EE.UU. sanciona a Defensa de Ruanda por su apoyo al M23 en Congo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha activado medidas punitivas contra el Ministerio de Defensa de Ruanda. La decisión busca intensificar la presión sobre Kigali para que retire sus efectivos militares de la vecina República Democrática del Congo (RDC) y cese el respaldo logístico a los grupos armados rebeldes que operan en la región oriental congoleña.

La acción se produce mientras persisten los combates, pese a la vigencia de un acuerdo mediado por Washington entre ambas naciones africanas. Según reportó Bloomberg, esta maniobra forma parte de una estrategia más amplia de contención diplomática y económica dirigida a las autoridades ruandesas.

Objetivos específicos de las nuevas restricciones

Junto a la institución gubernamental, las sanciones alcanzan a la firma "Zigama Credit and Savings", una entidad financiera con sede en Ruanda. El gobierno estadounidense justifica esta medida alegando vínculos directos con el movimiento rebelde conocido como M23, así como con su brazo político, la Alianza del Río Congo.

Estos grupos han logrado controlar vastas extensiones de territorio en el este de la RDC. La inclusión de la empresa financiera en la lista negra responde a la necesidad de cortar canales de financiación utilizados por la insurgencia para sostener sus operaciones militares y políticas.

Contexto del acuerdo firmado en 2025

Las actuales tensiones remontan a diciembre de 2025, cuando los líderes de Ruanda y la RDC rubricaron un pacto durante una ceremonia presidida por Donald Trump. Este marco de entendimiento fue diseñado para estabilizar la zona fronteriza y regular las actividades económicas conjuntas.

Una borrador del marco económico asociado establecía compromisos para trabajar con terceros, incluida Estados Unidos, en la renovación de cadenas de suministro de minerales y la implementación de reformas estructurales. No obstante, la aplicación efectiva de estos puntos sigue siendo objeto de disputa entre las partes.

Trump ha citado repetidamente este tratado como evidencia de su capacidad para resolver conflictos internacionales. Sin embargo, la realidad sobre el terreno contradice esa narrativa, ya que la violencia armada no ha cesado desde la firma del documento.

Declaraciones oficiales y antecedentes

Scott Bessent, secretario del Tesoro, emitió un comunicado afirmando que EE.UU. cumple así con la promesa del presidente de exigir responsabilidad a Ruanda bajo los acuerdos de paz y prosperidad de Washington. Bessent subrayó la urgencia de detener el apoyo al M23 y retirar las tropas del suelo congoleño.

No es la primera vez que la administración toma cartas en el asunto este año. Previamente, fueron incluidos en listas negras miembros de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, altos ministros y funcionarios vinculados al mando militar del M23. En junio, también se sancionó a la refinería local Gazapo Gold Refinery por procesar oro robado en la zona de conflicto.

Reacciones diplomáticas y advertencias sectoriales

Yolande Makolo, portavoz del gobierno ruandés, rechazó las acusaciones mediante un mensaje enviado a Bloomberg el miércoles. Aseguró que la RDC no ha cumplido con sus obligaciones contractuales y reiteró la disposición de Kigali para ejecutar los términos acordados, siempre que Kinshasa haga lo propio y el mediador asuma su rol de fiscalización.

Por su parte, Tommy Pigot, vocero del Departamento de Estado, advirtió que ni los actores estatales ni las milicias deben beneficiarse de los recursos naturales de la RDC. Su declaración incluyó alertas específicas para el sector privado sobre los riesgos inherentes a ciertas rutas de abastecimiento.

Pigot detalló condiciones abusivas en zonas mineras controladas por el M23, como Rubaya en la provincia de Kivu del Norte. Describió escenarios donde la población civil enfrenta trabajo forzado, entornos laborales peligrosos e impuestos ilegales, instando a los socios comerciales a auditar rigurosamente sus cadenas de suministro.