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La piratería frente a las costas de Somalia reaparece tras años de declive, impulsada por conflictos regionales y dificultades económicas internas.

Después de más de diez años de disminución, la piratería somalí vuelve a manifestarse, aprovechando las consecuencias de la guerra iraní, la inestabilidad en la navegación regional y el agravamiento de las crisis económicas en Somalia. Este resurgimiento genera inquietud por la posible reactivación del secuestro de embarcaciones a cambio de rescates, una práctica que causó pérdidas millonarias a la economía mundial en la última década.
El 26 de abril pasado, el buque comercial egipcio "Suard" fue secuestrado a pocos millas de la costa somalí y posteriormente llevado a un puerto cercano a Garacad, en la región semiautónoma de Puntland, al noreste del país.
En los días posteriores, más hombres armados se sumaron a la tripulación del barco, junto con un traductor encargado de negociar el rescate con el propietario, mientras la nave permanece retenida hasta la fecha.
Este episodio no fue aislado. En el mismo periodo, se reportó el secuestro de dos petroleros, el "Honour 25" con bandera de Palaos y el "Eureka" con bandera de Togo, además de la captura de varias embarcaciones tradicionales que fueron utilizadas para ataques en alta mar y para prolongar la permanencia de los piratas en el mar.
Entre 2005 y 2012, los piratas somalíes llevaron a cabo más de mil ataques contra barcos extranjeros, logrando secuestrar 218 embarcaciones y retener a más de 3.700 marineros como rehenes.
Durante ese periodo, los propietarios de los barcos pagaron aproximadamente 50 millones de dólares anuales en rescates, mientras que las pérdidas económicas globales por interrupciones en el comercio y el aumento de los costos de seguridad marítima alcanzaron hasta 18.000 millones de dólares.
Aunque las iniciativas internacionales posteriores, como patrullas navales armadas, guardias privados y proyectos de desarrollo local, lograron reducir la piratería, la estructura organizativa de estas redes no fue completamente desmantelada.
Solo un reducido número de líderes criminales fue juzgado, mientras que las redes de financiamiento y apoyo logístico continuaron operando, lo que sugiere que los piratas permanecieron en estado latente más que desaparecidos.
Expertos atribuyen el regreso de la piratería a tres factores principales, siendo el primero la creciente inestabilidad política en Somalia.
El país enfrenta una crisis constitucional tras el aplazamiento de las elecciones generales previstas para 2026 y ha registrado fuertes disputas entre el gobierno federal y las autoridades regionales en varias provincias.
Además, el reconocimiento unilateral por parte de Israel de la República de Somalilandia en diciembre de 2025 ha reconfigurado las alianzas regionales, complicando aún más el panorama político.
Experiencias previas indican que las élites locales en Puntland y en algunas zonas del sur y centro de Somalia se beneficiaron entre 2005 y 2012 de los ingresos de la piratería para financiar sus conflictos políticos y militares, lo que genera preocupación sobre la posible repetición de este patrón en el contexto actual.
El segundo factor es el deterioro económico severo. El aumento en los precios de alimentos, combustibles y fertilizantes, junto con una reducción drástica de la ayuda estadounidense, ha intensificado las dificultades para la población.
La asistencia humanitaria de Estados Unidos a Somalia cayó de 467 millones de dólares en 2024 a solo 70 millones en 2025, y durante los primeros tres meses de 2026 no superó los tres millones de dólares.
En este escenario, muchos somalíes enfrentan opciones económicas limitadas, mientras que en algunas zonas costeras los grupos piratas son vistos como una fuente rápida de ingresos y empleo, ya que acostumbran a repartir parte de sus ganancias en las comunidades locales para asegurar protección y apoyo.
El tercer y más influyente factor es el cambio en las rutas marítimas provocado por la guerra iraní.
Con el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de riesgos en el Mar Rojo por ataques de los hutíes, un número creciente de barcos comerciales que se dirigen a Europa ha tenido que modificar sus trayectos para rodear Sudáfrica, pasando así cerca de las costas somalíes.
Simultáneamente, se ha redistribuido parte de la flota naval internacional que antes operaba en el Mar Rojo y el estrecho de Ormuz hacia otras áreas, lo que ha reducido la presión sobre los piratas y les ha otorgado mayor libertad de acción en el mar.
Los elevados costos han llevado a algunas compañías navieras a reducir gastos en medidas de protección marítima o a abandonar la navegación a alta velocidad que antes disuadía los intentos de secuestro.
Mientras que los equipos de seguridad privada armada han demostrado eficacia para proteger a los barcos que pueden costearlos, las embarcaciones menos equipadas continúan siendo vulnerables a la captura por los piratas.
Los analistas consideran que el futuro de la piratería dependerá en gran medida del resultado de los secuestros en curso. El éxito de los piratas en conseguir rescates elevados, como la demanda de diez millones de dólares por la liberación del petrolero "Eureka", podría proporcionarles los recursos necesarios para ampliar sus operaciones y atraer a más integrantes.
Por otro lado, las aseguradoras marítimas podrían reclasificar las aguas somalíes como zona de alto riesgo, como ocurrió en 2008, lo que elevaría los costos de transporte y seguros, incrementando así la carga sobre el comercio mundial y los consumidores.
El informe concluye que combatir la piratería no puede basarse únicamente en soluciones militares navales, especialmente ante la falta de voluntad internacional para lanzar operaciones a gran escala similares a las de 2011 y 2012, que costaron más de mil millones de dólares anuales.
Según los expertos, la verdadera lucha debe darse en tierra mediante el fortalecimiento del desarrollo económico, la promoción del comercio regional y la creación de alternativas de subsistencia sostenibles, dado que el costo económico global de la piratería supera ampliamente los beneficios limitados que genera en las comunidades locales donde opera.



