«Las Falanges Libanesas» piden remitir el expediente de explosivos al Consejo Judicial de inmediato

La Oficina Política de las Falanges celebró su reunión periódica bajo la presidencia del líder del partido, el diputado Sami Gemayel, para debatir sobre los últimos acontecimientos. La sesión comenzó con un saludo de lealtad a los mártires del Ejército Libanés que cayeron el 13 de octubre de 1990 defendiendo la soberanía y la independencia del Líbano. Tras el debate, emitió un comunicado en el que señaló que «la incautación de un cargamento de armas y explosivos in fraganti, y el reconocimiento por parte de uno de los diputados de Hezbolá de que pertenecen al partido, hacen recaer sobre este una responsabilidad política directa por dicho cargamento, y sitúan al Estado ante su deber de tratarlo como un asunto que afecta a la seguridad nacional y a la paz civil».

La Oficina Política afirmó que «este reconocimiento no puede quedar sin consecuencias», y respaldó la solicitud del ministro de Justicia de remitir el expediente de los explosivos, con todos sus elementos criminales, al Consejo Judicial de inmediato, para determinar el destino del cargamento y la responsabilidad de quienes están detrás, a fin de tomar la decisión adecuada conforme a los procedimientos legales.

También instó al Gobierno a ser consciente de la gravedad de la etapa actual y a aplicar sus decisiones que prohíben las actividades de seguridad y militares de Hezbolá, así como a establecer mecanismos claros e inmediatos para desmantelar su aparato de seguridad y militar con el objetivo de desarmarlo.

La Oficina Política rechazó «cargar a los libaneses con las pesadas cargas de la crisis» y exigió «reducir los impuestos y tasas para ellos, controlar el costo del Estado y recuperar sus recursos mediante una reforma administrativa seria, la aprobación de los estados de cuentas finales, la lucha contra la evasión fiscal, el contrabando y la economía informal, y la ampliación de la base tributaria mediante una recaudación efectiva y justa, así como la recuperación de los derechos del Estado».

Asimismo, advirtió contra «la explotación del malestar social para socavar la trayectoria soberana iniciada por el Gobierno y la Presidencia de la República», y subrayó que «la protección de la estabilidad social se logra reformando el Estado, haciendo cumplir la ley y recuperando sus recursos, y no retrocediendo en la recuperación de su decisión y su soberanía».