El Fiscal General: Nos preparamos para garantizar la ejecución de la ley de amnistía sin demoras tras su promulgación por el Consejo Constitucional

El Fiscal General, el juez Ahmad Rami Al-Hajj, visitó la sala de operaciones central conjunta para la gestión de los expedientes de amnistía general en la sede de la Gendarmería en Jisr al-Basha, dentro del marco de preparación de los procedimientos legales y judiciales para aplicar la ley de amnistía en caso de que sea promulgada por el Consejo Constitucional y para evitar cualquier retraso en su aplicación.

Lo recibió el comandante de la Gendarmería, el brigadier Jean Awad, junto con representantes de los aparatos judicial y de seguridad, en presencia del fiscal de apelaciones del Monte Líbano, el juez Sami Sader, y del comisionado gubernamental ante el Tribunal Militar, el juez Claude Ghanem, así como de los responsables del trabajo de las salas de operaciones.

El juez Al-Hajj declaró: "En un paso preliminar para la ejecución de la ley de amnistía general, los aparatos judicial y de seguridad han lanzado una sala de operaciones central para seguir los mecanismos de aplicación de la ley, en paralelo con la creación de salas de operaciones subsidiarias en las distintas gobernaciones libanesas, a la espera de la decisión del Consejo Constitucional sobre el recurso presentado contra la ley".

Afirmó que "este paso no constituye ninguna presión sobre el Consejo Constitucional, sino que se enmarca en la preparación anticipada para garantizar la plena disposición para ejecutar la ley, cualquiera que sea el resultado que emita el Consejo Constitucional, ya sea que se apruebe en su forma actual o que surjan modificaciones como resultado del recurso".

Explicó que "la ley, en su forma actual, no ha especificado mecanismos detallados de ejecución, sino que ha dejado la determinación de los procedimientos de ejecución al poder judicial, en cooperación con los aparatos de seguridad correspondientes. Por lo tanto, comenzó el proceso de preparación de los expedientes hace aproximadamente tres semanas, con el objetivo de no esperar hasta la emisión de la decisión del Consejo Constitucional para comenzar desde cero".

Señaló que "la sala de operaciones central, que funciona bajo la supervisión de la Fiscalía General, la Fiscalía Militar y la Fiscalía de Apelaciones del Monte Líbano, se encarga del seguimiento de los expedientes las 24 horas, mientras que se establecen salas de operaciones subsidiarias en las gobernaciones, debiendo mantener el Fiscal General o uno de sus asistentes contacto continuo con ellas".

Destacó que "el mecanismo de trabajo incluye la elaboración de un expediente específico para cada condenado y detenido, que contiene las sentencias emitidas en su contra y su registro judicial, además de la recopilación de documentos e información disponible en los distintos aparatos de seguridad, desde las Fuerzas de Seguridad Interna y la Seguridad General hasta la Inteligencia del Ejército y la Policía Militar. Este procedimiento tiene como objetivo particular verificar la inexistencia de casos de reincidencia o procesos y sentencias previas que puedan impedir que algunas personas se beneficien de las disposiciones de la amnistía".

El juez Al-Hajj aclaró que "los aparatos de seguridad han comenzado a trabajar en el primer lote que incluye a unos 900 condenados, recabando la información disponible sobre cada persona, incluyendo procesos previos, actas y documentos existentes en los organismos correspondientes", confirmando que "el trabajo abarca a todos los condenados y detenidos, tengan o no abogados legales, con el fin de garantizar la igualdad en el tratamiento de los expedientes y no privilegiar a una persona sobre otra. Se adoptará un mecanismo de ordenación alfabética de los expedientes, dando prioridad a las personas que pueden ser liberadas más rápidamente si cumplen con las condiciones de la amnistía".

Indicó que "participan en este proceso diversos aparatos de seguridad, junto con el ejército, su inteligencia y la policía militar", elogiando "los esfuerzos realizados por el mando de la Gendarmería y los oficiales encargados de la preparación y coordinación entre las partes interesadas", subrayando que "el éxito en la ejecución de la ley de amnistía, en caso de ser promulgada, constituye una responsabilidad compartida entre el poder judicial y los aparatos de seguridad", afirmando que "el objetivo es ejecutar la ley con profesionalidad y sin demoras, lejos de las disputas y la retórica política".

También señaló que "la preparación de los expedientes no será inútil incluso en caso de anulación de la ley de amnistía, ya que el proceso conducirá a la creación de una base de datos y expedientes integrales para los condenados y detenidos que podrán ser utilizados en etapas o procedimientos judiciales posteriores".

El juez Al-Hajj dirigió "agradecimientos a las entidades que contribuyeron a asegurar las ayudas materiales y los equipos necesarios para la sala de operaciones, invitando a las asociaciones de la sociedad civil a apoyar a los organismos pertinentes en la provisión de los grandes requisitos logísticos que exige el proceso de preparación de los expedientes", y mencionó que "el plan de trabajo incluye una sala de operaciones central bajo la supervisión de la Fiscalía General, con la participación de la Fiscalía Militar y la Fiscalía del Monte Líbano, junto con salas de operaciones subsidiarias en las gobernaciones, asignando dos salas subsidiarias en el Monte Líbano debido al volumen de expedientes y la mayor presión existente allí".

Según los datos presentados, el juez Al-Hajj indicó que "el proceso de preparación incluye a más de 1300 condenados, mientras que el número total de detenidos y condenados supera los 2000, además de más de 5000 detenidos, lo que convierte la tarea de preparar y revisar los expedientes en una misión amplia que requiere coordinación entre los distintos aparatos judicial y de seguridad".

Aclaró que "el trabajo en curso tiene como objetivo establecer un mecanismo claro para la aplicación de la ley, no interpretar la intención del legislador", señalando que "algunos de sus artículos incluyen términos y redacciones que requieren determinar cómo aplicarlos a los textos legales vigentes", y destacó que "la coordinación con el Alto Consejo Judicial tiene como objetivo unificar el mecanismo de aplicación y evitar cualquier discrepancia entre los jueces de la fiscalía y los tribunales en el tratamiento de los textos incluidos en la ley, especialmente dado que la actual ley de amnistía no ha determinado directamente números específicos de artículos legales cubiertos por la amnistía o la reducción de penas, sino que ha optado por descripciones y términos generales".

El juez Al-Hajj enfatizó que "la ley no se limita a la amnistía, sino que también incluye disposiciones relativas a la reducción de penas, lo que obliga a clasificar los expedientes entre aquellos a quienes se aplican las condiciones de la amnistía, quienes se benefician de la reducción de pena y quienes no están cubiertos por las disposiciones de la ley", y dijo que "en la etapa actual, no se determina definitivamente quiénes son los beneficiarios, sino que se prepara un expediente integral para cada condenado y detenido, independientemente de su grado de beneficio legal, completándose posteriormente el proceso de clasificación según las sentencias y los datos jurídicos específicos de cada expediente".

Respecto a la huelga de hambre de varios detenidos y condenados en la prisión de Roumieh, el juez Al-Hajj aclaró que "la creación de la sala de operaciones conjunta no estuvo relacionada con la huelga, sino que la decisión de crearla se tomó desde el primer día de la promulgación de la ley de amnistía", indicando que "se celebró una reunión en el Palacio de Justicia, con la participación del mando de la Gendarmería y del mando de la compañía de prisiones, para establecer un mecanismo de trabajo para ejecutar la ley, antes de presentar el recurso ante el Consejo Constitucional; al mismo tiempo, comprendemos la situación de los detenidos y condenados, que esperan conocer su destino tras la promulgación de la ley de amnistía", considerando que "es natural que estos vean la ley como una oportunidad para salir de prisión".

Confirmó que "el volumen de trabajo requerido es grande", citando como ejemplo "el proceso de entrega de unos 300 detenidos sirios a las autoridades sirias, que requirió aproximadamente mes y medio para preparar y revisar los expedientes", explicando que "la aplicación de la ley de amnistía será más compleja debido al gran número de condenados y la multiplicidad de sentencias emitidas contra algunos de ellos por diferentes tribunales".

Consideró que "la importancia de la sala de operaciones central, que se encarga de recopilar información, unificar los expedientes, clasificarlos y determinar la autoridad judicial competente para cada caso, radica en permitir acelerar el proceso de toma de decisiones tras la emisión de la resolución final sobre la ley de amnistía".

Subrayó que "esperar la decisión del Consejo Constitucional antes de comenzar las preparaciones resultaría en un retraso en el proceso de ejecución, dado el tiempo necesario para recopilar documentos y revisar sentencias y procesos previos", afirmando que "el objetivo del trabajo previo es que los expedientes estén listos cuando se emita la decisión, de modo que se pueda iniciar rápidamente la liberación de los beneficiarios de la ley, realizándose el proceso de manera gradual y tras completar la revisión jurídica de cada expediente y determinar el grado de cumplimiento de las condiciones de amnistía o reducción de pena".

Confirmó que "las medidas tomadas tienen como objetivo garantizar que no haya ningún retraso en la liberación de los beneficiarios de la ley de amnistía tan pronto como entre en vigor, especialmente los detenidos que no pueden seguir sus expedientes directamente", aclarando que "los expedientes se procesarán según un orden alfabético, garantizando la igualdad entre los detenidos y evitando privilegiar un expediente sobre otro, con una prioridad operativa para los casos cuyos expedientes hayan sido completados y estén listos para tomar medidas de liberación".

El juez Al-Hajj señaló que "las preparaciones judiciales y de seguridad para la ejecución de la ley de amnistía continúan mediante un mecanismo de trabajo unificado que tiene como objetivo completar los expedientes de los condenados y detenidos y revisar sus situaciones legales y de seguridad, antes de remitir cada expediente a la fiscalía competente para tomar la decisión adecuada, ya sea en cuanto a la reducción de la pena o la liberación y puesta en libertad, dada la necesidad de una amplia coordinación entre los distintos aparatos de seguridad".

Destacó que "el proceso de preparación de los expedientes se realiza en paralelo para condenados y detenidos, estimándose que la duración necesaria para completar el primer lote es de unos diez días, incluyendo a cerca de mil personas, continuando el proceso sucesivamente para el resto de los expedientes", explicando que "las salas de operaciones trabajan las 24 horas con el fin de ahorrar tiempo y garantizar la disponibilidad, de modo que los expedientes estén preparados para la ejecución sea cual sea la decisión que emita el Consejo Constitucional sobre la ley de amnistía, ya sea su anulación total o parcial o su mantenimiento en vigor".

Presentación organizativa de las salas de operaciones

A continuación, el capitán de la Seguridad Interna, Nicolas Khairallah, presentó una exposición detallada sobre la estructura organizativa de las salas de operaciones para la gestión de los expedientes de amnistía general, el mecanismo de preparación y revisión de los expedientes judiciales y la forma de coordinación entre todos los aparatos de seguridad.