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Vladímir Putin firmó una ley que eleva de 22 a 45 los artículos del Código de Faltas Administrativas que justifican la expulsión de extranjeros, incluyendo discriminación y desobediencia a órdenes militares en fronteras.

Vladímir Putin ha promulgado una nueva ley que amplía sustancialmente los motivos por los que se puede expulsar a ciudadanos extranjeros del territorio ruso. Entre las causas añadidas figuran actos de discriminación y la desobediencia a órdenes impartidas por personal militar en puntos fronterizos.
La norma, que entró en vigor tras su firma y publicación oficial, incrementa el número de artículos del Código de Faltas Administrativas que conllevan la expulsión obligatoria: de 22 a 45. Este aumento representa una expansión sistemática del alcance sancionador aplicable a los extranjeros residentes o en tránsito por Rusia.
La ley incorpora expresamente la discriminación como motivo de expulsión. Se considera infracción grave cualquier violación de derechos y libertades fundamentales basada en género, raza, color, nacionalidad, idioma, origen, situación material o social, condición profesional, edad, lugar de residencia, religión o creencias.
También se establece como causa independiente la desobediencia a las órdenes emitidas por miembros de las fuerzas armadas durante el cruce de las fronteras rusas o en el ejercicio de sus funciones de protección fronteriza.
Además de los dos motivos centrales, la norma extiende la lista a conductas como el disturbio leve, la participación en eventos no autorizados, la obstrucción de vías públicas, el consumo de drogas en espacios públicos, la propaganda de símbolos prohibidos, la difamación contra las Fuerzas Armadas rusas y la incitación a imponer sanciones contra Rusia.
La ley eleva el mínimo de las multas impuestas a los infractores, pasando de 2.000 a 4.000 rublos. Asimismo, elimina la posibilidad de invocar circunstancias familiares o la duración de la estancia en el país como argumentos para evitar la expulsión.
El texto normativo comenzará a aplicarse 90 días después de su publicación oficial.
Esta medida forma parte de una serie de iniciativas legislativas impulsadas por Rusia para endurecer su política migratoria, especialmente desde el ataque terrorista contra la sala de conciertos Crocus City Hall en marzo de 2024.
Según el texto legal, el objetivo declarado es reforzar la seguridad pública, consolidar el orden en materia migratoria y garantizar que quienes residen en Rusia cumplan rigurosamente con el marco jurídico vigente.
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