Acusan a Khan de encubrir multas ilegales por 8,85 millones

El alcalde de Londres, Sadik Khan, se encuentra bajo el fuego cruzado de las críticas políticas tras ser señalado de encubrir presuntas infracciones normativas que derivaron en la imposición de sanciones económicas a aproximadamente 66.000 automovilistas. El monto total recaudado asciende a 8,85 millones de dólares, cifra vinculada al funcionamiento defectuoso de un sistema de cámaras de velocidad cuya base legal ha sido cuestionada.

Los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando Transport for London (TfL) implementó una reducción drástica del límite de velocidad en la carretera A20, pasando de 70 a 40 millas por hora. Esta medida, acompañada de la instalación de dispositivos para medir la velocidad media, se justificó como parte de las protocolos de seguridad adoptados después de incidentes relacionados con acumulaciones de agua en la vía.

Irregularidades detectadas en los procedimientos

La aplicación de estas restricciones resultó en la emisión de miles de boletas de infracción, que incluían una multa de 100 libras esterlinas y la deducción de tres puntos en los permisos de conducir. Sin embargo, surgieron denuncias inmediatas sobre la falta de claridad en la señalización que anunciaba los cambios en los límites permitidos, lo que sembró dudas sobre la validez de las notificaciones recibidas por los afectados.

Investigaciones posteriores revelaron que la orden administrativa fue firmada por un funcionario que carecía de las facultades legales necesarias para autorizar dicha modificación. La confirmación de esta anomalía jurídica llegó el mes pasado, cuando un tribunal absolvió a uno de los conductores sancionados, un precedente que podría habilitar nuevas apelaciones masivas para anular las multas impuestas durante ese periodo.

Polémica política y respuesta institucional

El escándalo adquirió tintes políticos al conocerse que Khan utilizó sus prerrogativas municipales para bloquear la apertura de una investigación independiente sobre el caso. Ante estas acusaciones, un portavoz del alcalde rechazó cualquier intento de ocultamiento, defendiendo la legitimidad de las acciones ejecutadas por su administración durante la implementación de las medidas de tráfico.

Por su parte, TfL descartó las imputaciones de obstrucción de pruebas y violaciones normativas. La entidad argumentó que el fallo judicial favorable al conductor absuelto no constituye una jurisprudencia obligatoria para todos los casos similares. Asimismo, la autoridad de transporte anunció su respaldo a la Policía Metropolitana frente a las impugnaciones legales que se anticipan en los próximos meses.

La situación ha escalado desde un conflicto administrativo de tránsito hasta convertirse en una crisis legal y política en la capital británica. En este escenario, crecen las voces que exigen responsabilidad por parte de los funcionarios implicados y una definición clara sobre el destino final de las sumas abonadas por los conductores sancionados.