinación de los hechos, los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad de las personas siguen siendo competencia del poder judicial que examina cada expediente.

Resultado preliminar: No se debe anticipar la decisión del tribunal
A la luz de lo anterior, no es correcto afirmar que Salameh se ha beneficiado de la Ley de Amnistía, ni que todos los expedientes que enfrenta han sido resueltos legalmente con la simple emisión de la decisión del Consejo Constitucional. Lo que sabemos es que se presentó una solicitud para extinguir la acción pública respecto a ciertos delitos, que una sesión fue aplazada al 3 de diciembre de 2026, y que la ley y la decisión del Consejo contienen amplias exclusiones para los delitos de corrupción, patrimonio público, delitos bancarios y lavado de dinero.

El resultado final dependerá de los delitos específicos incluidos en la solicitud, de la calificación jurídica adoptada en cada expediente y de la decisión que emita el tribunal. No se pueden sustituir estos pasos por una conclusión periodística, por muy graves que sean las acusaciones o importante que sea la persona involucrada.

Pero la decisión del Consejo Constitucional impone un límite claro a cualquier interpretación amplia de la amnistía: no se puede suponer que un delito de corrupción quedó cubierto por ella simplemente porque no fue mencionado literalmente en los párrafos noveno y décimo. Esto hace que el estudio de la solicitud de la defensa, a la luz del texto completo de la ley y de la decisión constitucional, sea una necesidad jurídica y no un mero debate mediático.

"Al Nashra"