Las entidades económicas exigen retirar el decreto sobre tasas ambientales

Las entidades económicas expresaron su oposición formal al proyecto de decreto modificado que establece nuevas tasas sobre diversos bienes y productos bajo el pretexto de “exigencias ambientales”. Calificaron las tasas propuestas como “excesivamente elevadas”, al fijarse en la mayoría de los casos en el 3 % del valor de los productos afectados, mientras que el decreto actualmente en vigor aplica una tasa que oscila entre el 0,1 % y el 0,3 %, lo que, según indicaron, “cumple ampliamente el objetivo ambiental buscado”.

En un comunicado oficial, subrayaron que imponer cargas adicionales en medio de las “difíciles condiciones operativas que enfrentan las empresas” y de una “profunda contracción económica en Líbano” constituye una medida “carente de lógica”. Destacaron que esta iniciativa se presenta tras las repercusiones de la guerra y tras la aplicación del “precio del combustible”, lo que “agrava las cargas de vida, incrementa los costos productivos y refuerza la presión sobre una economía ya sumida en una crisis severa”.

Consideraron que el desafío central para el país radica actualmente en “reactivar la rueda económica y recuperar el crecimiento”, no en introducir nuevos impuestos y tasas que “frenen la actividad económica y socaven las oportunidades de recuperación”.

Alternativas fiscales sin carga adicional

Reiteraron su respaldo total a la protección del medio ambiente y al desarrollo de soluciones sostenibles para la gestión de residuos. No obstante, señalaron que dicho objetivo “no debe alcanzarse mediante la imposición de nuevas tasas que afecten directamente a los ciudadanos y a los sectores productivos”, sino a través de “políticas incentivadoras que impulsen la actividad económica y fortalezcan la producción”.

Advirtieron que las tasas propuestas “socavarán las posibilidades de recuperación de una economía cuya contracción se prevé superior al 10 % durante el próximo año”.

Prioridad nacional: economía y sociedad primero

Subrayaron que, aunque el tema de los residuos es “de suma importancia”, los ámbitos económico y social constituyen “una prioridad nacional máxima”. Por ello, exigieron un enfoque que “responda primero a la necesidad de fortalecer la capacidad económica de los ciudadanos y las empresas, y que considere, en segundo lugar, los requisitos de protección ambiental”.

Indicaron que la solución al problema de los residuos debe ir acompañada de “mecanismos alternativos para garantizar los ingresos necesarios”, especialmente porque el Estado dispone de “diversas opciones para aumentar sus ingresos sin imponer cargas adicionales a los ciudadanos ni a los sectores productivos”. Entre dichas opciones mencionaron explícitamente: la mejora de la eficiencia recaudatoria, la lucha contra la evasión fiscal, la regularización de las empresas informales —que representan aproximadamente la mitad de la economía libanesa y no pagan ningún impuesto ni tasa—, lo que “privaría al tesoro público de importantes ingresos”; así como la obligación de que los contaminadores reales y los responsables de daños ambientales asuman los costos derivados de sus acciones. También hicieron referencia a “otros planes alternativos ya presentados”.

Convocaron al gobierno a retirar el proyecto de decreto del orden del día de la sesión del Consejo de Ministros prevista para mañana y a abrir espacio para “un análisis más profundo y un diálogo amplio con todas las partes interesadas”. Confirmaron su disposición plena para participar, junto con la Unión General de Trabajadores, en cualquier diálogo, taller o iniciativa gubernamental destinada a formular soluciones científicas, prácticas y sostenibles para la gestión de residuos, siempre que dichas soluciones logren los objetivos ambientales deseados, eviten cargas adicionales para los ciudadanos y preserven simultáneamente los fundamentos de la recuperación económica.