El intento de homicidio queda excluido de la amnistía general: jurisprudencia en el Líbano protege el derecho a la vida

En una jurisprudencia digna de análisis, la Cámara de Acusación del Monte Líbano ha consagrado un principio legal de gran importancia, según el cual el delito de intento de homicidio doloso, ya sea cometido con premeditación o no, permanece excluido de las disposiciones de la ley de amnistía general, al igual que el delito consumado de homicidio.

La decisión fue emitida por la Cámara de Acusación del Monte Líbano, presidida por el juez Fadi Al-Aridi e integrada por las consejeras Marji Majdalani y Cécile Sarhal, con fecha 5/11/2026, mediante un fallo caracterizado por una profunda fundamentación jurídica en la interpretación del alcance de las excepciones previstas en la Ley de Amnistía General N.º 70/2026.
La resolución partió de la consideración de que la amnistía general se refiere al delito en sí mismo y no a la persona del autor, y que el criterio para determinar si un delito está cubierto por la amnistía reside en su correcta calificación jurídica, no en el resultado final de la acción criminal. Quien intenta quitar la vida a una persona y posee la intención criminal necesaria para matar, no difiere, en cuanto a la intención criminal, del autor de un homicidio consumado, por el mero hecho de que el resultado consistente en la privación de la vida no se haya producido por causas ajenas a su voluntad.
En este contexto, la Cámara consideró que el intento de homicidio constituye una etapa en la comisión del mismo delito grave, y que la exclusión de los delitos de homicidio doloso de la amnistía general no puede interpretarse de manera que incluya el delito consumado pero excluya su tentativa, pues ello conduciría a un resultado contrario a la finalidad de la excepción y a la filosofía de protección penal que el legislador ha establecido para el derecho a la vida.
La fundamentación no se limitó a la interpretación literal del texto, sino que también se basó en principios constitucionales, especialmente la protección del derecho a la vida y la integridad física, el estado de derecho, los derechos de las víctimas a la reparación y el interés de la sociedad en evitar la impunidad. Asimismo, la resolución invocó la jurisprudencia del Consejo Constitucional sobre la finalidad y los límites de las leyes de amnistía general, confirmando que la interpretación de las normas jurídicas debe garantizar la coherencia entre ellas y los principios de valor constitucional.
La importancia de esta jurisprudencia radica en confirmar que la falta de consumación del delito no implica necesariamente la desaparición de su peligrosidad ni su beneficio por la amnistía, y que la diferencia entre el homicidio y su tentativa se relaciona con la producción del resultado criminal, no con la naturaleza de la intención criminal que acompañó al acto.

Lo que distingue esta decisión no es solo el resultado al que llegó, sino el método jurídico adoptado para interpretar las normas de amnistía, situando la protección del derecho a la vida, los derechos de las víctimas y el estado de derecho en el centro del proceso de interpretación judicial.
Esto refleja la importancia del papel que desempeña el poder judicial en la aplicación de las normas legales de acuerdo con sus fines y los principios de justicia.