La Comisión de Administración y Justicia resuelve el debate sobre la ley de amnistía y confirma la separación de poderes

La Comisión Parlamentaria de Administración y Justicia celebró una sesión presidida por el diputado Georges Adwan, con la asistencia del ministro de Justicia, Adel Nassar, el fiscal general de apelación, juez Ahmad Rami Al-Hajj, y los diputados miembros.

Adwan declaró tras la sesión: "Después de todo lo que hemos visto en los medios de comunicación y la circulación sobre la ley de amnistía y la decisión del Consejo Constitucional, celebramos esta sesión con la presencia del ministro de Justicia y del fiscal general para aclarar y explicar entre nosotros mismos el curso de los asuntos desde el punto de vista constitucional y legal con total claridad. Después de esta sesión, quiero confirmar, tras escuchar al ministro de Justicia y al fiscal general, que todos respetan las normas constitucionales y legales. El Parlamento legisla y el Consejo Constitucional examina la constitucionalidad de las leyes; cuando interpreta, su interpretación está vinculada a lo que es adecuado con la Constitución primero. Las sentencias del Consejo Constitucional son definitivas y la judicatura no interviene en absoluto ni para cambiarlas ni en estos asuntos. Esto fue confirmado por el fiscal general, quien señaló que las circulares emitidas, de las que algunos hablaron como si fueran una interferencia en el trabajo de los jueces y cómo interpretarían las leyes, no tienen ese carácter."

Añadió: "Esto no es exacto. Las circulares se refieren a los mecanismos logísticos del trabajo. Por lo tanto, después de la aclaración obtenida sobre el papel de cada institución, creo que las cosas han vuelto a su cauce normal. Espero que los medios de comunicación dependan con precisión de toda esta información, porque la cooperación entre los poderes es una cosa, y que cada uno, Dios no lo quiera, haga cosas que interfieran con el trabajo del otro poder es otra muy distinta. La reunión fue productiva, clara e ilustrativa, y hoy existe un procedimiento para todas las leyes".

El fiscal general de apelación, juez Al-Hajj, dijo: "Fue una reunión productiva y constructiva. La Comisión de Administración y Justicia, que incluye a todos los bloques parlamentarios que participaron y tuvieron un papel en la elaboración de la ley de amnistía, y nosotros confirmamos en la judicatura nuestro compromiso con la aplicación de la ley basándonos en el texto legislativo promulgado por el Parlamento, ya que es el titular de la autoridad para emitir leyes. En el marco de la decisión emitida por el Consejo Constitucional y las interpretaciones que contiene, que son vinculantes, la decisión del Consejo Constitucional tiene la fuerza de cosa juzgada y obliga a todos los poderes, incluida nuestra aplicación de esta ley. Nuestra presencia hoy en el Parlamento es para aplicar la ley".

Añadió: "Para aplicar la ley, debemos entender el propósito que pretendió el legislador en los textos que pueden generar ambigüedades. Esto es por un lado. Por otro lado, mi presencia anterior en el Consejo Constitucional también fue para enfatizar la importancia del Consejo Constitucional, nuestro compromiso con el trabajo institucional y nuestro acatamiento de sus decisiones. Como dije, la interpretación pronunciada por el Consejo Constitucional en su decisión es una interpretación de la voluntad del legislador en el texto, no una anulación, modificación, cambio o exclusión de una parte específica del texto sin el texto completo. Es decir, la interpretación es una interpretación de la voluntad del legislador. Si el Consejo Constitucional encuentra que un texto legislativo no cumple con la Constitución, no recurre a incluir una interpretación, sino que anula el texto por violar la Constitución. El concepto de interpretación implica recurrir a interpretar el texto basándose en las actas de las sesiones del Consejo de Diputados, es decir, investigar la intención del legislador. Nosotros, en la judicatura, cuando interpretamos el texto, lo hacemos basándonos en el espíritu de la legislación y el objetivo del legislador al crear este texto, y no lo interpretamos fuera de esta consideración".

Al-Hajj afirmó: "De aquí radica la importancia de la reunión con los representantes del poder legislativo representados en la Comisión de Administración y Justicia, que incluye a los diversos bloques parlamentarios que contribuyeron a elaborar este texto legislativo. Entendimos y aumentamos nuestra comprensión de la verdadera intención del legislador en algunos textos legislativos. Este es el fundamento en el que confiamos. La interpretación del Consejo Constitucional, nuestra interpretación y la de los tribunales de cualquier texto legislativo están sujetas a la autoridad del juez, pero dentro del límite del texto legislativo, el espíritu de la legislación y la intención del legislador derivada de este texto. No podemos otorgar a un texto una interpretación o exégesis que contradiga el espíritu de la legislación o la intención del legislador, porque bajo el lema de la interpretación estaríamos realizando una labor legislativa y no interpretativa. Esto es lo que quería decir".

Continuó: "La circular que emitimos no se refiere a la aplicación de un texto legal ni a la exclusión de un texto. La circular se refiere a la naturaleza de los documentos que las autoridades penales deben obtener para determinar si la remisión de este detenido o condenado está cubierta por la amnistía o no. Es un proceso logístico para conocer y acelerar la aplicación de la ley de amnistía según el texto legislativo".

Concluyó Al-Hajj: "Por ello, creamos en cada gobernación una sala de operaciones subsidiaria que incluye todos los aparatos conectados a una sala de operaciones central en el mando de la Gendarmería para acelerar los trámites de los condenados, detenidos y litigantes con la mayor rapidez posible. También establecimos dos salas de trabajo subsidiarias en el Monte Líbano, una de ellas en la prisión de Roumieh, porque Roumieh alberga el mayor número de detenidos y hay personas condenadas que no tienen abogado para seguir sus expedientes. De ahí mi insistencia en crear una sala de operaciones en la prisión de Roumieh para que el detenido pueda presentar su solicitud al director de la prisión, quien la remitirá a las autoridades competentes para resolver su asunto sin necesidad de ningún abogado ni intermediario".