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Las fuerzas iraquíes han entrado en la zona de Jurf al-Sakhr por primera vez en más de una década, poniendo a prueba el control de los grupos armados proiraníes mientras se intenta restaurar la autoridad estatal y facilitar el regreso de los desplazados.

Las fuerzas afiliadas al gobierno iraquí han ingresado en la zona de Jurf al-Sakhr, al sur de Bagdad, por primera vez en más de una década, un paso que somete a prueba la influencia de las facciones armadas respaldadas por Irán, encabezadas por las "Brigadas de Hezbolá", en medio de los esfuerzos gubernamentales para recuperar la autoridad del Estado y crear las condiciones para el regreso de miles de desplazados a la región.
El despliegue tuvo lugar el 20 de noviembre, un día después de que el primer ministro iraquí, Ali Al-Zaidi, emitiera directivas para establecer un mando de seguridad conjunto para la zona.
Según el portavoz del Comandante General de las Fuerzas Armadas, Sabah Al-Nu'man, el nuevo mando supervisará unidades del ejército, la policía federal, la Movilización Popular (Hashd al-Shaabi) y la policía de energía, dentro de arreglos de seguridad destinados a fortalecer la presencia de las instituciones estatales en la región, según informa "The Monitor".
Bastión estratégico de las facciones
Jurf al-Sakhr y sus alrededores agrícolas han estado bajo el control de facciones armadas respaldadas por Irán desde 2014, transformándose en un bastión principal de las "Brigadas de Hezbolá". La región adquiere importancia estratégica debido a su ubicación al sur de Bagdad y su proximidad a la carretera que conduce a Kerbala.
Previamente, el Pentágono señaló en marzo de 2020 que las facciones utilizaban sitios en la zona para almacenar misiles pesados y armas, así como para producir propelentes. Además, un análisis del Instituto Washington para la Política de Cercano Oriente en 2021 indicó que algunas instalaciones industriales habían sido reconvertidas para la producción, pruebas y almacenamiento de misiles y explosivos.
La maniobra gubernamental coincidió con indicios de rechazo por parte de las facciones a renunciar a su influencia en la región. El 18 de noviembre, "Hezbolá" publicó un video de drones operando con tecnología de visión en primera persona, un movimiento considerado una amenaza implícita ante la inminente entrada de las fuerzas gubernamentales.
Al día siguiente, las "Brigadas de Hezbolá" anunciaron una reunión entre su secretario general y el comandante de la Fuerza Quds de Irán, Ismail Ghaani, con la presencia del líder de la Organización Badr, Hadi Al-Amiri, y el jefe de la Autoridad de Movilización Popular, Falih Al-Fayad, lo que indica la sensibilidad del movimiento para las facciones vinculadas a Teherán.
Regreso de los desplazados y la cuestión humanitaria
El desafío gubernamental no se limita a recuperar el control de seguridad, ya que Jurf al-Sakhr está ligada a una compleja situación humanitaria tras el desplazamiento de sus habitantes desde 2014, la mayoría árabes sunitas pertenecientes a la tribu Janabi.
Habitantes y notables de la tribu hablan de asesinatos, detenciones y desapariciones de cientos de hombres, además de acusaciones de intimidación y violencia para impedir el regreso de las familias.
Un jeque de la tribu declaró previamente a "The Monitor" que el paradero de unos 400 hombres sigue siendo desconocido, mientras que mencionó el asesinato de personas tras su liberación de las cárceles.
Asimismo, el sitio web citó a familias desplazadas que afirmaron que los largos años de exilio han llevado a muchos a abandonar la idea del regreso, centrándose en proporcionar un mínimo de estabilidad y servicios, especialmente agua limpia, vivienda y educación para los niños.
La miembro del Consejo Provincial de Babilonia, Bushra Al-Mutairi, dijo que el regreso de los residentes aún requiere la formación de una comisión para establecer un mecanismo de organización; lo que significa que el despliegue de seguridad no representa por sí solo una garantía para el retorno de los desplazados.
El gobierno enfrenta una doble prueba: imponer la autoridad del Estado sobre una zona que ha permanecido fuera de su control efectivo durante años, y garantizar la seguridad de los habitantes allanando el camino para su regreso.
El éxito de este paso depende de la capacidad de las fuerzas gubernamentales para limitar la influencia de las "Brigadas de Hezbolá" y otras facciones, investigar las presuntas violaciones y proporcionar garantías que impidan la reaparición de tensiones sectarias y de seguridad, según el informe.



