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El grupo de enlaces del sector público (militares y civiles) convocó una huelga general a partir del lunes 10, tras rechazar el decreto del Consejo de Ministros sobre el pago fraccionado de las obligaciones financieras retroactivas.

El "Consejo de Enlaces del Sector Público" (militares y civiles) condenó en un comunicado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto sobre el pago fraccionado de las obligaciones financieras derivadas del efecto retroactivo, en clara violación de lo que concluyó el Consejo de Estado, y afirmó que la ley no permite el pago fraccionado de estas obligaciones, considerando que la materia relacionada con el pago fraccionado debe eliminarse y que las obligaciones deben pagarse de una sola vez.
Consideró que "este decreto constituye, según nuestro criterio, una grave violación de los principios jurídicos y del principio de legalidad, así como una desconsideración del papel del Consejo de Estado, además de plantear interrogantes serios sobre el grado en que la autoridad ejecutiva respeta las leyes aprobadas por el Parlamento, particularmente la ley número 44/2026 que aprobó los créditos necesarios para mejorar la situación de los trabajadores y jubilados". Rechazó también "la política seguida por el ministro de Finanzas, basada en el alarmismo y en la justificación de la falta de fondos cada vez que se trata de derechos de empleados, personal docente, militares, jubilados, contratistas y otros titulares de ingresos bajos, cuando la capacidad del Estado para financiar a otras categorías y entidades es evidente".
Consideró que "el ministro de Finanzas está adoptando una postura clara de evasión de nuestros derechos y del camino hacia la mejora salarial aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de febrero de 2026, que establece la mejora progresiva de los salarios de empleados y jubilados hasta alcanzar aproximadamente el 50 % de su valor real respecto al año 2019, a partir del 1 de enero de 2027, lo que equivale a cerca de treinta veces el monto de los salarios en ese momento. El pago fraccionado del efecto retroactivo y la evasión del pago total constituyen una tentativa de socavar este camino y de burlar la decisión de mejorar nuestra situación económica. El dinero público debe gestionarse conforme a la ley, la equidad y las prioridades nacionales, no según la selección arbitraria o la discriminación. Los derechos de empleados, militares y jubilados no son una merced de nadie, ni pueden convertirse en herramienta de presión, negociación o demora, y no pueden fraccionarse mediante decisiones administrativas cuando la ley no lo permite".
Responsabilizó al "Consejo de Ministros, especialmente al ministro de Finanzas, de todas las consecuencias de esta decisión", y los instó a retirar de inmediato el decreto, cumplir con las disposiciones de la ley número 44/2026, respetar el dictamen del Consejo de Estado y adoptar el pago total de las obligaciones derivadas del efecto retroactivo de una sola vez.
Agregó: "En consecuencia, el Consejo de Enlaces del Sector Público (militares y civiles) anuncia una huelga general a partir de la mañana del lunes 10, seguida de una escalada progresiva mediante manifestaciones, acampadas y otras acciones, hasta que se retire el decreto, se corrija la infracción y se restablezca el orden legal. El consejo carga a todo el gobierno con la responsabilidad completa por cualquier consecuencia o resultado que pudiera derivarse de esta acción, dado que esta escalada es una respuesta directa a su decisión de fraccionar las obligaciones y a su falta de respuesta a las demandas legítimas y razonables de los titulares de derechos. Asimismo, el consejo convoca a todos los militares, civiles, jubilados, personal docente, contratistas y demás titulares de derechos y personas con ingresos bajos a unirse a esta movilización y participar activamente en ella, defendiendo sus derechos y rechazando la política de dilación, fraccionamiento y selección en el trato a sus derechos".
Finalizó diciendo: "No se trata solo de una batalla financiera, sino de una lucha por la soberanía de la ley, por la dignidad del empleado, militar, jubilado, maestro, contratista y todo titular de derecho. Los derechos reconocidos por la ley no se dividen, no se fraccionan mediante decretos contrarios a la ley, ni se someten al chantaje o a la negociación".
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