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Testigos denuncian capturas masivas de menores y adultos por la FPLT, mientras colapsa el alto el fuego con Addis Abeba.

El conflicto armado ha reanudado su intensidad en el norte de Etiopía, específicamente en la región de Tigray. La ruptura del frágil acuerdo de paz firmado en Pretoria durante noviembre de 2022 se materializó tras los enfrentamientos iniciados el 23 de septiembre entre las autoridades federales etíopes y el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), entidad que ejerce el control administrativo local.
Los combates surgieron después de meses de escalada verbal y militar. El FPLT justificó su ofensiva como una respuesta directa a ataques aéreos ejecutados mediante drones por parte del gobierno central. Esta dinámica bélica ha traído consigo graves acusaciones sobre prácticas coercitivas para engrosar las filas combatientes.
Reportes recabados por The Guardian describen una campaña sistemática de reclutamiento forzoso. Los objetivos incluyen tanto a hombres como a adolescentes, abarcando un rango etario amplio que va desde los 15 hasta los 65 años. En este escenario, han entrado en acción fuerzas de defensa eritreas y milicias amhara, quienes ahora apoyan al FPLT pese a haber sido sus adversarios durante la guerra de 2020-2022.
Las evidencias apuntan no solo a la coacción de adultos, sino también al uso de niños soldado. Esta situación agrava la crisis humanitaria en una zona que aún intenta recuperarse de los estragos del conflicto anterior. Testigos presenciales detallan cómo las patrullas armadas interceptan a transeúntes en calles y estaciones de transporte público bajo amenaza de muerte.
Gizu, de 34 años, participó activamente en la contienda pasada junto a las tropas tigrinas. Tras perder a varios amigos en aquel periodo, decidió negarse a volver al frente cuando recibió la orden de incorporarse nuevamente. Su negativa desencadenó, según su testimonio, operativos de redada callejera ante la escasez de voluntarios dispuestos a luchar.
Solomon, un residente de 52 años que logró escapar hacia Adís Abeba, identificó a los jóvenes de entre 15 y 40 años como el blanco principal de estas acciones. Relató haber visto a menores de 15 o 16 años ser arrastrados por los uniformados. Además, mencionó que muchos padres intentaron proteger a sus hijos presentando certificados médicos, pero los oficiales ignoraron dichas pruebas clínicas, seleccionando únicamente a quienes conservaban plena capacidad funcional de extremidades y sentidos.
Efrem, padre de tres hijos y de 40 años, vivió semanas de angustia previa al reinicio de las hostilidades. Temía ser capturado en cualquier momento, lo cual mantenía a su familia en estado de alerta constante. Observó una desigualdad clara: aquellos con recursos económicos lograban evitar el alistamiento mediante sobornos a los mandos militares, mientras que los más vulnerables quedaban expuestos a la fuerza bruta.
La presión sobre la población civil se intensificó con medidas económicas restrictivas. Durante la semana pasada, el gobierno federal congeló súbitamente las cuentas bancarias de los ciudadanos, impidiendo cualquier retiro de fondos. Aunque posteriormente se permitió la reapertura de las entidades financieras, se estableció un límite diario de extracción de 2000 birr, equivalente aproximadamente a 9 libras esterlinas.
Negus, un anciano residente en Mekelle, expresó la incertidumbre generalizada respecto a la duración del asedio y la guerra. Señaló que el monto permitido apenas cubre el incremento descontrolado en los precios de alimentos básicos. La imposibilidad de abandonar la región y la interrupción de envíos de medicamentos o dinero desde el exterior dejaron a muchas familias en una situación desesperada.
A esta parálisis económica se sumó el corte total de servicios de internet y comunicaciones telefónicas. Estas restricciones fueron ordenadas por el propio FPLT y se mantuvieron vigentes hasta la semana actual, dificultando enormemente que los familiares pudieran obtener noticias sobre el paradero de sus seres queridos.



