Con el aumento de las ejecuciones, las autoridades iraníes restringen el trabajo de los abogados

Crece la preocupación en organizaciones de derechos humanos y abogados iraníes por el aumento de las sentencias de muerte en Irán, en medio de acusaciones contra las autoridades por restringir el trabajo de los abogados que defienden a los acusados en casos políticos y de seguridad, según un informe de Radio Francia Internacional (RFI).

El informe señala lo que las organizaciones de derechos humanos describen como una "escalada sin precedentes" en el uso de la pena de muerte en Irán.

Y afirmó que el aumento de la frecuencia de las ejecuciones en Irán va acompañado de presiones que las autoridades imponen a los abogados que defienden a los acusados en los casos pendientes.

El informe dice que los abogados que llevan casos de acusados en expedientes políticos o relacionados con las protestas de enero de 2026 están enfrentando presiones crecientes, que incluyen citaciones de seguridad, amenazas de persecución y la imposición de restricciones a su trabajo.

Estas presiones han llevado a algunos abogados a abstenerse de asumir casos o a guardar silencio por temor a sufrir sanciones.

Radio Francia Internacional citó en su informe a abogados iraníes que dicen que los acusados en algunos casos se ven privados de elegir un abogado independiente, o no se permite a sus abogados acceder completamente al expediente del caso o comunicarse adecuadamente con sus clientes antes del juicio.

El informe señala que muchos casos son vistos ante los llamados "tribunales revolucionarios" en Irán, con sentencias de muerte dictadas en períodos de tiempo cortos, lo que las organizaciones de derechos humanos consideran una violación de los estándares de un juicio justo.

El informe vinculó el aumento de las ejecuciones con la campaña de seguridad que siguió a las protestas de enero de 2026, explicando que varios condenados a muerte fueron declarados culpables de cargos como "moharebeh" o "corrupción en la tierra" o de asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

El informe se basó en datos de organizaciones de derechos humanos que indican que el número de ejecuciones sigue aumentando durante 2026, con advertencias de que decenas de otros prisioneros corren el riesgo de que se ejecuten las sentencias en su contra pronto.

Señaló que expertos de Naciones Unidas pidieron a las autoridades iraníes que anulen las sentencias de muerte dictadas contra 12 jóvenes condenados en relación con las protestas de enero, expresando su preocupación por alegaciones sobre la privación de su derecho a la defensa, la dependencia de confesiones que se dice fueron obtenidas bajo coacción, y la celebración de sesiones de juicio colectivo que no cumplen con los estándares de justicia.

Por su parte, las autoridades iraníes insisten en que estas sentencias se basan en delitos graves, incluido el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad o la ejecución de actos de violencia, y niegan las acusaciones sobre la falta de procedimientos legales, afirmando que los juicios se llevaron a cabo de acuerdo con las leyes iraníes.

Cabe recordar que Irán experimentó una ola amplia de protestas populares que comenzaron a finales de diciembre de 2025 y se intensificaron significativamente durante enero de 2026, extendiéndose a decenas de ciudades iraníes.

Los motivos principales de las protestas fueron: la crisis económica aguda, el colapso del valor de la moneda iraní y el aumento abrupto de los precios en el país.