Líbano
Knaan exige fórmula clara para recuperar depósitos y resolver la brecha financiera
El presidente de la comisión de Finanzas pide a la gobernación y al Banco Central una propuesta definitiva sobre la reforma bancaria y la recuperación de depósitos.

El presidente de la comisión de Finanzas y Presupuesto anunció que el próximo jueves es la fecha límite para recibir observaciones sobre la ley de reforma bancaria, subrayando que no se aceptarán modificaciones diarias. Además, solicitó al Gobierno y al Banco Central que envíen la versión acordada hace 48 horas en una reunión sobre los artículos controversiales de dicha ley y la posición del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a ellos.
La comisión se reunió bajo la presidencia de Knan, con la presencia del ministro de Finanzas Yassin Jaber, el ministro de Justicia Adel Nassar, el ministro de Economía Amer Bassat, el gobernador del Banco Central Karim Said y varios diputados, entre ellos Ali Fayyad, George Adwan, Jihad Al-Samad, Alain Aoun, Raji Al-Saad, Ihab Matar, Hassan Fadlallah, Michel Mouawad, Ghada Ayoub, Ali Hassan Khalil, Faisal Al-Sayegh, Ghassan Hasbani, Fouad Makhzoumi, Adnan Traboulsi, Salim Aoun, César Abi Khalil, Jamil Sayyed, Paula Yacoubian, Melhem Khalaf, Marwan Hamadeh, Ghazi Zaiter, Ayoub Hamid, Waddah Al-Sadiq, Razi Al-Hajj, Amin Sherri, Ibrahim Mneimneh, Bilal Abdullah, Saji Attieh, Mohamed Suleiman, Michel Al-Dweihi, Marc Dou, y Mohamed Khawaja.
También asistieron el asesor del ministro de Finanzas, Samir Hammoud, y el director de asuntos legales del Banco Central, Samer Licha.
Tras la sesión, Knan explicó que el encuentro se dedicó a un proyecto de ley que modifica la ley de reforma bancaria publicada oficialmente. Recordó que la ley original de reestructuración bancaria fue aprobada el 14 de agosto de 2025, tras un estudio exhaustivo de tres meses en la comisión con el FMI y tomando en cuenta las observaciones tanto del Banco Central como del Ministerio de Finanzas, que inicialmente tenían diferencias sobre algunos artículos. El resultado fue una redacción aceptada por todas las partes, que cumplía con el 90% de las demandas del FMI y el 100% de las propuestas del Banco Central y el Gobierno. Posteriormente, algunos diputados presentaron recursos ante el Consejo Constitucional, que anuló ciertos artículos pero confirmó la ley de reforma bancaria.
Posteriormente, el FMI solicitó nuevas modificaciones, que el Gobierno remitió al Parlamento a finales de 2025 y comienzos de 2026. La comisión de Finanzas celebró una sesión en febrero de 2026 para analizar las enmiendas al proyecto de ley número 1992, que modifica la ley vigente número 23. Durante esa sesión, el ministro de Finanzas informó sobre una nueva carta del FMI con más cambios y la petición de retirar el proyecto y presentar otro distinto. Para evitar una situación de idas y venidas entre el Gobierno y el Parlamento, y acusaciones de retrasos, la comisión solicitó recibir por escrito las demandas del FMI en un plazo de una semana para poder avanzar en el trabajo.
Las modificaciones del FMI llegaron a principios de este mes en forma de un nuevo proyecto de ley. En la sesión celebrada hoy, se constató que el Banco Central tenía observaciones sobre esta nueva versión, especialmente en lo que respecta a su independencia y la superposición de competencias en los artículos 3 y 13 entre la autoridad bancaria superior y el consejo central, lo que afecta la referencia y la rendición de cuentas.
Knan señaló como aspecto positivo que, según informó el ministro de Finanzas y el gobernador del Banco Central, hace 48 horas se celebró una reunión en el palacio de gobierno donde se acordó una nueva redacción para los artículos 3 y 13, aunque aún no se sabe si el FMI la ha aprobado. La comisión solicitó recibir esta nueva versión en el plazo de una semana, junto con la aprobación del FMI y otras solicitudes del organismo, para determinar qué es necesario aprobar en el acuerdo con el FMI y qué artículos provienen del Gobierno sin relación con el Fondo.
El presidente de la comisión destacó la necesidad de contar con una tabla comparativa entre la ley aprobada y las 28 enmiendas propuestas, documento que debía acompañar la ley al Parlamento y que fue entregado al ministro de Finanzas durante la sesión.
Además, indicó que algunos ministros del Gobierno o autoridades financieras podrían tener nuevas observaciones, estableciendo como plazo máximo para recibirlas 48 horas antes de la sesión del próximo jueves, después de la cual no se aceptarán más comentarios. Subrayó la importancia de la estabilidad legislativa para que el Estado recupere la confianza en sus sistemas financiero, bancario y monetario, y criticó la práctica de introducir modificaciones frecuentes en una ley estructural como la reforma bancaria.
Knan también mencionó otro proyecto de ley relevante relacionado con la brecha financiera y la recuperación de depósitos, que fue enviado al comité de Finanzas y que él mismo ha organizado. Explicó que el FMI tiene observaciones sobre este proyecto y que el Gobierno está revisándolo tras el rechazo de sindicatos y asociaciones de depositantes. Según el ministro de Finanzas, se está reformulando la ley de la brecha y recuperación de depósitos, enfatizando que desde 2020 se ha insistido en que la ley debe enfocarse en recuperar los fondos de los depositantes y no en cancelarlos.
El presidente de la comisión evitó discutir la redacción actual de la ley de la brecha, pero ejemplificó que el costo de los 100 mil dólares mencionados en la ley asciende a 22 mil millones de dólares, mientras que los bonos que el Banco Central y los bancos pagarán alcanzan entre 14 y 15 mil millones de dólares. Manifestó la necesidad de conocer cómo se asegurarán estos montos y si efectivamente se pagarán, para evitar una nueva suspensión de pagos y un nuevo fracaso que afecte a Líbano, a los depositantes y a los sectores público y privado.
Finalmente, Knan afirmó que la comisión de Finanzas espera del Gobierno un proyecto de ley justo y realista para la recuperación de depósitos, alejado de divisiones y maniobras que trasladen la responsabilidad al Parlamento para que gestione la relación con los depositantes, el Banco Central y el FMI, especialmente dada la excepcionalidad de la situación que requiere un manejo responsable.
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