Sobornos, secuestros y amenazas a periodistas: cómo una banda compró oficiales en Ucrania

Las investigaciones anticorrupción en Ucrania han revelado sospechas de implicación de funcionarios en los servicios de seguridad, la policía y la fiscalía general en la protección de una red criminal que gestiona centros de fraude financiero y trafica con drogas y moneda falsa, a cambio de sobornos financieros. El caso ha llevado a la detención de sospechosos y al despido de altos oficiales, mientras el presidente Volodímir Zelenski se comprometió a rendir cuentas a los implicados y tomar medidas adicionales dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania.

El caso revela acusaciones que van más allá del soborno tradicional hacia el uso de la influencia de la seguridad para proteger actividades criminales, filtrar información gubernamental e interferir en investigaciones judiciales, llegando incluso a planificar agresiones y operaciones de secuestro, según los investigadores.

Estos desarrollos plantean preguntas sobre cómo una red criminal logró construir relaciones dentro de instituciones que supuestamente son responsables de perseguirla, y la capacidad de las autoridades para desmantelar esas relaciones mientras el país libra una guerra con Rusia.

Red de fraude bajo protección

Los detalles del caso comenzaron a surgir durante las investigaciones realizadas por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, en cooperación con la Fiscalía Especializada, sobre una red que incluye al menos a 12 personas, entre ellas funcionarios de seguridad y elementos criminales.

Según los resultados de las investigaciones publicados a principios de noviembre, la red gestionaba decenas de call centers utilizados para estafar a ciudadanos ucranianos y extranjeros, además de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, la falsificación de moneda y cigarrillos.

Las investigaciones indican que la red supervisaba 52 centros de llamadas, y que los montos de soborno por la protección de cada centro alcanzaban aproximadamente 7 mil dólares mensuales.

La presunta protección no se limitó a ignorar las actividades ilegales, sino que incluyó filtrar información sobre investigaciones de seguridad, intervenir en casos judiciales y ayudar a levantar embargos sobre activos financieros.

Además, los investigadores hablaron de la implicación de miembros de la red en actos de violencia, agresiones y operaciones de secuestro dirigidas contra personas consideradas una amenaza para sus intereses.

¿Quién lidera la red?

Medios de comunicación ucranianos identificaron a dos personas como principales sospechosos de liderar la red.

El primero es Andriy Osipov, quien apareció en las grabaciones de investigación bajo el alias "el Criminal", y se sospecha que aseguraba las relaciones con funcionarios de las fuerzas del orden.

El segundo es Yegor Burkin, de nacionalidad rusa conocido por el alias "el Mexicano", vinculado por las investigaciones a una red internacional de tráfico de drogas conocida como "Khymprom".

Según la información publicada, Burkin estaba asociado con la gestión de las actividades criminales, mientras que Osipov, según las acusaciones, proporcionaba la protección necesaria para su continuidad.

Las grabaciones publicadas por los investigadores refuerzan la hipótesis de relaciones entre elementos criminales y funcionarios de seguridad, pero no implican la responsabilidad probada de todas las personas mencionadas, ya que los procedimientos judiciales continúan.

Oficiales bajo sospecha

El caso involucró a funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la Policía Nacional y la Fiscalía General.

Entre los principales sospechosos está Vladimir Tsinov, funcionario de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía, acusado por las agencias anticorrupción de proporcionar protección a los centros de fraude a cambio de sobornos.

El Tribunal Superior Anticorrupción decidió, el 5 de noviembre, encarcelarlo preventivamente durante 60 días, con una fianza establecida en 15 millones de grivnas, aproximadamente 330 mil dólares.

Asimismo, el tribunal ordenó la detención de otro sospechoso, Vitaliy Rybalka, por cargos de participación en actos de violencia en favor de la red, acusaciones que él negó.

Las investigaciones se extendieron a altos funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania, en medio de informes sobre registros en sedes vinculadas a oficiales de alto rango.

Según los investigadores, uno de los funcionarios sospechosos ayudó a filtrar información de bases de datos gubernamentales y detalles sobre procedimientos judiciales, lo que permitió a la red conocer los movimientos de las autoridades en su contra.

Amenazas a periodistas

Uno de los aspectos más graves del caso fue revelado por las grabaciones de investigación sobre discusiones dentro de la red acerca de ejecutar agresiones contra periodistas y activistas que expusieron sus actividades.

Las grabaciones, según medios ucranianos, incluían discusiones sobre el objetivo del periodista de investigación Denys Bihus, conocido por sus investigaciones sobre casos de corrupción.

También hubo referencias a agresiones utilizando objetos cortantes y sustancias químicas, en incidentes cuyas circunstancias aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

Estas acusaciones sugieren el posible uso de la violencia para silenciar a quienes buscan exponer redes criminales, superando el ámbito del fraude financiero.

Zelenski interviene

El caso llevó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski a intervenir públicamente, describiendo el sábado 7 de noviembre la información relacionada con la implicación de funcionarios de seguridad como "vergonzosa e inaceptable en absoluto".

Afirmó que se habían producido despidos dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania, y que se emitirían decisiones adicionales contra otros funcionarios.

El director interino del servicio, Oleksandr Boklad, había anunciado el despido de dos altos oficiales cuyos nombres aparecían en las investigaciones, confirmando la cooperación con la oficina anticorrupción y la fiscalía especializada.

Asimismo, la Policía Nacional anunció la suspensión de oficiales sometidos a investigación, advirtiendo contra juicios anticipados antes de que finalicen los procedimientos judiciales.

Prueba para las instituciones estatales

El escándalo surge mientras Ucrania busca fortalecer la lucha contra la corrupción, considerada uno de los requisitos fundamentales para el proceso de adhesión a la Unión Europea y mantener la confianza de los socios internacionales.

El caso adquiere una sensibilidad adicional porque el Servicio de Seguridad de Ucrania desempeña un papel clave en la confrontación de operaciones rusas, mientras que las investigaciones apuntan a sospechas de corrupción dentro de algunas de sus unidades.

Por el contrario, la apertura de investigaciones y la persecución de altos funcionarios refleja la capacidad de las instituciones anticorrupción para actuar a pesar de la influencia de seguridad de los sospechosos.