"La seguridad alimentaria está amenazada": un clamor al gobierno para que establezca un plan urgente

El presidente de la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores del Líbano, Maroun Al-Khouri, responsabilizó al gobierno de "agravar el colapso en las condiciones de vida", considerando que "el aumento del índice de precios al consumo en un 17.53% anual en septiembre de 2026, según los datos de la Administración Central de Estadística, constituye una seria advertencia social y económica que no debe tratarse como una cifra estadística pasajera o como una consecuencia inevitable de las circunstancias regionales".

Al-Khouri consideró, en un comunicado, que "el Líbano ya no enfrenta una ola temporal de carestía, sino una crisis integral que agota los salarios, golpea el poder adquisitivo y amenaza la seguridad alimentaria y social". Señaló que "la continuación de la gestión de la crisis mediante políticas de parcheo, sin un plan de rescate claro ni medidas ejecutivas urgentes, representa una renuncia a los deberes constitucionales y sociales del Estado, mientras que los trabajadores, las personas con ingresos limitados y las familias libanesas pagan el precio del colapso con su sustento diario".

Rechazó "utilizar las crisis regionales como excusa para justificar la descontrolada subida de precios", señalando que "la disparidad en las tasas de inflación entre el Líbano y otros países de la región, como Jordania, donde la inflación alcanzó aproximadamente el 2.66% según las cifras mencionadas, impone una rendición de cuentas seria sobre los factores internos que agravan la crisis, encabezados por la debilidad de la supervisión, el monopolio, la ausencia de competencia real, la disrupción de las cadenas de suministro y la ineficacia de las políticas económicas y sociales". Afirmó que "esta comparación no anula el impacto de las circunstancias externas, pero demuestra que la magnitud de la crisis libanesa requiere abordar los desequilibrios internos en lugar de escudarse en justificaciones generales".

Hizo hincapié en que "la libertad de mercado no significa libertad para explotar al ciudadano, y que el papel del Estado no se limita a recaudar impuestos y tasas, sino que incluye proteger al consumidor, garantizar la competencia, combatir el monopolio y la manipulación de precios, y sancionar a los infractores". Advirtió que "dejar los mercados sin una supervisión eficaz convierte al ciudadano en el eslabón más débil y socava la confianza en el Estado y sus instituciones".

Exigió al gobierno "anunciar un plan de emergencia económica y social, y establecer un plan urgente que incluya: activar la supervisión sobre importaciones, distribución, fijación de precios y márgenes de beneficio; combatir el monopolio y la manipulación; remitir a los infractores a la justicia; revisar los salarios y prestaciones sociales teniendo en cuenta la inflación y el costo de vida; proteger a los grupos más vulnerables mediante medidas directas que reduzcan el aumento del costo de bienes y servicios esenciales, especialmente transporte, educación, energía y telecomunicaciones; publicar datos periódicos sobre precios, márgenes de beneficio y resultados de la supervisión; y definir las responsabilidades de las entidades competentes y exigirles cuentas por negligencia".

Concluyó: "Se requiere un Estado que proteja al ciudadano, no una autoridad que observe el colapso de su capacidad de vivir; un Estado que regule el mercado, castigue a los monopolistas y establezca un plan de rescate ejecutable con plazos claros. Continuar ignorando los indicadores y las advertencias constituye una dimisión de la responsabilidad nacional y deja a los libaneses solos frente al costo del colapso".