EE.UU. desarticula red de más de mil bodas fingidas para obtener residencia

Las autoridades estadounidenses detuvieron el miércoles a once individuos acusados de orquestar más de mil matrimonios simulados, la mayoría de ellos entre nacionales chinos y ciudadanos estadounidenses, con el propósito de acceder a la residencia permanente en el país.

La mayor operación de fraude matrimonial registrada

Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, calificó el caso como “una de las mayores investigaciones de fraude vinculado al matrimonio en la historia del país”.

Según explicó, la estrategia gubernamental no se limita a controlar los cruces fronterizos irregulares, sino que incluye también la desarticulación sistemática de redes diseñadas para evadir las normas migratorias vigentes.

Pagos millonarios por bodas falsas

Las indagaciones revelaron que ciudadanos chinos pagaban hasta 100.000 dólares por la organización de un matrimonio con un estadounidense, lo que les permitía solicitar formalmente la tarjeta de residencia permanente —conocida como “green card”— y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Por su parte, cada ciudadano estadounidense participante recibía hasta 30.000 dólares como contraprestación por su implicación en la ceremonia fingida.

Blanche subrayó que la trama no constituía una actividad esporádica ni circunstancial, sino un esquema estructurado que se prolongó durante varios años y generó ingresos multimillonarios.

Perfil de los detenidos y alcance del plan

Entre los arrestados figuran diez ciudadanos estadounidenses de origen chino y una persona con estatus de residente permanente.

El fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Jamie McDonald, indicó que los acusados, junto con cómplices cuyas identidades no han sido reveladas, planearon y ejecutaron más de mil uniones matrimoniales ficticias en los últimos diez años.

Además, reclutaron a ciudadanos estadounidenses para intervenir en dichos matrimonios, organizando ceremonias completas que incluían oficiantes autorizados, vestimenta nupcial, fotógrafos y asistentes, todo con el objetivo de simular autenticidad ante las autoridades migratorias.

Los imputados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude relacionado con el matrimonio y la inmigración, delito castigable con hasta cinco años de prisión, así como por conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros, sancionable con un máximo de diez años de encarcelamiento.