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Un entendimiento político no declarado entre Al-Sadr y el primer ministro Al-Zaydi fija un plazo de 90 días para que el gobierno demuestre control sobre el Estado y el combate a la corrupción.
Se está gestando un acuerdo político no oficial entre el líder del Movimiento Nacional Chií, Muqtada Al-Sadr, y el primer ministro iraquí Ali Falih Al-Zaydi, basado en otorgar al gobierno un plazo determinado para demostrar su capacidad de imponer la autoridad estatal y enfrentar la corrupción. Esta situación ocurre en un momento en que Irak enfrenta crecientes presiones internas y externas relacionadas con el armamento fuera de control y el futuro de sus relaciones con la comunidad internacional.
Un dirigente del Movimiento Nacional Chií, que prefirió mantener su anonimato, reveló que la reciente visita de Al-Zaydi a Najaf y su encuentro con Al-Sadr no fueron meros actos protocolares, sino el resultado de una serie de diálogos no públicos que abordaron el futuro del Estado iraquí y los desafíos políticos y de seguridad que se avecinan.
Según este dirigente, Al-Sadr ha concedido al gobierno una oportunidad real para demostrar su capacidad en la lucha contra la corrupción y en la concentración del armamento bajo control estatal, y está supervisando directamente las medidas que se adoptan en estos dos ámbitos. Además, indicó que los próximos tres meses serán decisivos para definir la relación entre ambas partes y el futuro de este entendimiento.
El dirigente agregó que el éxito del gobierno en lograr avances concretos durante este período fortalecerá las posibilidades de estabilidad y abrirá la puerta a reformas más amplias, mientras que un fracaso implicaría una reevaluación completa del panorama político.
Este acercamiento se produce pocos días después de la formación del nuevo gobierno, coincidiendo con la decisión de Al-Sadr de incorporar a "Saraya al-Salam" al Estado y desvincularla organizativamente del Movimiento Nacional Chií. Esta medida fue interpretada por analistas como un mensaje político que trasciende lo organizativo, reflejando una visión más amplia para reorganizar los equilibrios dentro del sector chií y reabrir el debate sobre el futuro de las facciones armadas en Irak.
Observadores señalan que las primeras señales tangibles de este proceso se evidencian en las acciones gubernamentales contra la corrupción, destacando la detención de un alto funcionario petrolero bajo sospechas de corrupción. Este paso buscó mostrar en Bagdad una seriedad diferente a experiencias previas, que fueron criticadas por la lentitud en los procesos de rendición de cuentas o por limitarse a casos de escasa repercusión.
Estas novedades coincidieron con avances políticos relevantes en el tema del armamento, luego de que la Coordinación Framework expresara su apoyo a la iniciativa de concentrar las armas bajo control estatal y respaldara la desvinculación de la Autoridad de Movilización Popular de las estructuras políticas, partidistas y sociales. Además, autorizó al primer ministro a tomar las medidas necesarias para proteger los intereses superiores del país.
Este posicionamiento representa, según analistas, un cambio significativo en la postura de las fuerzas chiíes tradicionales respecto a uno de los asuntos más delicados en Irak, especialmente ante las crecientes presiones internacionales para que Bagdad demuestre pleno control sobre las decisiones de seguridad y militares.
Se considera que el gobierno de Al-Zaydi intenta aprovechar el impulso generado por la iniciativa de Al-Sadr, dado que el tema de las facciones armadas ha escalado en la agenda internacional tras acusaciones que vinculan a algunas de ellas con ataques originados en territorio iraquí durante la última guerra iraní.
El analista político Mohammed Al-Tamimi afirmó que el actual acercamiento entre Al-Sadr y Al-Zaydi no debe interpretarse como una alianza política completa ni como un retorno del Movimiento Sadrista al proceso político tradicional.
Al-Tamimi explicó que Al-Sadr busca presentarse como un protector del proyecto estatal desde fuera del poder, pero al mismo tiempo otorga al gobierno un plazo definido para evaluar su capacidad para cumplir sus promesas en los ámbitos de la corrupción, el armamento y los servicios.
El analista agregó que el respaldo de Al-Sadr a la administración es condicional y depende de los resultados; si el gobierno no logra progresos tangibles en el período próximo, es probable que Al-Sadr retome su discurso opositor y ejerza presión popular.
Asimismo, señaló que la idea de un plazo no declarado de aproximadamente 90 días parece coherente con los mensajes recientes, ya que Al-Sadr entiende que un apoyo ilimitado al gobierno podría convertirlo en responsable de las consecuencias de un posible fracaso, por lo que prefiere mantenerse en una posición de observador y apoyo condicionado.
Estas evoluciones ocurren en un momento en que aumentan las presiones estadounidenses y occidentales sobre Bagdad, en medio de filtraciones políticas que mencionan mensajes que insisten en la necesidad de apartar a las facciones armadas de las instituciones ejecutivas y vincular el futuro de la cooperación internacional con Irak al éxito del gobierno en fortalecer la autoridad estatal y reducir la influencia de los grupos armados.
En este contexto, los próximos tres meses representan una prueba crucial para el gobierno de Al-Zaydi, no solo frente a las fuerzas políticas iraquíes, sino también ante la opinión pública que durante años ha escuchado reiteradas promesas de reforma sin percibir cambios sustanciales en la realidad.
