·
·
Tuesday, 13 October 2026dailybeirut.com
Varios
El consejo de Redbridge indemniza con 20.000 libras a un hombre con discapacidad tras obligarlo a dormir en la calle por falta de baño adaptado.
La administración local de Redbridge ha acordado abonar una compensación económica de 20.000 libras esterlinas a un residente con movilidad reducida, después de que las condiciones de su alojamiento le impidieran atender sus necesidades básicas y lo forzaran a pernoctar en la vía pública junto a su cónyuge. El acuerdo pone fin a un litigio iniciado por el afectado, quien denunció violaciones a la legislación sobre derechos humanos e igualdad ante la imposibilidad de utilizar servicios higiénicos o cocinas accesibles para silla de ruedas en su domicilio asignado.
Según información publicada por The Independent, el demandante padece parálisis en la parte inferior del cuerpo y conserva la funcionalidad de solo un brazo. Antes de recibir asistencia social, vivía en situación de calle hasta que los equipos del consejo le proporcionaron una vivienda. Sin embargo, este inmueble carecía de instalaciones sanitarias, cocina o lavandería aptas para usuarios de silla de ruedas, lo que generaba obstáculos insalvables para su vida diaria.
Su esposa asumió posteriormente la responsabilidad de ofrecerle cuidados esenciales, pero las normativas del centro restringían su permanencia al horario de visitas, comprendido entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde. Esta limitación administrativa provocó que el hombre prefiriera dormir en la intemperie junto a ella antes que quedarse aislado en el alojamiento inadecuado durante la noche.
En noviembre de 2024, el afectado interpuso una solicitud de revisión judicial contra el consejo, representado por el bufete Bindmans. Este proceso derivó en un compromiso oficial para evaluar sus requerimientos mediante un terapeuta ocupacional y ejecutar las mejoras recomendadas. No obstante, la reubicación efectiva nunca se materializó; en su lugar, las autoridades sugirieron que dejara de usar el baño convencional y recurriera a una silla de ducha portátil dentro de su dormitorio, contando únicamente con la ayuda de su pareja.
A pesar de que un especialista independiente, contratado por los abogados, instó al traslado inmediato a una residencia acorde a sus capacidades físicas, el organismo público no ofreció ninguna alternativa habitable. Ante esta inacción, en julio de 2025 se presentó una segunda demanda urgente acusando al consejo de infringir tanto la normativa de atención como los derechos fundamentales del individuo. Tras este nuevo recurso, la institución aceptó finalmente proveer una vivienda totalmente equipada para el uso de silla de ruedas.
La reclamación por daños bajo las leyes de igualdad y derechos humanos fue canalizada hacia el tribunal de distrito, donde concluyó con el pago de la suma mencionada, según detalló la firma legal. La abogada Emma Payne calificó la situación residencial del cliente como "aterradora" y subrayó el impacto profundo que tuvo en su bienestar. Asimismo, indicó que el despacho exigió explicaciones al consejo y medidas correctivas para evitar futuros incidentes similares.
Por su parte, un portavoz de la autoridad local expresó su arrepentimiento por no haber cumplido con los estándares de dignidad, respeto y cuidado exigidos, reconociendo el sufrimiento causado. El representante reiteró el compromiso de la entidad para revisar los errores cometidos y optimizar el sistema de apoyo dirigido a los residentes vulnerables.
