La zona económica de Trípoli y la planta de Dier Ammar en la mesa de negociaciones

Presidió ayer el Primer Ministro Nouf Salam una reunión del Consejo Superior de Privatización y Alianzas, con la asistencia de los ministros de Hacienda Yasin Jabar, de Economía y Comercio Amer Al-Bassat, de Trabajo Mohamed Haidar, de Justicia Adel Nasr, de Energía y Agua Jou al-Saddi, de Obras Públicas y Transportes Fayez Rassamni, de Interior y Municipios Ahmed al-Hajjar, de Comunicaciones Charbel al-Hajj, del Estado Secretario de Asuntos de Tecnología de la Información e Inteligencia Artificial Khaled Shchada, del secretario general del Consejo Superior de Privatización y Alianzas por designación el juez Mahmoud Makie, del presidente del Consejo de Administración de la Zona Económica Especial de Trípoli Hassan Dandashi y su equipo, del abogado experto en el Consejo Superior de Privatización y Alianzas el Dr. Tarik Dandashli, y del miembro de la Autoridad Reguladora del Sector Eléctrico Daniel Jaha.

El consejo examinó los estudios financieros, técnicos y legales relacionados con el proyecto de la Zona Económica Especial de Trípoli, y remitió el expediente al Consejo de Ministros que lo aprobó, previo inicio de los procedimientos para seleccionar al socio privado de acuerdo con la Ley de Regulación de la Alianza entre el Sector Público y el Privado y sus modificaciones.

También examinó el proyecto de decreto destinado a crear la Empresa de Electricidad del Líbano, evaluar sus activos, separar sus actividades y establecer su estatuto, y se decidió posponer la decisión para un estudio adicional.

El consejo completó sus reuniones hoy, habiendo examinado los estudios financieros, técnicos, legales, ambientales y sociales presentados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento sobre el proyecto de construcción de una planta flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) y una nueva central eléctrica en Dier Ammar (2). Tras las deliberaciones, el consejo aprobó los resultados de los estudios y decidió remitir el expediente al Consejo de Ministros para su aprobación, previo inicio de los procedimientos para seleccionar al socio privado de acuerdo con la Ley de Regulación de la Alianza entre el Sector Público y el Privado y sus modificaciones.