Italia y España imponen multas por el uso del velo integral

Las políticas migratorias y de integración han generado un intenso debate jurídico y político en Europa. Tanto Italia como España han implementado medidas restrictivas sobre el uso del burka y el niqab en espacios públicos e instituciones educativas, elevando la tensión entre la seguridad nacional y las libertades individuales.

Restricciones escolares italianas

La administración liderada por Giorgia Meloni aprobó un decreto que veta el velo facial completo en los centros educativos. La normativa establece límites específicos para la presencia de estudiantes extranjeros, buscando facilitar su adaptación al sistema académico local mediante controles lingüísticos más estrictos.

El texto legal fija un tope del 30% para alumnos sin dominio del italiano en cada aula. Si se detectan dificultades graves de integración, los servicios sociales intervendrán y obligarán a los padres a asistir a cursos gratuitos de idioma. El incumplimiento de esta asistencia acarrea multas de hasta 1.000 euros.

Meloni justificó la prohibición argumentando razones de seguridad nacional. Según la primera ministra, forzar a mujeres o niñas a cubrirse el rostro les priva de derechos fundamentales y obstaculiza su inserción social. Por su parte, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, señaló que la falta de competencia lingüística frena el progreso escolar.

Valditara reveló que existen aproximadamente 34.000 clases donde la proporción de estudiantes extranjeros supera el límite establecido. Aclaró que el decreto afecta principalmente a los recién llegados, aunque organizaciones como Save the Children criticaron la medida. Esta entidad advirtió que segregar por nacionalidad o nivel de lengua podría crear un sistema educativo de dos velocidades.

Ordenanza municipal en Lérida

En Cataluña, el ayuntamiento de Lérida votó a favor de prohibir la circulación con objetos que cubran totalmente el rostro. La iniciativa salió adelante con 16 votos a favor y 11 en contra, gracias a una coalición inusual entre el Partido Socialista Catalán, Vox y Junts per Catalunya.

Para evitar impugnaciones legales, la redacción no menciona explícitamente el burka o el niqab, pero su aplicación directa busca impedir estas prendas. Se contemplan excepciones para prácticas religiosas o usos socialmente aceptados, además de sanciones económicas para quienes infrinjan la norma.

Fèlix Larrosa, alcalde de la ciudad, defendió la decisión bajo la premisa de que la convivencia requiere respeto mutuo y cumplimiento de las reglas establecidas. Este movimiento recuerda a la prohibición de 2010, cuando Lérida fue pionera en vetar el velo islámico. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló aquella ordenanza en 2013 tras un recurso presentado por una asociación islámica.

Los jueces determinaron entonces que la restricción vulneraba la libertad religiosa y excedía las competencias municipales. Las nuevas regulaciones reflejan un cambio en el panorama político europeo, donde las leyes locales chocan frecuentemente con los principios de integración comunitaria y derechos humanos.