Las Falanges Libanesas exigen el desmantelamiento de la estructura de Hezbolá

La Oficina Política de Kataeb celebró su reunión periódica bajo la presidencia del jefe del partido, el diputado Samy Gemayel. Al inicio, recordó a los mártires Danny Chamoun y al ex director general de las Fuerzas de Seguridad Interna, el teniente mártir Wissam al-Hassan, en el aniversario de sus asesinatos, destacando especialmente que al-Hassan estuvo a la vanguardia de quienes enfrentaron el transporte de explosivos y planes terroristas dirigidos contra Líbano.

Tras debatir las novedades, la Oficina Política consideró que "la incautación del último cargamento de explosivos y la asunción de responsabilidad por parte de diputados de Hezbolá imponen al Estado adoptar las medidas y decisiones necesarias para proteger la seguridad y la estabilidad, así como castigar a los implicados y a sus superiores".

Reiteró la exigencia de "remitir inmediatamente el caso al Consejo Judicial", y elogió los esfuerzos del ministro de Justicia para alcanzar este objetivo.

Exigió al gobierno, ante los intentos de Hezbolá de desafiar las decisiones de la autoridad libanesa, "tomar una decisión firme para implementar las resoluciones relativas a la prohibición de actividades militares y de seguridad de Hezbolá, comenzar de inmediato con la confiscación de arsenales de armas y explosivos, e imponer la autoridad del ejército y las fuerzas legítimas sobre todo el territorio libanés". Advirtió contra cualquier "intento de involucrar nuevamente a Líbano en una nueva guerra de apoyo" y pidió al Estado "impedir que Líbano sea utilizado como plataforma al servicio de Teherán, así como tomar todas las medidas políticas, de seguridad y legales necesarias para evitar la repetición de experiencias de desplazamiento y destrucción".

Se detuvo en la "expansión de la economía ilegal protegida por la milicia de Hezbolá hacia sectores que afectan directamente la vida de los libaneses, llegando hasta el sector sanitario, donde la economía paralela se convierte en un peligro para la vida de las personas a través de medicamentos falsificados, así como lo es a través de las armas".

Asimismo, la Oficina Política abordó el pago por parte de Hezbolá de subsidios de alojamiento, considerando que "esta práctica constituye un financiamiento abierto del desplazamiento y la consolidación de sus resultados, lo que genera las sospechas más graves sobre un intento de ingeniería demográfica y la preparación de mayor destrucción y éxodo".

Advertió al gobierno contra "dejar a Líbano rehén de esta realidad", señalando que "lo requerido hoy no es gestionar sus consecuencias ni normalizarla, sino ponerle fin mediante la conclusión de la guerra con Israel, su retirada de los territorios libaneses, el retorno de los desplazados a sus localidades, en paralelo con la reconstrucción de estas".