Congreso español aprueba medidas contra desahucios tras caso Abascal

El Parlamento español ha dado luz verde este jueves a un paquete legislativo que impone nuevas barreras frente a los desalojos de viviendas y busca mejorar la accesibilidad del mercado inmobiliario. Esta decisión llega después de semanas de protestas masivas y una huelga general que han sacudido al país, generando presión suficiente para adelantar la convocatoria electoral prevista originalmente para 2027.

A pesar de la aprobación de estas salvaguardas, los diputados han rechazado la renovación automática de los contratos de arrendamiento, una de las demandas centrales de los colectivos activistas. La oposición conservadora, que lidera la mayoría de las encuestas previas a los comicios del 29 de noviembre, ha prometido derogar estas normas si obtiene el poder.

El detonante social: el caso Maricarmen Abascal

Si bien la crisis de vivienda es estructural en España, la indignación popular se disparó con el desahucio de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años expulsada de su hogar histórico en Madrid durante septiembre. Su fallecimiento posterior convirtió el drama personal en un símbolo nacional de la injusticia habitacional.

Como respuesta a esta ola de malestar, el gobierno socialista de Pedro Sánchez intentó aprobar dos decretos urgentes que ofrecían mayor protección a los inquilinos frente a los lanzamientos y establecían la prórroga obligatoria de los alquileres. Sin embargo, la falta de mayoría absoluta en la cámara impidió su tramitación inicial, lo que llevó al presidente a disolver las Cortes y llamar a elecciones generales anticipadas.

Movilizaciones y estrategia parlamentaria

El miércoles anterior a la votación, cientos de miles de ciudadanos secundaron una huelga general convocada por los sindicatos para exigir vivienda digna, mejores salarios y servicios públicos robustos. Ante el bloqueo previo, Sánchez emitió nuevos decretos casi idénticos a los rechazados, pero optó por someterlos a debate en la Diputación Permanente, un órgano reducido que facilita la aprobación rápida sin necesidad de un pleno completo.

Este mecanismo institucional, compuesto por 69 miembros incluyendo diputados y el presidente de la cámara, refleja proporcionalmente la composición de los 350 escaños del Congreso. La configuración actual neutraliza el peso decisivo que tenía anteriormente el partido independentista catalán Junts, cuyos siete votos contrarios bloquearon los primeros textos; ahora, su representación en este órgano permanente se limita a un solo miembro.

Contenido de las nuevas restricciones

Las medidas finalmente aprobadas incluyen prohibiciones específicas para el lanzamiento de inquilinos pertenecientes a grupos vulnerables si no se les garantiza una alternativa habitacional hasta finales de 2030. Asimismo, se imponen límites a la actividad de los grandes fondos de inversión que adquieren propiedades a precios bajos con fines especulativos.

Estos cambios responden parcialmente a las reivindicaciones surgidas tras el desalojo de Abascal, cuya vivienda fue recuperada por una inmobiliaria tras aplicar subidas abusivas en la renta. El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, critica duramente estas intervenciones argumentando que distorsionan el mercado inmobiliario. En su lugar, proponen incentivar la construcción nueva como vía para resolver la escasez de oferta.