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Arabia Saudita impone controles estrictos sobre el oro y joyas en fronteras
Arabia Saudita endurece las normas para declarar oro y joyas al entrar o salir del país, con multas y controles reforzados.

La actualización del reglamento ejecutivo del sistema contra el lavado de dinero en Arabia Saudita introduce medidas más rigurosas de control y declaración para los viajeros que ingresan o salen del país.
Según la nueva normativa, quienes transporten lingotes de oro, metales preciosos, piedras preciosas o joyas con un valor superior a 40.000 riales deben presentar una declaración aduanera al entrar o salir de Arabia Saudita.
Esta declaración debe realizarse por escrito y acompañarse de la factura de compra que acredite el valor declarado. Si se determina que los bienes tienen un carácter comercial, se aplicarán las disposiciones del sistema aduanero unificado.
La Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas está facultada para retener los fondos o metales no declarados o sospechosos hasta por 72 horas, y los casos relacionados con sospechas de lavado de dinero serán remitidos a las autoridades competentes.
El reglamento establece sanciones económicas que oscilan entre el 10% y el 25% del valor de los bienes confiscados en la primera infracción, aumentando hasta el 50% en caso de reincidencia, además de la remisión de casos sospechosos a la vía penal.
Se adoptó un enfoque basado en la evaluación de riesgos, obligando a las instituciones financieras y a las profesiones y actividades no financieras a realizar evaluaciones periódicas de riesgos de lavado de dinero que consideren clientes, productos, países y canales de operación.
Asimismo, se enfatiza la diligencia debida con los clientes mediante la verificación de identidad y del beneficiario real antes de iniciar cualquier relación comercial, identificando al propietario beneficiario que posea o controle al menos el 25% de la entidad, con seguimiento continuo y la posibilidad de rechazar operaciones si no se puede verificar esta información.
En cuanto a las transferencias financieras, la normativa exige que se proporcionen datos completos tanto del remitente como del beneficiario, prohibiendo cualquier transferencia que carezca de información básica, con obligación de reportar inmediatamente las operaciones sospechosas y garantizando protección legal a los denunciantes.
La unidad de investigaciones financieras cuenta con facultades ampliadas para analizar reportes, solicitar información y suspender operaciones sospechosas hasta por siete días hábiles, fortaleciendo la eficacia de la supervisión financiera y la protección del sistema económico.
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