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Rusia planea presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por discriminación contra rusoparlantes en los países bálticos antes de fin de año.

El Ministerio de Exteriores de Rusia confirmó que Moscú tiene previsto presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra los países bálticos por discriminación hacia las personas que hablan ruso, con la intención de hacerlo antes de que finalice el año en curso.
Las consultas para preparar esta acción judicial están cerca de concluir, según informaron fuentes oficiales rusas.
Anteriormente, la Cancillería rusa anunció que recurrirá a la CIJ debido a la negativa de Letonia, Lituania y Estonia a cesar sus políticas que, según Moscú, violan los derechos de los ciudadanos rusoparlantes en esos países.
Gregori Lukyántsev, director del departamento de cooperación multilateral en derechos humanos del Ministerio de Exteriores ruso, explicó a la agencia "Novosti" que para presentar la demanda ante la CIJ se deben cumplir ciertas condiciones, entre ellas la propuesta de iniciar negociaciones sobre la interpretación y aplicación de los tratados internacionales pertinentes.
De acuerdo con Lukyántsev, Rusia ha enviado repetidamente notas diplomáticas a los países bálticos respecto a este asunto, pero no ha recibido respuestas sustanciales. Indicó que las respuestas de estos países se limitaron a calificar las acusaciones como "invenciones" y "otra forma de propaganda rusa".
El funcionario señaló que actualmente se están elaborando demandas específicas contra los países bálticos y que se espera que se tome una decisión al respecto antes de que termine el año.
En otra declaración, Lukyántsev advirtió que las autoridades de Estonia, Letonia y Lituania estarían preparando operaciones de deportación masiva de personas rusoparlantes, incluyendo a personas de edad avanzada, con la intención de implementar estas medidas próximamente.
El Ministerio de Exteriores ruso había señalado anteriormente que Moscú ha instado en varias ocasiones a Letonia, Lituania y Estonia a asumir responsabilidad internacional por las violaciones continuas de los derechos de la población rusoparlante, pero que las autoridades de esos países se niegan a abandonar dichas políticas. Además, todos los intentos de resolver estas disputas mediante negociaciones han fracasado.
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